Las protestas callejeras con la modalidad de piquetes se han convertido en la Argentina en fenómenos profesionales por su habitualidad y dominio de la técnica con la que se realizan. Traslucen las razones por las cuales muchos argentinos abandonan el país, otros demoran el regreso y otros más callan aquí con mal humor creciente, mientras se espanta a extranjeros que quieren venir a invertir o simplemente a visitarlo.

La organización de protestas es un modus vivendi por el cual se traslada a espacios públicos la pugna por intereses privados y, otras veces, se extorsiona al Estado para que acceda a demandas de todo tipo sin contraprestación de deberes. Los rostros cubiertos y las manos aferradas a elementos aptos para combates violentos anticipan el espíritu que anima ese dominio de las calles por parte de particulares.

Casi no hay protestas sin banderas y efigies de movimientos y caudillos políticos que, cuando tuvieron el poder, cercenaron toda posibilidad de expresión libre y pacífica. Se trata de un franco cinismo. No es necesaria demasiada imaginación para saber qué ocurriría en la Argentina si fueran gobierno quienes quebrantan a diario el orden público y doblegan los derechos de otros ciudadanos a circular y trabajar. Ocurriría lo mismo que ha pasado en Cuba, en Venezuela y en todas las dictaduras de las cuales se han alimentado de ideas y recursos materiales los campeones de la protesta permanente, entendida como ejercicio requerido, igual que los músculos, de entrenamiento cotidiano.

Ha trascendido que el Gobierno prepara un proyecto de ley para responder a esta situación que solivianta a la opinión pública. Se creyó que el tema, al menos en la jurisdicción nacional, estaba resuelto con un protocolo que en su momento difundió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En el Código Penal, como se sabe, se halla previsto desde más antiguo aún que quienes estorben el normal funcionamiento de los transportes y otros servicios públicos pueden ser pasibles de condenas de tres meses a dos años. ¿Hasta cuándo perdurará tanta impunidad? ¿Hasta cuándo los funcionarios públicos sortearán el riesgo de ser imputados por el delito de incumplimiento de sus deberes?

No se trata de una cuestión de izquierdas o derechas. Si el Estado no preserva un mínimo de orden público, deja caer la principal razón de su existencia. El Frente para la Victoria había hecho conocer en 2014 un proyecto de ley sobre manifestaciones públicas. Para poder movilizarse en las calles y plazas había que informar a las autoridades con 48 horas de anticipación. La iniciativa consideraba ilegítimas las protestas realizadas con violación de esa norma o que afectaran servicios esenciales.

El derecho de petición a viva voz es parte de los principios básicos de una democracia. Nadie que crea en este sistema puede desconocerlo, pero tampoco es admisible ignorar que no hay derechos absolutos, pues cada uno de ellos debe armonizarse dentro del sistema de derechos y garantías que protegen a los restantes ciudadanos.

El kirchnerismo careció de valor para llevar adelante su propuesta de poner límites razonables a movimientos piqueteros cuya conducta llegó la ex presidenta a condenar en un discurso ante sus habituales aplaudidores. Estaba el kirchnerismo desprovisto de suficiente autoridad. Lo hizo después de haber alentado el desquicio, como ahora ha vuelto a suceder entre sus voceros. En Uruguay, en cambio, el presidente Tabaré Vázquez dictó recientemente un decreto que autoriza a despejar las vías públicas cuando las protestas violenten "la libre circulación, el orden público y la tranquilidad". En Venezuela, de donde se puede esperar cualquier cosa del gobierno de Maduro, quienes obstaculicen la vía pública corren el riesgo de condenas de hasta ocho años. En Chile, con un gobierno presidido por una socialista, de igual signo que Tabaré Vázquez, las movilizaciones callejeras están también reglamentadas en consonancia con el respeto debido a todos los ciudadanos, sin exclusión.

Los desbordes urbanos en la Argentina se han extendido estas semanas a áreas rurales. Un remate de 6500 cabezas de hacienda en Azul debió suspenderse por haber impedido las entradas y salidas del predio de la Sociedad Rural local un agrupamiento denominado 1 de Octubre. Los revoltosos invocaron motivos tan curiosos como una ampliación de cupos del plan Argentina Trabaja y la generación de emprendimientos productivos, cuando en realidad lo que hacían era perturbar actividades legítimas con cuyos resultados se sostiene el desenvolvimiento del Estado y de su legión de beneficiarios.

Perturbaciones parecidas tuvieron lugar en el Mercado de Hacienda de Liniers, donde los protestatarios reclamaron por el cierre de frigoríficos y la consecuente cesantía de personal. En este caso, en las imputaciones se dejó constancia de que, desde 2009, a raíz de la política nefasta de Cristina Kirchner en materia agropecuaria, se perdieron más de 8000 puestos de trabajo en el comercio de carnes.

El tono amenazante hacia el Gobierno y sectores diversos de la sociedad con el que se realizan los piquetes refleja ánimos de provocación, a los que debe responderse con serenidad y firmeza dentro de lo establecido por la ley. Se usa la violencia y se apela al descaro de la victimización cuando se la contiene. Pero ni el Estado ni la sociedad pueden aceptar convertirse en rehenes de las "barras bravas" de la política, el sindicalismo y los movimientos que, por denominárselos de algún modo, se conocen con el eufemismo de "no institucionalizados".