El jueves pasado, el Consejo de la Magistratura resolvió examinar las pruebas que podrían conducir a la destitución del camarista federal Eduardo Freiler, uno de sus fundadores.

Freiler es una caricatura de muchos de sus colegas de Comodoro Py. Se les parece por su opulencia. Pero se distingue por su sinceridad. Declaró tener una mansión en Olivos, un departamento en Pinamar, caballos de carrera, un yate, campos, ganado y una escuadra de autos de colección.

Todo adquirido entre 2012 y 2015, con su sueldo de camarista, y después de haberse divorciado. Además, Freiler es propietario de la financiera Minning Pride, en sociedad con Carla María Lago, ex esposa del lobbista judicial Alfredo Lijo, hermano del juez federal Ariel Lijo, y también dedicado a la cría de pur sang en el haras La Generación.

El abogado Ricardo Monner Sans denunció a Freiler por su enriquecimiento y por su participación en la financiera. Ambas investigaciones presentan peculiaridades. En la primera intervino el fiscal Ramiro González, quien trabaja como docente a las órdenes de Freiler. González justificó, sin siquiera solicitar un peritaje, la riqueza de su titular de cátedra. El juez Marcelo Martínez de Giorgi le dio la razón y sobreseyó a Freiler. Un problema menos en casa: la esposa de Martínez de Giorgi, Ana María Juan, es secretaria en la Sala I de la Cámara Federal, que integra el juez absuelto.

Monner Sanz pidió que se reabra la causa ya que la absolución que dictó Martínez de Giorgi sería fraudulenta. Es una discusión de consecuencias estratégicas. ¿No cabría el mismo criterio para la rapidez vertiginosa con que Norberto Oyarbide cerró la investigación sobre el vertiginoso enriquecimiento del matrimonio Kirchner?

Freiler hizo su alegato en una entrevista con Perfil. Dijo que la cosa juzgada fraudulenta es una institución aberrante cuando perjudica al imputado. Lo mismo planteó ante la Cámara de Casación: le tocó la Sala II, integrada por la filokirchnerista Ángela Ledesma y por Alejandro Slokar, otro socio suyo en Justicia Legítima. De tanto acercarse a los "burros", el profesor Freiler se apartó de los libros: en la Argentina los antecedentes de cosas juzgadas declaradas fraudulentas se remontan al caso Isabel Perón, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicó el criterio en "Gutiérrez vs. Argentina", a pedido del CELS, una catedral del garantismo.

En sus declaraciones periodísticas, Freiler se defendió a sí mismo y defendió al kirchnerismo como si fueran la misma cosa. Por lo menos no es ingrato. Porque el jueves, en el Consejo, el único que objetó que se estudiaran las pruebas en su contra fue Rodolfo Tailhade. Este diputado obedece a Máximo Kirchner, a quien Freiler benefició una y otra vez en el escándalo Hotesur. Para Tailhade, defender a Freiler es juego de niños. Cristina lo envió a la Inspección de Personas Jurídicas a bloquear las pesquisas sobre Amado Boudou. Después lo destinó en la AFI, donde lo llamaban el "dipuespía".

Quien impulsa el examen sobre el comportamiento de Freiler es el riguroso Pablo Tonelli. Este diputado de Cambiemos propuso que se investigue a la familia del camarista hasta el cuarto grado de parentesco. Un antecedente peligroso para muchos magistrados.

Para que se abra el caso Freiler fue necesario que la Casa Rosada zamarree a su representante en el Consejo. Se trata de Juan Bautista Mahiques, quien no responde al ministro de Justicia, Germán Garavano, sino al binguero, presidente de Boca y gestor judicial de Mauricio Macri, Daniel Angelici. El mercedino Mahiques es también amigo del principal gestor judicial de Cristina Kirchner, el mercedino "Wado" De Pedro. El jueves 3, Mahiques había impedido que se votara la apertura del expediente sobre Freiler dejando la reunión sin quórum. Fue una venganza contra Tonelli, quien se niega a promover al Juzgado Federal N° 2 de San Isidro a Juan Manuel Grangeat. Elisa Carrió objetó a este candidato, acusándolo de ser impulsado por la AFI y Angelici. Anteanoche, desde la mesa de Mirtha Legrand, Carrió agravó sus imputaciones. Trató a Angelici de delincuente y se quejó de que Silvia Majdalani, la segunda de la ex SIDE, tenga intervenidos sus teléfonos. Carrió apuntó también contra el juez Ariel Lijo y su hermano "Freddy". ¿Sabrá que Lijo es el jefe de Fernando Rey, el sobrino de Angelici?

