Seis meses después del primer intento, el Gobierno puso en marcha el sendero de aumentos en el precio del gas que acompañará a toda la gestión de Mauricio Macri.

Desde ayer están vigentes incrementos que, en promedio, alcanzan el 200% para los hogares, un sistema de tarifa social que beneficiará a aproximadamente 1,72 millones de casas y un incremento promedio para la mayor parte de los comercios y pymes en torno del 277 por ciento.

Un cliente de bajo consumo, que utiliza un promedio de 56 metros cúbicos (m3) al año sufrirá un aumento de 231%, en comparación con la suba del casi 300% que contemplaba el incremento original para esa clase de consumo. Su factura mensual será de $ 107, a la que deberá sumarse cerca de 25% por los impuestos.

Un usuario de demanda intermedia sufrirá en promedio un aumento de 173% y tendrá una boleta promedio de $ 371 por mes también sin impuestos, en comparación con la suba de 232% que intentó aplicar el Gobierno en abril.

Los usuarios residenciales podrán pagar mucho menos por el gas si ahorran. Por caso, si reducen en hasta 15% su consumo tendrán bonificaciones de entre 20% y 50% según el tipo de usuario.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, presentó el nuevo esquema de precios en una conferencia de prensa que se realizó ayer por la mañana en el microcine del Palacio de Hacienda. Estuvo sólo, a diferencia de ocasiones anteriores, en las que fue acompañado por parte de su equipo.

Aunque estuvo entre los funcionarios más cuestionados del Gobierno por la suba de tarifas y la polémica en torno de sus acciones en la petrolera Shell, Aranguren se mostró ayer templado y atento a las consultas de los periodistas. Agradeció cada una de las consultas y cometió un pequeño acto fallido cuando dijo "preso" en lugar de precio. La equivocación pasó de largo.

"Hay otros derechos humanos que están antes que un esquema tarifario, por eso queremos que a partir de una reducción gradual de los subsidios el erario use los recursos para la educación y la salud", remarcó Aranguren.

El Gobierno tomó en consideración algunas críticas y aspectos que se plantearon en las audiencias públicas del gas, realizadas a mediados de septiembre. Por ejemplo, relajó los requerimientos para ingresar en la tarifa social, bajó los topes a los aumentos y redujo el precio del GNC.

En el caso de los usuarios residenciales, los aumentos no podrán superar el 300%, el 350% y el 400% en comparación con el mismo período del año anterior.

Algo similar ocurrirá con los comercios y las pymes, a los que el Gobierno les aplicó ahora un aumento menor al previsto. Un 99% de los integrantes de ese sector, según los números que mostró ayer Aranguren, pagarán una factura mensual promedio de $ 642, que representa un incremento de 277%. Y tendrán un tope de 500% en comparación con el mismo período del año anterior.

El Gobierno amplió el universo de usuarios que entrarán en la tarifa social, un sector que no pagará por el gas, sino por el transporte y la distribución, los dos otros ítems (hay que sumar los impuestos) de la factura.

Podrán acceder a la tarifa social los jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia o monotributistas (antes estaban excluidos) que perciba una remuneración bruta de hasta dos salarios mínimos ($ 15.120).

También entrarán en esa categoría quienes tengan monotributo social, empleados domésticos, quienes cobren seguro de desempleo, beneficiarios de planes sociales, personas con discapacidad y veteranos de Malvinas. Quedarán excluidos los dueños de más de un inmueble, aeronaves o embarcaciones de lujo, así como quienes tengan un auto de hasta 10 años de antigüedad (el límite anterior era de 15 años).

En el caso de la luz, la semana próxima se difundirá una resolución que aumentará el bloque de electricidad gratis para electrodependientes.

Todavía no está definida la tarifa de los clubes de barrio, Sucede que los alcanza la ley 27098, que aún no fue reglamentada y su autoridad de aplicación es la Secretaría de Deportes. La entidad que maneja Carlos Mac Allister deberá definir cómo entran esas entidades al nuevo régimen.