El gobierno de Cambiemos quiere revitalizar de alguna forma la limpieza del
Riachuelo. Lo que no consiguió en un año pretende que se acelere en los tres de
gestión que le quedan, con un nuevo nombramiento y otro cambio en la estructura
de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
La intención -con consenso en las tres jurisdicciones que la integran: la
Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad- llegaría de la mano de la
exitosa interventora en el SOMU, Gladys González. El Gobierno quiere renovar el
oxígeno luego de la estrepitosa audiencia ante la Corte Suprema en la que quedó
expuesta la inacción del organismo y se revelaron las internas entre el entonces
director ejecutivo, Julio Torti, y el ministro de Ambiente, Sergio Bergman.
Según pudo saber LA NACION, desaparecería la Dirección Operativa, hoy a cargo de
Gabriela Seijo, y todo quedaría bajo la órbita de González.
La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y sus funcionarios quieren tener más injerencia en un tema que evalúan emblemático y mediante el cual pueden aumentar la influencia en los 14 municipios de la provincia que conforman la cuenca.
Desde fines de noviembre, el consejo directivo de la Acumar sólo emitió dos actas: una, para aceptar la renuncia de Torti, y la otra, para aprobar el presupuesto para el año próximo, que ascenderá a $ 1300 millones, $ 100 millones más que este año. Es que queda mucho por ejecutar. Aunque LA NACION intentó comunicarse con el organismo para conocer los números exactos, no hubo respuesta oficial. "No se harán declaraciones hasta que no asuma un nuevo director", indicaron.
Al presupuesto propio, hay que sumar el crédito del Banco Mundial por US$ 840 millones para construir el colector cloacal del lado de la Capital. Ese sistema sólo estará completo cuando se construya un colector subfluvial, a la altura de Berazategui, que descargará los efluentes en el Río de la Plata, a 11 kilómetros de la costa. Según declaró AySA frente a la Corte, sólo en 2023 estaría lista esa obra.
Extraoficialmente, se habla de una ejecución presupuestaria del 20% en el organismo, que en el último año aumentó su planta permanente en un 10%. Cambiemos sumó 50 puestos en esa categoría a la Acumar, que ya suma 860 empleados. En el informe que el organismo presentó al máximo tribunal, al que tuvo acceso LA NACION, se explicita el escaso grado de avance de los proyectos. Algunos ejemplos: el traslado del Mercado de Liniers avanzó en sólo un 2%, cuando la promesa era completarlo en 2017. Tampoco hubo progreso en la remoción de basurales ni en los convenios que se deberían haber suscripto con diferentes municipios para la concreción de ecopuntos, destinados a concientizar sobre el impacto ambiental en el conurbano bonaerense.
Polo Petroquímico
La transformación del Polo Petroquímico y la relocalización de las familias avanzó apenas un 7% y el proyecto para construir una planta de tratamiento para las curtiembres de la cuenca, que al parecer en los últimos meses han empeorado su comportamiento respecto de los efluentes, apenas se concretó en un 8%.
En cuanto a las 17.771 soluciones habitacionales que el organismo se comprometió a realizar, hasta diciembre de 2015 se había cumplido en un 20%. Carlos "Coco" Rivero, de la villa 21-24, está muy enojado. "Ni siquiera hay construcciones nuevas. Sólo avanza el proyecto Mundo Grúa, que ya estaba empezado. Los otros terrenos que están disponibles para la construcción de viviendas todavía no cuentan ni con permiso", indicó a LA NACION. Los vecinos intentan reactivar las mudanzas pero no quieren que suceda como en el complejo de Villa Soldati, donde las casas nuevas ya están deterioradas.
El Gobierno prometió que en 2017 habrá 2000 viviendas nuevas, aunque en el cuerpo colegiado conformado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y varias ONG ambientales aclaran que las construcciones ya estaban terminadas, y que el trabajo que se realizará es únicamente conectar los servicios. "Las construcciones se concretan en terrenos de baja calidad con poco valor inmobiliario", dijeron.
Desde que asumió Cambiemos, la Acumar no hace pie. Amílcar López, el primer director ejecutivo del organismo, presentó su renuncia en febrero pasado porque por las internas políticas no podía lanzar su gestión. En abril, mientras seguían las peleas entre las jurisdicciones para ganar espacios, asumió Torti, que el mes pasado volvió a su puesto en AySA.