El ex hombre fuerte de la década kirchnerista, el que controló la mayor y más discrecional parte del presupuesto nacional durante 12 años y medio, el que rendía cuentas sólo a Néstor y Cristina Kirchner, debió escuchar frases humillantes que describieron su larga, inepta y deshonesta gestión. Todo eso sucedió en un recinto con más de 200 diputados presentes y frente a las cámaras de televisión que transmitían en vivo la sesión especial que trataba su expulsión. Al final, el kirchnerismo trató de vestir de fiesta lo que políticamente fue un derrota atenuada, pero derrota al fin.

De Vido nunca imaginó que el espectáculo de aye r ocurriría en sus propias narices. De hecho, en 2015 presionó sobre Cristina Kirchner para que lo hiciera diputado por la provincia de Buenos Aires.

Suponía que nunca sería elegido por Santa Cruz, donde vivió casi toda su vida. Tenía razón: en esa elección santacruceña sólo fue elegido diputado nacional por el kirchnerismo, por unos pocos votos, Máximo Kirchner. Nadie que ha sido superministro durante más de 12 años aspira inocentemente a una simple banca de diputado nacional. Necesitaba los fueros y creyó que con esa protección de arresto solucionaba los problemas de su existencia. Resulta, no obstante, que la exposición pública de la deshonestidad puede ser tan cruel como la cárcel.

De todos modos, vale la pena analizar por qué De Vido logró eludir la expulsión cuando hay tantas razones para que no sea diputado. Quizás el legislador camporista Jorge Barreto haya sido el más sincero para explicar con un solo argumento el unánime amparo kirchnerista a De Vido. Temían, dijo, que una eventual expulsión del ex ministro sirviera como precedente para justificar el rechazo en diciembre próximo del diploma de Cristina Kirchner como senadora, si fuera elegida también por la provincia de Buenos Aires. Esa sospecha sobre un destino parecido habría impulsado a la propia Cristina a dar órdenes secretas a sus diputados para que asistieran a la sesión de ayer y votaran a favor de De Vido. Cristina se había preservado hasta última hora de defender a De Vido; éste nunca formó parte de su círculo íntimo, y su ex ministro es la peor adherencia que puede tener en una campaña electoral. Pero en el debate público sobre De Vido comenzó a aparecer la perspectiva de una futura discusión sobre las condiciones éticas y morales de Cristina para ser senadora nacional.

Cristina no tiene 135 causas abiertas, como sí las tiene De Vido, pero todas las que la acusan son de una enorme gravedad. Algunas no necesitan siquiera de una relación directa con su gestión en la administración pública. La supuesta asociación ilícita para lavar dinero en los hoteles de Hotesur y en los edificios de Los Sauces son delitos cometidos por ella y su familia. El dinero que se lavaba provenía de la corrupción, pero el lavado de dinero es un delito autónomo. No necesita que se demuestre que el dinero tiene una procedencia espuria.

Un elemento no menor que influye en la protección política de De Vido es el temor que provoca la información con que cuenta. Gobernadores, intendentes y sindicalistas fueron testigos (o cómplices) de sus viejas fechorías. De Vido se encarga, de vez en cuando, de recordarles que ninguno de ellos es inocente y que él lo sabe. Todos los diputados que representan a varios gobernadores, a muchos intendentes y a algunos sindicalistas en la Cámara se escudaron en un argumento falaz para defender la continuidad de De Vido: todavía no fue condenado por la Justicia, insistieron. Los diputados no estaban resolviendo un juicio penal en el que siempre está en riesgo la libertad del acusado. En la Argentina sólo los jueces, felizmente, pueden decidir sobre la libertad de las personas. Se trataba de una evaluación política y la mayor pena hubiera consistido sólo en que dejara de ser diputado nacional. No es mucho para alguien que ya fue cinco veces procesado por delitos de corrupción y para quien un fiscal conocido, Carlos Stornelli, pidió el desafuero y la prisión preventiva.

Es cierto, como dijeron los que votaron a favor y en contra de De Vido, que se llegó a la situación de ayer porque la Justicia paralizó todas las causas contra el ex ministro durante más de una década. No puede ser casualidad que sólo desde hace pocas semanas se empezara a hablar en los tribunales federales de De Vido. Y tampoco fue por iniciativa de los jueces; una presión pública que inició Elisa Carrió terminó despertando a los jueces de una larga siesta sobre los asuntos de De Vido. Es cierto, por lo tanto, que existe una relación indebida e inexplicable entre el ex ministro y varios jueces federales. Relación que el ex ministro habría cultivado durante más de 10 años sospechando que el tiempo del infortunio llegaría, fatal e inevitable.

El único consuelo que le queda al Gobierno es decir que hizo todo lo posible para expulsar de la Cámara de Diputados al más representativo de los funcionarios kirchneristas corruptos. Y que no pudo. Es un triunfo pobre y reducido al electorado que ya es antikirchnerista, pero triunfo al fin. Le faltaron tiempo y astucia para alcanzar el difícil voto de los dos tercios de los diputados. Debió trabajar con más persistencia y entusiasmo los números en la Cámara de Diputados. Podría haberle dado más garantías políticas a la izquierda, temerosa siempre de ser la próxima víctima de persecuciones y desafueros. Podría haber negociado con el matrimonio Zamora, que gobierna como una diarquía Santiago del Estero, y con el ex gobernador Maurice Closs, que lidera el bloque de diputados peronistas misioneros. Confió en el triunfo de los buenos sobre los malos, pero la política nunca se resuelve así.

La Argentina es uno de los países de América del Sur donde existe mayor impunidad, si sacamos del cuadro a Venezuela, cuya crisis política, económica y humanitaria significa mucho más que un debate sobre la corrupción. Ahí están en juego las garantías básicas del sistema democrático. Aquí, ninguno de los grandes casos de corrupción regional -empezando por las coimas de Odebrecht- metió a nadie importante en la cárcel. Tampoco ninguna de las causas locales sobre la monumental corrupción de la década pasada terminó con sus principales arquitectos y beneficiarios entre rejas. Un entramado político y judicial, como se vio ayer en la Cámara de Diputados, asegura la impunidad política y penal. No impide, sin embargo, la exhibición impúdica, casi pornográfica, de las vergüenzas de una dirigencia política que aspira tenazmente a durar.