Otra vía para reforzar los ingresos fiscales es "dar incentivos a la formalización de los trabajadores", según apuntó Ángel Melguizo, jefe de la Unidad América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE. Grace Pérez-Navarro, directora adjunta del Centro de Política y Administración Fiscal del organismo internacional, destacó a su vez la expectativa que abre el inminente intercambio automático de información bancaria y sobre otros bienes al que adhieren cada vez más países para combatir la evasión fiscal, y el control de operaciones de empresas transnacionales, para evitar las vías de elusión.
Ambos expertos participan, junto con Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE, del Sexto Foro Fiscal para la región, que sesionará hasta hoy en el Palacio de Hacienda, donde también mantendrán reuniones con funcionarios locales para avanzar en propuestas de reforma tributaria. Representan al Gobierno el subsecretario Marcelo Scaglione, representante del país ante la OCDE; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; el subsecretario de Desarrollo, Nadin Argañaraz, y el subdirector General de Fiscalización de la AFIP, Marcelo Costa.
Al inaugurar el foro, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, destacó que la actividad y la visita al país del secretario del Tesoro estadounidense, Jack Lew, son "buenas noticias para la transparencia fiscal en la región y en la Argentina y malas noticias para los evasores. Para nosotros, esto es una prioridad".
El ministro precisó que en el intercambio automático de información con distintos países que se iniciará en enero próximo contará con 40 países trabajando en conjunto y que a fines de 2018 el número superará los 100 miembros.
Durante su exposición, Melguizo precisó que en América latina y el Caribe sólo un 22% de las personas paga el impuesto a la renta de las personas físicas (contra el 36% promedio en los países de la OCDE), mientras la tributación se concentra en el 10% más rico de la población, que aporta sólo el 6% de sus ingresos. "En la Argentina, ese tributo representa apenas el 3% del producto bruto interno (PBI), cuando en los países de la OCDE llega al 9%", comparó el especialista, quien presentó un detallado informe del organismo sobre la carga de los impuestos en los salarios regionales.
Pérez-Navarro, a su vez, destacó que "los países no pueden atacar la evasión sólo con reglas nacionales: tienen que cooperar, porque los evasores no conocen las fronteras, y eso se hace a través de convenios para intercambio de información"
"Después de la crisis, la tolerancia a la evasión llegó a cero y 101 países ya son miembros del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para efectos tributarios, incluida la Argentina; en 2017 lo van hacer 40 países más, y otros 60 lo harán en 2018", detalló Pérez-Navarro.
Otro tema, indicó, es "la erosión de la base imponible y el traslado a países de baja o nula tributación, que se relaciona con la elusión de las empresas transnacionales a través de estructuras y operaciones que pueden artificialmente trasladar beneficios" entre distintos países.
La OCDE, explicó la especialista, dispuso 15 medidas, cuatro de ellas obligatorias, para atacar este problema, y el sistema ya involucra a 85 países, entre ellos la Argentina.
De este modo, ahora será "la primera vez que una administración tributaria va a tener la perspectiva de todas las operaciones de una transnacional, país por país y no sólo la parte local, lo cual es una ventaja muy importante, porque se va a poder determinar el riesgo que representa esa empresa" a nivel fiscal.
Pérez-Navarro aludió también a las reglas para "coordinar la política sobre limitación de deducciones de intereses, que es un abuso potencial y una de las formas más fáciles de trasladar los beneficios de un país con alta tasación a otro donde hay baja o nula imposición".
La enviada de la OCDE resaltó por último la necesidad de trabajar en la "competencia fiscal nociva", que incluye la eliminación de regímenes preferenciales, el intercambio de disposiciones sobre contribuyentes específicos y el abuso de tratados de doble imposición.