CORDOBA. Unos US$ 1040 millones de dólares en fletes (23% de los ingresos brutos de los productores) y 755.000 camiones se requerirán para trasladar la producción de maíz y soja de esta provincia al puerto. Según estimaciones de la Bolsa de Cereales, el 80% de las 27 millones de toneladas de la cosecha tendrán ese destino.

De acuerdo a la segunda estimación de la entidad, la campaña 2016/17 de soja y maíz sería de 27.136.000, el 9% más alta que la anterior. No es un récord sino el tercer volumen más grande de los últimos nueve años.

Sin incluir las toneladas que son procesadas en Córdoba, se necesitarán 755.000 camiones para transportar los granos al puerto de Rosario. Desagregando por cultivo, son unos 355.000 unidades para el maíz y el resto para la oleaginosa. En total, recorrerán 500 millones de kilómetros en viajes de ida y vuelta; la distancia equivale a 4500 vueltas alrededor de la Tierra.

La Bolsa toma como valor de referencia de la tarifa para el transporte de granos el último publicado por la Federación Cordobesa de Transporte Automotor de Cargas y, con ese número, se pagarían en concepto de fletes US$ 1040 millones.

En el caso de la producción que se transforma en la provincia, el traslado hacia las plantas implicará el movimiento de 150.500 camiones por los que se pagarían US$ 4,7 millones.

Por supuesto, el valor pagado por el flete hacia el puerto en relación al precio del grano variará de acuerdo a la ubicación del campo. Mientras que en los departamentos más cercanos la tarifa representa el 12% del precio disponible de la soja, en los más alejados llega al 24%. En el caso del maíz, el porcentaje de incidencia es mayor: 19% y 37% respectivamente.

Debido a que el flete incide plenamente en el precio recibido, no puede ser manejado por el productor independientemente de su eficiencia o productividad. Por ejemplo, para esta campaña, un productor de maíz de Río Cuarto recibiría un precio promedio de 103 dólares por toneladas contra los 126 dólares de uno de Marcos Juárez.

EFECTO DERRAME

La Bolsa indica que los ingresos derivados de la venta de los granos en conjunto con el transporte de los mismos hacia las industrias y el puerto generan múltiples efectos positivos sobre el resto de la economía: mayor consumo de combustible, mayor demanda de maquinaria agrícola, implementos, camiones y camionetas, aumento de la demanda de servicios profesionales, mayor consumo de bienes durables, dinamismo en la construcción, mayores ingresos para los pueblos y ciudades del interior provincial, entre otros.

Los camiones que trasladarán la producción utilizarán 106 millones de litros de gasoil, lo que representará ventas por 96,5 millones de dólares para las estaciones de servicio de Córdoba.

Las tareas de siembra de maíz y de soja para esta campaña requirieron 100,5 millones de litros de gasoil y las de cosecha 71 millones de litros. En total, los productores consumieron combustible para producir los cultivos por un monto de US$ 156 millones.

Si se considera el desgaste de los neumáticos producido por los viajes, se gastarán 46 millones de dólares en distintas gomerías y talleres del interior provincial para las reposiciones de los mismos y, tomando en cuenta un almuerzo en un restaurant por conductor de camión, se comprarán refrigerios por un valor de 12 millones de dólares a pequeños comerciantes de los pueblos y ciudades.

En términos impositivos, la cosecha de ambos granos, aportará más de 240 millones de dólares al gobierno provincial y a los municipales.

En ese marco, la Bolsa insiste en que con más del 85% de la producción agrícola argentina que se transporta en camiones, hay que mejorar sustancialmente la infraestructura, tanto vial como ferroviaria, para optimizar los procesos logísticos (disminución de tiempos de entrega y de costos) que implican los traslados de grandes volúmenes de producción del campo a las industrias y los puertos. La instrumentación de bitrenes, a su criterio, podría mejorar la logística ya que permitirían transportar hasta 54 toneladas, 24 toneladas más que los camiones de carga, con el consecuente aumento de la competitividad y caída en el deterioro de la infraestructura vial, congestión de rutas y contaminación ambiental.