Luego de dos horas de debate, el proyecto fue sancionado por 162 votos afirmativos y 13 negativos. El Frente Renovador solicitó un cuarto intermedio para introducir cambios respecto de las multas, pero finalmente desistieron. Ahora el proyecto será girado al Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior reglamentación.

Al inicio del debate, todo parecía indicar que el proyecto iba a sufrir modificaciones. Si así hubiera sucedido, volvería otra vez a la Cámara de Senadores, para que ésta acepte o rechace las modificaciones introducidas. El massismo, en los pasillos del recinto, hizo lo imposible para conciliar los cambios con el oficialismo, pero sin suerte. Finalmente, pasadas las seis de la tarde, decidieron acompañar el proyecto que alcanzó 162 votos positivos, 13 negativos, y no hubo abstenciones. Con respecto a las disidencias, en particular, varios diputados no acompañaron los artículos referentes a la reutilización de los envases, autoridad de aplicación y sanciones.

Gilberto Alegre (UNA-Buenos Aires) fue el miembro informante en el recinto sobre el proyecto. “Este es uno de los grandes temas que demanda nuestra sociedad. Los residuos de carácter agrícola, dispersos por nuestras llanuras, son un elemento contaminante y riesgoso para la salud, por lo que hay que adoptar disposiciones urgentes para resolver el tema”, afirmó.

Sobre la iniciativa venida en revisión, el diputado renovador sentenció: “Este proyecto tiene muchas cuestiones absolutamente ilógicas. Las multas son exorbitantes porque pone en riesgo la producción agropecuaria, ya que no especifican a quiénes corresponden”. Pero Alegre también objetó que el proyecto establece el plazo de devolución de los bidones al año, “pero la fecha del vencimiento del bidón es a tres años”. Tampoco coincidió con la doble autoridad de aplicación –Ministerio de Ambiente y de Agroindustria-.

“No se puede sancionar un proyecto de cualquier manera por el apuro que tengamos, el tema de la multa hay que arreglarlo”, instó el titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja.

Graciela Cousinet (Libres del Sur-Mendoza) presentó su dictamen en minoría. “Creemos que esta ley está hecha a medida de Monsanto y de Bayer. Seguramente quieran hacer la ley más permisiva para los sembradores de soja y maiz transgénico”, fustigó.

Para la diputada se trata de “un retroceso vergonzoso”, al considerar que la ley desclasifica a los envases de agroquímicos, como residuos peligrosos, dejando a la sociedad en una plena “orfandad jurídica”. Sobre el triple lavado consideró que no elimina los residuos tóxicos, sino que reduce los mismos.

También rechazó que no se tome en cuenta la potestad de las provincias para autorizar el transporte de estas sustancias peligrosas, como así también, la doble autoridad de aplicación. “Prefiero que no haya ley porque tenemos ya la Ley de Residuos Peligrosos”, sentenció.
Por su parte, Pablo López (FIT-Salta), también con un dictamen en minoría, aseguró que el problema es que hay que empezar a debatir “la utilización de los agrotóxicos”. Pero la sospecha del diputado de izquierda es que “el gobierno quiere hacer una ley totalmente permisiva”. Así apuntó contra los pooles de siembra, las empresas que producen los agroquímicos y los laboratorios.

El diputado de izquierda señaló que, según el proyecto, hay “13 mil toneladas de envases vacíos de agrotóxicos que están deambulando por el país y están generando un problema ambiental”. Pero también dijo que se trata de “un cheque en blanco para la reglamentación, que va a ser favorable para las empresas que fabrican estos agrotóxicos”.

López agregó que la iniciativa no contempla aquellos trabajadores que manipulen esos envases vacíos y que, implícitamente, no se los desclasifica como residuos peligrosos. “Deben ser los fabricantes y los comercializadores lo que paguen para financiar una gestión de esos envases”, concluyó.

Por el interbloque de Cambiemos, Mario Barletta (UCR-Santa Fe) dijo que se trata de un proyecto que “sienta las bases para cuidar la salud humana” y agregó que, según AAPRESID, “La aplicación de glifosato generó la utilización de 13 millones de envases y de 7 millones de bidones”.

