En el actual contexto económico es muy difícil para las Pymes agropecuarias seguir trabajando con margen de rentabilidad, si tienen que adoptar tecnologías modernas para poder aumentar la producción por hectárea, a fin de que su empresa siga siendo sostenible por aumento de la productividad.
Los rindes de indiferencia en muchas zonas están muy cerca de los rindes promedios de los cultivos, incluidos la soja.
Este panorama complica a los productores que han tenido graves problemas en sus cultivos y otras producciones por las grandes inundaciones, cuyas pérdidas todavía son muy difíciles determinar en cuanto a los montos, pero son realmente cuantiosas.
A eso le tenemos que agregar el lucro cesante de muchos campos, consecuencia del anegamiento hídrico, por mal manejo de las aguas en todos los niveles del Estado y el sector privado.
Para afrontar los productores la próxima siembra tendrán a apelar, los que puedan, a tomar créditos, a tasas de mercado, porque en el país no hay políticas de Estado para atender los eventos climáticos y atenuar las pérdidas de cada caso.
Lo más grave es que parece que después de 16 meses de gestión no las vamos a tener, porque es uno de los temas que no se habla en el Ministerio de Agroindustria nacional ni en las provincias.
En cualquier país que tenga uno oportunidad de visitar, estas políticas se encuentran incluidas como "políticas de Estado".
La alta presión impositiva con impuestos distorsivos, la competencia desleal de una economía en negro de 40%, los altos costos laborales, los de logística para llegar con sus producciones a los mercados de consumo y la exportación, la enorme burocracia a nivel municipal, provincial y nacional que encarece y demora las gestión empresarial y la actual política cambiaria son algunos de los factores económicos que componen este cóctel insoportable que tiene el empresario argentino para trabajar y producir.
Agrava dicha situación, una inflación que se resiste a bajar, con un dólar que, ajustado por la inflación, sería similar al valor que teníamos cuando asumió el presidente Mauricio Macri en diciembre de 2015.
Es decir que la inflación se consumió la devaluación, mientras los insumos para el sector agropecuario aumentaron por la inflación en dólares. Hay que afrontarlos con precios de granos y commodities muchos más bajos.
Por eso digo que la mejora de la competitividad después de 16 meses de gestión es responsabilidad del Gobierno. No se arregla la situación del agro, especialmente de las economías extra pampeanas, haciendo política específica para cada sector.
Cuando todas las producciones tienen problemas, las soluciones deben ser generales, para no distorsionar más la economía nacional.
Hay que asumir que este problema de falta de competitividad del país para poder crecer y desarrollarnos, es responsabilidad del actual nivel de gasto público del Estado, por lo cual se impone rediseñar el mismo, para que esté acorde a la capacidad contributiva de un sector privado, para que sea competitivo para exportar al mundo.
No tiene ningún sentido ponerse a discutir una nueva reforma impositiva para mantener este nivel de gasto público, porque así no van a invertir los argentinos y muchos menos vendrán inversiones extranjeras.
La agroindustria, a pesar de ser el sector más competitivo del país, necesita un marco institucional más amplio y una agenda de políticas de Estado moderna, que le permita desplegar todas las capacidades emprendedoras, para mejorar las producciones en cantidad y calidad y colocarlas mejor en las góndolas del mundo sin gravosos aranceles.
El sector demostró que con unas pocas medidas tomadas por este Gobierno, que permitieron destrabar la capacidades de producción y de comercialización en base a la libertad, la respuesta ha sido muy importante con una cosecha de 111 millones de toneladas en el ciclo 2015-2016 y previendo para el 2016-2017 unas 120 millones estimadas que podrá variar según la incidencia de las grandes lluvias e inundaciones.
Por eso es estratégico que la Agroindustria apoye el ingreso de la Argentina al grupos de países como la Alianza del Pacífico, un Mercosur reformulado por el libre comercio o acuerdos bilaterales con México o Colombia y otros, para comercializar nuestros productos con los menores aranceles posibles, para acceder a dichos mercados.
La agroindustria con sus transformaciones de la materia prima es el único sector que está en condiciones de demostrar en corto tiempo el rol geopolítico que tiene, arraigando a sus pobladores en donde viven.
