Tanto en público como en privado, el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, insisten en que las derivaciones del escándalo Odebrecht en la Argentina deben ser investigadas hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. El propio Macri quiso ser claro anoche, en un acto por el aniversario del Colegio Público de Abogados, al señalar: "No tengo problema en que se conozca toda la verdad en el caso Odebrecht".

Pero ni siquiera esas afirmaciones garantizan la suficiente voluntad política para esclarecer el pago de coimas a funcionarios durante la era kirchnerista y la eventual complicidad de otros empresarios. No se puede esperar que el Presidente diga otra cosa. Mas la sociedad espera hechos antes que palabras.

Un mes atrás, LA NACION reveló que el grupo Odebrecht aportó 500.000 pesos a la campaña presidencial de Macri en 2015, a través de la empresa Braskem. El macrismo reconoció que fueron donaciones absolutamente legales. Fuentes del holding brasileño también admitieron haber aportado fondos a las campañas de Daniel Scioli y Sergio Massa, pero voceros de sus partidos negaron que se hayan recibido tales aportes. O los representantes de Odebrecht mienten o se trató de aportes en negro que a nadie extrañarían, teniendo en cuenta que se han comprobado muchos más gastos proselitistas que los informados oficialmente por las principales fuerzas políticas.

Las dudas no terminan ahí. Si por adjudicarse la megaobra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento Odebrecht hubiera pagado coimas a funcionarios, ¿podrían ser inocentes las compañías socias de la brasileña en ese emprendimiento, entre las que estaba Iecsa, del primo del Presidente, Angelo Calcaterra?

La multinacional brasileña ha admitido haber pagado sobornos en una decena de países latinoamericanos. En Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski tomó una actitud diferente a la que hasta ahora ha insinuado el gobierno argentino.

El mandatario peruano anunció públicamente un decreto para que las empresas condenadas por corrupción nunca más puedan celebrar contratos con el Estado. También dispuso la "muerte civil" de los funcionarios corruptos para que jamás puedan trabajar en el sector público y la creación de un sistema para recompensar a funcionarios y ciudadanos honestos que denuncien actos de corrupción. Respecto de Odebrecht, resolvió que, ante su incumplimiento del contrato para la construcción de un gasoducto, el Estado le cobrará 262 millones de dólares en concepto de garantía y que, con ese monto, se mantenga el proyecto mientras se licita un nuevo contrato "honradamente". Finalmente, decidió que las empresas que hayan aceptado su culpabilidad, como Odebrecht, no puedan transferir recursos fuera del país sin antes cumplir con sus obligaciones con trabajadores y proveedores, y con la reparación al Estado.

Si el gobierno de Macri se convenciera de que un pacto con Odebrecht generaría más sospechas que beneficios, podría pensar seriamente en una salida "a la peruana".