“Los productores agropecuarios tienen consciencia del daño que causan,” y por eso consideran que hay que establecer normas, aseguró el ingeniero en recursos hídricos. Luego informó acerca de los daños causados por los envases vacíos cuando quedan sueltos, y rescató que el proyecto “fue trabajado por los que entienden de aspectos ambientales, industriales y agropecuarios”.

“Con este proyecto de ley queremos ponerle fin a este conflicto moderno por la desinformación” y compartió aspectos mejorables en la ley, pero objetó que “buscando la perfección perdemos la oportunidad”. Y sugirió que esas dificultades pueden ser analizadas por el Poder Ejecutivo o con alguna propuesta alternativa de modificación “porque nos podemos arrepentir”.

Desde el kirchnerismo, Luis Basterra (FPV-Formosa) adujo que “la realidad exige inteligencia y consenso porque es difícil compatibilizar intereses diversos” y por encima de estos, “que no impacte, ni sobre la salud, ni sobre el medioambiente”.

El diputado por la oposición aclaró que “Los costos del sistema van por sobre el generador del fitosanitario”, y precisó que esa responsabilidad recae en quien generó el producto. Pero también destacó que se trata de una ley de presupuestos mínimos que permite asegurar los tres pilares de la sustentabilidad.
Por el justicialismo, Alejandro Snopek (Justicialista-Jujuy) tuvo en cuenta el concepto de sustentabilidad y la regionalización del tratamiento de los envases (CAT). Sin embargo, sobre la iniciativa en debate, objetó la interjurisdiccionalidad porque “avanza sobre las decisiones autónomas de las provincias que tienen la potestad sobre cuestiones del medioambiente”. Pero tampoco coincidió con las multas, “que son muy onerosas”, si son para los productores.

A continuación, Carlos Rubín (Justicialista-Corrientes) recordó dos jóvenes que murieron producto del mal uso de los agroquímicos, aunque consideró que es mejor que exista una Ley, aunque “nos queda gusto a poco”, porque no contempla los productos químicos que se utilizan en la producción ganadera. Pero también objetó que se regula el envase, pero no el contenido y por eso bregó por una urgente ley de aplicaciones.

El agrónomo, Juan Casañas (Del Bicentenario-Tucumán), consideró “lamentable” la orden de aprobar este proyecto. “No logró dimensionar el poder de lobby del Ministerio de Agroindustria”, sentenció, enojado porque prefirieron que “predominen los acuerdos de pasillo al debate franco y constructivo”. “Esto no es poner palos en la rueda sino pensar diferente”, se defendió el diputado. Técnicamente objetó las sanciones y adujo que el proyecto vulnera las autonomías provinciales.

Desde el PRO, Juan Carlos Villalonga (PRO-CABA) destacó que se trata de una Ley de Presupuestos Mínimos, necesaria ya que “hoy reina un caos sobre la gestión”. Pero también ofició de informante al aclarar que no desclasifica estos envases, aunque objetó la interjurisdiccionalidad y el doble comando de las autoridades de aplicación. En la misma línea, María Paula Lopardo (PRO-CABA) también aclaró que los CAT no pueden ser instalados en cualquier lugar, y que el triple lavado elimina el 99,99% de la toxicidad del envase.

Desde el radicalismo, Francisco Torroba (UCR-La Pampa) consideró que el proyecto “viene a llenar un vacío legal de larga data en la Argentina” y fija la responsabilidad en toda la cadena. Pero no coincidió con el doble comando, con respecto a las multas “exorbitantes” y que “violan el principio de racionalidad y proporcionalidad que tiene que tener el derecho” y las sanciones.

El último orador fue Alex Ziegler (Libertad, Valores y Cambios-Misiones) que acompañó las palabras de Luis Basterra que defendió la versión original del proyecto, para evitar demoras en caso de modificarse, y que vuelva al Senado. También pidió tener en consideración las realidades particulares de los productores de cada región, que contempla el proyecto”.

Fuente: Barbechando