¿Qué contestará el Gobierno? ¿Alcanzará con el clásico "nos gusta que «Lilita» exprese sus ideas"? La pasable indolencia de Macri frente a la diputada de ARI, con quien almorzó ayer, contrasta con el impulso que le está dando María Eugenia Vidal a su programa institucional. Ya logró reemplazar a María del Carmen Falbo, su "Gils Carbó", por el prestigioso Julio Conte-Grand. Y para marzo piensa cambiar al jefe de la bonaerense, Pablo Bressi, como parte de una gran reforma de esa fuerza. Cambiemos se conjuga de distinto modo a ambos lados del Riachuelo.

Versiones coincidentes

El jueves, obediente a varias reprimendas, Mahiques votó que se investigue a Freiler. Su jefe, Angelici, debería haberlo estimulado. Según una versión en la que coinciden varias fuentes con información inmejorable, en su momento Freiler pidió dinero a Angelici para favorecer a Macri en la causa de las escuchas ilegales. El empresario del juego se lo dio. Pero Macri le aclaró: "Si querés recuperar la plata, pedile que te la devuelva porque yo no pongo una moneda". El reembolso fue, recuerdan en los tribunales, un poco accidentado. Nadie sabe cómo quedó el vínculo entre los turfmen Freiler y Angelici. Hay quienes dicen que, de tan bueno, sirvió para salvar al ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray y a su subordinado Horacio Curien, jefe y amigo de Claudia Angelici, la hermana del binguero. Echegaray y Curien estaban procesados por una denuncia de Alfonso Prat-Gay.

¿Se debe a aquel incidente con Macri que Freiler haya iniciado su caída? ¿Sigue los pasos de Oyarbide, quien procesó al actual presidente en primera instancia? Son incógnitas legítimas por una razón simple: al delegar poder en Angelici, Macri sugiere que su vocación de renovación institucional es casi inexistente. Para hacer bien los mandados, el binguero necesita que Comodoro Py siga como está. Cabe preguntarse si la Justicia está sometida a un saneamiento o a una venganza calabresa.

La misma incógnita cabe para un antiguo discípulo de Freiler, el juez Sebastián Casanello. Este magistrado, que por su complacencia con las familias Kirchner y Báez se ganó el apodo de "tortuga", fue acusado de haber visitado a la ex presidenta en Olivos para arreglar ese expediente. Después de meses, un informe consigna que el 6 de agosto de 2015 los teléfonos de Casanello y Báez se comunicaron desde las inmediaciones de la residencia presidencial con diferencia de una hora. Un chofer de Presidencia atestiguó que vio a Casanello varias veces con "Wado" De Pedro. Coincide con Santiago Viola, el abogado de Leandro Báez, hijo del presunto testaferro de los Kirchner. Viola está vinculado al fiscal Eduardo Miragaya, quien trabaja a las órdenes de Majdalani en la AFI.

Casanello jura que jamás estuvo en Olivos. ¿Se estarán manipulando las pruebas? Sería gravísimo. Igual que si se confirmaran las reuniones. Casanello perdería su juzgado. ¿Es la intención? Además del caso de Báez por lavado de dinero, ese juez tramita otro expediente: la denuncia de Carrió contra Angelici por tráfico de influencias. El fiscal del caso, Federico Delgado, pidió la indagatoria del binguero. Quizás Angelici confía en desplazar a Casanello, con la ayuda de la AFI, para que su expediente pase a algún magistrado más amigable.