Son las situaciones que provocó la decisión de la Corte Suprema de beneficiar con la ley del "dos por uno" a un condenado por delitos de lesa humanidad. La primera reacción de la oposición fue endilgarle al Gobierno una autoría intelectual que no tiene. Otra secuela fue la decisión del fiscal Guillermo Marijuan de imputar a los tres jueces de la Corte que conformaron la mayoría del tribunal por haber violado un "contrato social". Importa más, como se ve, el triunfo oportunista de la política o la obtención de algún impreciso pergamino sobre la causa de los derechos humanos. La cuestión de fondo quedó relegada a la insignificancia.

La deducción de que el Gobierno estuvo detrás de todo es sólo eso: una deducción. Fue construida a partir de algunos datos ciertos y comprobables. Dos de los jueces que firmaron la sentencia triunfante, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, fueron elegidos y nombrados por la administración de Mauricio Macri. Peor: el Gobierno intentó designarlos definitivamente antes de que contaran con el acuerdo del Senado, decisión que debió enmendar luego para respetar la disposición constitucional. La tercera jueza, Elena Highton de Nolasco, seguirá siendo miembro de la Corte Suprema después de cumplir los 75 años, en diciembre, porque el Gobierno no apeló una cautelar que le permite continuar en el cargo. La cautelar sucedió antes de que la Corte, con la abstención de Highton de Nolasco, dispusiera que los jueces deben respetar la Constitución y jubilarse a los 75 años. Es un caso extraño: Highton de Nolasco está dispuesta a desafiar la decisión de sus propios colegas en el máximo tribunal de justicia del país. ¿Cómo pedirles después a los argentinos comunes y corrientes que respeten las leyes y a la Justicia?

Es probable, por otro lado, que el Gobierno esté interesado en resolver algunos casos de presos por delitos de lesa humanidad que son muy ancianos o están muy enfermos. Desde ya, nunca hubiera elegido como solución la aplicación de una ley muy controvertida. La ley del "dos por uno" surgió en 1994 después de varios motines en cárceles hacinadas de presos comunes. Los resultados enseñan de nuevo que no hay peor decisión de un gobierno que la que se deja llevar por el clamor pasajero de colectivos sociales o de mayorías efímeras. Es una ley fundamentalmente injusta, porque relega las disposiciones del Código Penal y las decisiones de jueces de varias instancias. La ley es aplicable para los presos con prisión preventiva, pero sus consecuencias se extienden más allá de la condena firme. Los años de prisión preventiva son computados luego para el cumplimiento de la sentencia definitiva. Además, no resolvió ningún problema: antes, durante y después de la vigencia de la ley, más de la mitad de los presos estaban (y están) en prisión preventiva.

La supuesta autoría del Gobierno debe verse también con el conocimiento de la relación del macrismo con esos jueces que firmaron la sentencia mayoritaria. El Gobierno es especialmente crítico del juez Rosatti, sobre todo después de que éste firmó la resolución de la Corte sobre los aumentos de las tarifas del gas. La Corte le ordenó en su momento a la administración que hiciera audiencias públicas y que aplicara los aumentos de forma gradual. Desde ese momento, hay en el Gobierno cierta sensación, que nunca se dice, de que un pensamiento "populista" anida en el máximo tribunal de Justicia del país. Es improbable que ahora le haya pedido a Rosatti (y que éste haya accedido) un favor relacionado con los derechos humanos. El caso de Highton de Nolasco es más sencillo. El Gobierno decidió conservarla en el cargo porque ya el peronismo (que tiene la llave de los acuerdos en el Senado) le había anticipado que llenaría con un jurista de su partido la próxima vacante en la Corte Suprema. No existe una relación estrecha ni permanente del macrismo con la jueza como para pedirle semejante concesión. Rosenkrantz podría ser el juez con más vínculos con el Gobierno, pero él ha hecho de su independencia una cuestión casi sagrada. Es cierto, también, que es el juez de la Corte que más interés ha puesto en los presos por delitos de lesa humanidad que son muy viejos o están muy enfermos. De tal examen no puede surgir, sea como fuere, una mayoría de la Corte dirigida por el Gobierno.

En breve sesionará en la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por invitación del gobierno de Macri. La comisión supervisará las condiciones de encarcelada de Milagro Sala. ¿Por qué el Gobierno le agregaría justo ahora un tema nuevo y siempre sensible a esos organismos internacionales? De hecho, ya el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a la Corte a respetar los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que consideran que los delitos de lesa humanidad no son equiparables con los delitos comunes. Ocurrió antes de que hubiera transcurrido una semana del fallo de la Corte. Sea por la influencia de figuras argentinas en esos organismos o por la sensibilidad del tema, lo cierto es que nunca antes la ONU reaccionó tan rápido por un tema argentino. Y hubo asuntos de sobra en tiempos de Cristina Kirchner, como la persecución y difamación de opositores y periodistas.

Borrador de acuerdo

Ayer, el Gobierno propuso al Congreso un proyecto de ley por el que limitaría seriamente los alcances de la jurisprudencia de la Corte. El borrador, que está siendo negociado con la oposición, señala que sólo podrán ser beneficiados por el "dos por uno" los presos por delitos de lesa humanidad que estuvieron con prisión preventiva entre 1994 y 2001, cuando rigió esa ley derogada después. Es decir: no habrá ningún beneficiado, porque entonces estaban vigentes las leyes de obediencia debida y de punto final y los indultos. Ningún militar estaba entonces bajo persecución judicial.

Rozando otro extremo jurídico, el fiscal Marijuan imputó a los jueces Highton de Nolasco, Rosatti y Rosenkrantz por el presunto delito de prevaricato. Es una denuncia del extravagante abogado Marcelo Parrilli, que en su momento le pidió a Dios "un rifle sanitario" para sacar del medio a Jorge Lanata. Marijuan se respalda en un "contrato social" sobre el tema de los derechos humanos para imputar a los jueces. No aclaró a qué contrato se refiere ni dónde está guardado su original. ¿O, acaso, es el propio fiscal el que se atribuye la representación de la sociedad y de su contrato?

Regresemos al sentido común. ¿La decisión de la mayoría de la Corte es discutible? Sí, desde ya. ¿Esa mayoría pudo haber cometido un error? Sí, desde luego. Pero hay un largo trecho entre lo discutible o el error y el delito penal que supone Marijuan. Esos jueces simplemente interpretaron las leyes en el uso legítimo de sus atribuciones. El conflicto de ahora es político y requiere, por lo tanto, una solución política.