Es hora de que haga algo para ayudar a restablecer la democracia en ese país. En las últimas semanas, el gobernante venezolano Nicolás Maduro ha restringido algunos de los últimos poderes que le quedaban a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Además, anunció que entregará 500,000 rifles a las milicias civiles progubernamentales, se rehusó a convocar elecciones regionales que debían haberse realizado el año pasado, e inhabilitó al líder opositor Henrique Capriles a presentarse a cargos públicos por 15 años.

Para empeorar las cosas, el 1 de mayo, en medio de masivas protestas contra el gobierno que ya dejaron 29 muertos y más de 500 heridos, Maduro anunció que convocará una convención constituyente de “trabajadores, campesinos e indígenas’ para redactar una nueva Constitución. En otras palabras, quiere imponer una constitución al estilo cubano que aboliría todas las instituciones democráticas.

¿Qué debería hacer Trump? Hablar más fuerte contra Maduro no ayudaría: Trump se ha ganado la reputación de ser un mentiroso patológico, y cualquier cosa que diga contra Maduro podría ser contraproducente.

Algunos analistas de Washington quieren que Trump suspenda las compras estadounidenses de petróleo venezolano, que es la mayor fuente de ingresos de Venezuela. Pero eso tampoco sería una gran idea.

Cortar las importaciones de petróleo estadounidense o imponer sanciones a la compañía petrolera venezolana Citgo, que contribuyó con 500,000 dólares a la ceremonia inaugural de Trump, ha sido una opción que han considerado varios gobiernos anteriores de Estados Unidos. Pero siempre se descartó, entre otras cosas por temor de que haría subir los precios internacionales del petróleo y dañaría la economía estadounidense.

Aunque esas circunstancias han cambiado –hoy hay una sobreoferta de petróleo en los mercados mundiales– un embargo petrolero le daría al régimen de Maduro munición política para proclamarse una víctima del “imperialismo”. Y podría acabar perjudicando más al pueblo venezolano que a la dictadura.

Otros en Washington están pidiendo sanciones individuales contra más funcionarios venezolanos que violen los derechos humanos o están involucrados en el narcotráfico. El ex presidente Obama ya había ordenado sanciones de negativa de visas y congelamiento de fondos a más de una docena de funcionarios venezolanos en 2014, 2015 y 2016.

Y el gobierno de Trump anunció en febrero sanciones por narcotráfico y lavado de dinero contra el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami. El decreto ejecutivo de Trump vino tras una investigación del Departamento de Justicia de varios años.

Michael Fitzpatrick, un alto funcionario del Departamento de Estado, dijo a los periodistas el martes que el gobierno de Trump está considerando nuevas sanciones individuales contra funcionarios venezolanos, y que la investigación a El Aissami ya ha descubierto “cientos de millones de dólares” en el sistema financiero estadounidense. Añadió que no sabía la cantidad exacta, ni otros detalles.

Mi opinión: Lo mejor que podría hacer Trump sería ordenar a su Departamento de Justicia que revele los detalles de estos “cientos de millones de dólares” de El Aissami y otros altos funcionarios venezolanos en Estados Unidos.

En general, al Departamento de Justicia de Estados Unidos no le gusta divulgar este tipo de detalles, porque quiere guardarlos para la etapa del proceso legal. Pero estas no son circunstancias ordinarias. Nombrar y exponer públicamente a los corruptos que han secuestrado la democracia venezolana sería clave para ayudar a la oposición democrática a mantener la presión en las calles y restaurar la democracia en Venezuela.