El 24 de marzo de 2001 se sancionaba la ley 25.413, conocida como ley de competitividad, que incluía el impuesto el impuesto a los créditos y débitos bancarios, más conocido como impuesto al cheque.

En su artículo 7 decía textualmente: “Los artículos 1º a 6º de la presente ley entrarán en vigor desde el día siguiente al de su publicación y tendrán efecto para los créditos y débitos efectuados hasta el 31 de diciembre de 2002”. Es decir, el impuesto al cheque iba a durar hasta el 31 de diciembre de 2002. Las sucesivas prórrogas han hecho que la ley ya esté por cumplir 15 años de emergencia. Como sabemos, no hay nada más permanente en Argentina que las leyes impositivas transitorias.

La semana pasada, los legisladores peronistas unieron fuerzas para pedir que, entre otras cosas, el impuesto al cheque sea coparticipable, con lo cual este impuesto es candidato a ser eterno. No lo saca nadie más, porque en Argentina ningún político tiene la más mínima intención de bajar el gasto público. Solo saben aumentar impuestos y por eso están ahogando al sector privado que es el que mantiene al sector público.

El empleo público se disparó en la era k, partiendo ya de un punto muy alto, en los tres niveles de gobierno, pero sin duda las provincias y los municipios son los que llevan la delantera en mantener empleados en los que sobran más de la mitad de lo que se necesita para administrar la provincia o el municipio.

El argumento para no reducir la planta de personal en municipios y administraciones provinciales es que al no crearse nuevos puestos de trabajo la gente quedaría desocupada y habría conflictos sociales. Pero, al mismo tiempo, como para mantener esa legión de empleados públicos hay que lograr inversiones y las inversiones no vienen con esta carga impositiva, estamos en un círculo vicioso que no puede resolverse. En todo caso, la situación irá empeorando cada vez más hasta que el peso del estado sea tan grande sobre el sector privado y lo haya reducido a su mínima expresión, que todo termine igual en una crisis social, la misma crisis social que hoy se quiere evitar no reduciendo la planta de empleados públicos. Es que va a llegar un punto en que el sector privado no generará la riqueza suficiente como para bancar al sector público.

Me parece que el gobierno está enredado en este lío, con el agravante que a medida que va pasando el tiempo siguen cayendo los puestos de trabajo en el sector privado. Es decir, el que ajusta es, como siempre, el sector privado porque el sector público es la vaca sagrada que nadie puede tocar, lo que no quiere decir que, finalmente, no terminemos en una crisis social por desocupación en el sector privado. Así nunca van a poder resolver el problema. Si el sector privado se achica y no pueden reducir los impuestos porque hay que bancar a los empleados estatales, entonces estamos en el horno.

Tampoco es solución la obra pública financiada con deuda pública, porque si bien puede ser que en el corto plazo la actividad económica aumente transitoriamente, absorberá gente que quedó desocupada del sector privado, seguirá el mismo plantel insostenible de empleados públicos y cuando se acabe el financiamiento volveremos al punto de partida con el agravante que quedó la deuda más los interés a pagar. Es decir, vamos de cabeza a otro default.

Si no quieren asumir el costo político de llevar a cabo una verdadera reforma del sector público que lo transforme en algo útil para la gente y eliminar su sobredimensionamiento, la opción es la que propuse un par de lunes atrás. Que el BCRA se retire del mercado de LEBACs, baje la tasa de interés, deje flotar libremente el tipo de cambio y buscar la salida por el lado de las exportaciones. Puede ser que, transitoriamente, se escondan las ineficiencias de la economía detrás de un tipo de cambio más alto, pero si aprovechan ese tiempo para realizar reformas del estado y del sistema tributario, pueden lograr algún flujo de inversiones que cambie la situación y permita una mejora en el sector privado.

De todas maneras, me parece que acá va a haber que hacer algo heroico en materia de reformas estructurales. Por un lado hay que bajar la desocupación en el sector privado. Por otro lado hay que absorber a todos los jóvenes que se incorporan al mercado laboral anualmente. En tercer lugar, los que viven de planes sociales tienen que encontrar trabajo y, finalmente, pasar a gran parte de los empleados públicos del sector público al sector privado. Eso requiere de un fenomenal flujo de inversiones para crear miles y miles de puestos de trabajo a lo largo de los años para solucionar la herencia recibida. El sistema no da para más parches.

Por ahora lo único que saben hacer los políticos es cobrar más impuestos. La pregunta es: ¿qué quieren, cobrar más impuestos o crear puestos de trabajo vía inversiones?

Si lo que se quiere es lo segundo, hay que cambiar el eje de lo que se está haciendo, implementar un plan económico consistente y saber comunicarlo para hacerle entender a la población el enorme problema laboral que hoy tenemos y que, de continuar por este camino, seguirá agravándose.

La herencia k es lo suficientemente letal como para no tomarla en serio y querer arreglarla con parches.

Fuente: Economía para Todos