Se trata del programa que había anunciado el Gobierno en octubre pasado
cuando decidió postergar la rebaja de las retenciones a la soja. En ese momento
se lo presentó como una herramienta para invertir en capital de trabajo,
infraestructura y otorgar financiamiento a los productores que tienen acceso al
crédito como aquellos que no lo tienen.
Según la resolución 20 de Agroindustria, el Fondagro tendrá un Comité Ejecutivo integrado por el ministro de esa cartera (Ricardo Buryaile) como presidente, el jefe de Gabinete de la Unidad Ministro y los secretarios de ese organismo. Además, tendrá la figura de un coordinador a cargo de la operación.
"Serán destinatarios del Fondagro las personas humanas, personas jurídicas públicas o privadas, micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales, sucesiones indivisas, fondos fiduciarios, entes estatales y todos aquellos que determine oportunamente el Comité Ejecutivo", dice la resolución oficial.
Entre otras cosas, se establece que el Fondagro podrá:
Emitir certificados de participación.
Emitir valores representativos de deuda, con o sin oferta pública y de acuerdo a la capacidad de los bienes fideicomitidos, para captar fondos de ahorro privado y/o público y destinarlos a obtener recursos para cumplir con su objeto.
Asociarse como parte contratante en consorcios de participación público-privada (PPP), de conformidad con la normativa que a tales fines resulte aplicable.
Constituir o participar, en carácter de fiduciante o co-fiduciante, en otros fideicomisos de administración, de garantía o financieros cuando entienda que ello resulta necesario para estructurar financiamientos especiales para actividades o regiones geográficas específicas.
Preservar a través de inversiones temporarias de bajo riesgo y diversificadas el valor de los recursos líquidos que no hayan sido destinados a asistencia o financiamiento de proyectos.
Proveer mecanismos de garantías de repago y de reducción de los riesgos de incumplimientos de los financiamientos que otorgue, a través de seguros, de la participación de fondos de garantía y sociedades de garantía recíproca, así como de cualquier otro mecanismo disponible a tal efecto.
Verificar y controlar el debido uso del destino de los aportes no reintegrables y financiaciones que realice y, perseguir el pago de estas últimas.
Asegurar que las asistencias y financiamientos a los distintos sectores generen beneficios sociales para el sector o la región del país al cual fueran destinadas.
Promover particularmente proyectos amigables con el medio ambiente.