Los relevamientos se iniciarían el miércoles, con la participación del subsecretario de Planificación Productiva, Germán Albrecht; el director general de Ganadería y Producción Animal, Ignacio Chavarría, e integrantes del directorio de la empresa pública Salta Forestal, que preside el exdiputado Alfredo Petrón.
Aunque las propuestas técnicas terminarán de definirse en los próximos meses, en el seno del comité asesor que se conformó en agosto de 2016, Montero adelantó a El Tribuno los lineamientos generales del uso proyectado para esas tierras. "Con 13.500 hectáreas se podrá regularizar la situación de antiguos pobladores de la zona y 68.000 hectáreas serán para incorporar al desarrollo ganadero de la provincia, con la participación de productores, instituciones como el INTA, bajo modelos de MBGI", precisó el titular de la cartera provincial de Ambiente y Producción Sustentable.
"Se puede pensar en un esquema asociativo ganadero público-privado, en el que el privado aplique su capital y el Estado, las tierras", señaló el funcionario con respecto a una de las alternativas posibles.
Con respecto al perfil ambiental de los proyectos, Montero se expresó partidario de "trabajar en un esquema productivo conservacionista con opciones de manejo para pequeños, medianos y grandes productores".
Puesteros criollos
El ministro de Producción y Ambiente Sustentable ratificó los compromisos asumidos ante las familias criollas que defienden posesiones en más de un centenar de puestos relevados dentro de los lotes fiscales 35 y 36 del departamento de Anta.
Las áreas adjudicadas a Ecodesarrollo en 1998 ocupan cerca de 317.000 hectáreas de ambas matrículas. En 2003, los empresarios asociados en la concesión, Alfredo Paulino Olmedo y Néstor
Cervera, rompieron relaciones con un acuerdo que la Provincia aprobó en 2005. Olmedo mantuvo 158.478 hectáreas de la zona sur con la firma Ecodesarrollo y su exsocio se quedó con 158.234 hectáreas de la zona norte con la empresa Cervera Agropecuaria. En 2008 esta firma, incorporada a Cresud, renegoció el contrato con el Gobierno. Olmedo se rehusó y ese hecho originó los juicios cruzados a los que el Gobierno y la empresa acaban de desistir.
Por el citado convenio, que rige desde el pasado jueves, Olmedo reintegró a la Provincia las 81.500 hectáreas boscosas y pagará desde la presente campaña agrícola, en concepto de canon, el 10 % del valor de sus producciones anuales. "En el esquema anterior recién a partir de 2020 la Provincia podría cobrar 45.000 dólares por año en concepto de canon. Hoy, con el acuerdo vigente, se cobrará un mínimo del 10% sobre la producción, lo que será seguramente mucho más que eso", remarcó Montero.
Fuente: El Tribuno
