El jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, se reunió ayer en Brasilia con funcionarios la Receita Federal con los que acordó el intercambio de datos sobre propiedades y sociedades no declaradas de argentinos en ese país a partir de 2017.

Abad viajó por la mañana a la capital brasileña para reunirse con el jefe del organismo tributario brasileño, Jorge Rachid, quien ocupa este cargo desde enero de 2015 y también lo había hecho entre 2003 y 2008.

El titular de la AFIP regresó anoche luego de conversar con el funcionario del gobierno de Temer para tratar de transformar en automático el convenio de intercambio de datos a requerimiento, caso por caso, que está firmado con el principal socio de la Argentina en el Mercosur.

La intención es detectar la gran cantidad de inmuebles no declarados de argentinos en los principales centros turísticos de ese país y también sociedades, como parte del operativo de aumento en la percepción de riesgo para fomentar el blanqueo de capitales. "Hay muchos departamentos de argentinos, sobre todo en la zona de Florianópolis y Buzios", explicó una fuente del sector privado.

Según el diario Folha de Sao Paulo, Rachid dijo tras la reunión con Abad: "ya detectamos que 1106 argentinos hicieron al menos una operación inmobiliaria en Brasil. De esos, detectamos 142 operaciones de más de 500.000 reales; totalizando transacciones por 458 millones de reales". Abad también brindó algunos datos sobre contribuyentes brasileños en la Argentina, ya que a fin de mes vence el blanqueo que se está desarrollando en Brasil.

Brasil es uno de los 100 países que firmó el convenio de intercambio automático de información tributaria auspiciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) que comenzará a regir para la mitad de los Estados el año y para otros, entre ellos el propio Brasil, en 2018. Entre los países que firmaron están los miembros de la Unión Europea, entre muchos otros.

El viaje de Abad se da en el contexto de una estrategia para firmar otros tratados de intercambio automático, como ocurrió con Suiza, y como se pretende, con muchas dificultades, con los Estados Unidos.

Una misión del Ministerio de Hacienda y Finanzas y de la AFIP ya se reunió la semana pasada con funcionarios del Departamento del Tesoro para diseñar la negociación de un tratado bilateral. El mes pasado, el secretario del Tesoro, Jack Lew, avaló esa posibilidad en una importante visita a Buenos Aires en la que respaldó en forma explícita la política económica.

Mientras tanto, como informó ayer LA NACION, se acelera la apertura de cuentas para el blanqueo en el sistema financiero local.

Sin embargo, en algunas entidades financieras todavía hay confusión respecto del requisito de exigirles a los clientes que quieren blanquear sus declaraciones juradas, ya que si bien Abad dijo que no debían hacerlo, todavía no se conoció la norma correspondiente que exima a los bancos de esa responsabilidad.

Aunque el funcionario de la AFIP sostuvo que será una norma conjunta de ese organismo y de la UIF, algunos especialistas del sector privado afirmaron que también debería ser firmada por el Banco Central.

Por otro lado, los tributaristas siguen protestando porque el Gobierno no tomó en cuenta el pedido de muchos contribuyentes de poder pagar el impuesto especial del 10% en cuotas y porque no se permite descontar el pasivo al valuar el monto a blanquear. Se espera que, pese a que la AFIP aplazó la posibilidad de depositar el dinero "del colchón" hasta el 21 de noviembre -aunque la cuenta especial debe ser abierta antes del 31 de este mes- no ingresen demasiados fondos por esta vía.

En cambio, mantienen el optimismo respecto del dinero depositado en el exterior, que si el blanqueo supera los $ 800.000 se puede realizar con una penalidad del 10% hasta fines de diciembre y del 15% si se hace entre enero y marzo. Hasta $ 305.000 la tasa es del 0% y, hasta $ 800.000, del 5%.

Santa Fe adhirió al blanqueo

La Legislatura santafecina promulgó la ley que propone la adhesión general al blanqueo nacional, aunque estableció algunas excepciones que generaron arduas discusiones de técnica legislativa y hasta constitucionales en las comisiones. Entre ellas, prescribe que las declaraciones que ingresen al régimen desde un valor de 305.000 pesos tributarán al fisco provincial el 1%, coparticipable a municipios y comunas. Así se sumó, entre otras, a la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y a Córdoba.