El lei motiv de esta celebración nos lleva a repensar varias de nuestras experiencias vividas a lo largo de estos 17 años promoviendo el fortalecimiento de los poderes legislativos a través del diálogo, la transparencia y el acceso a la información pública. En este recuento de experiencias, desde la primera publicación de nuestro Directorio Legislativo, en 1999, hasta hoy, seis personas distintas presidieron la Cámara de Diputados y otros seis la de Senadores (excluyendo el juego de las sillas de diciembre de 2001). Hubo radicales puros, frepasistas, peronistas-duhaldistas, peronistas-semi menemistas, kirchneristas y ahora de PRO.
Desde ese año (en que publicamos nuestra primera edición del Directorio Legislativo) hasta hoy, ninguno de los presidentes pertenecientes a los partidos de mayor representación en la Argentina, de un lado u otro del Congreso, nos facilitó la información. Nunca.
Desde ese momento fueron muchos los esfuerzos que se hicieron para acceder a esos datos. Primero fuimos por una ley de acceso a la información que incluyera al Poder Legislativo. Tuvieron que pasar 15 años, durante los cuales empujamos por la reglamentación de ese derecho, para que recién se perfile la sanción definitiva de un proyecto de ley que lo contemple.
Luego, fuimos por las declaraciones juradas, pidiéndoselas uno a uno a los legisladores porque las cámaras las negaban. En 2002 y 2003 armamos redes de voluntarios que golpeaban los despachos de cada legislador para exigirlas. Luego conseguimos que las cámaras nos entregaran esos documentos, pero siempre un año después del pedido original. En 2013, hicimos una aplicación interactiva con la información acumulada durante 10 años, pero algunos partidos se pusieron de acuerdo para restringir la ley vigente y hoy podemos acceder a menos información que antes en cada declaración jurada.
También elaboramos, en 2010, el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa que fue medido en 2012 y en 2014. En la primera medición, el Congreso argentino salió último respecto de los demás países medidos (Chile, Colombia, Perú y México), en todas las variables. En la segunda edición, con más países medidos, seguimos abajo, sólo que empezamos a compartir cartel con quienes no habían sido evaluados, como Venezuela y Ecuador.
Como resultado de estos índices armamos un grupo de trabajo con las presidencias de Diputados y del Senado de ese momento. Trabajamos documentos de prioridades, comentamos reglamentos, identificamos los mejores espacios de colaboración. Pero la información, nunca apareció.
Durante todos estos años, en varios momentos las ONGs pedimos información de manera individual ante ambas cámaras y litigamos cuando se nos fue denegada. Pero en 2014, sumamos todos los pedidos e iniciamos juntos un recurso de amparo ante cada cámara. Hoy esos dos pedidos se encuentran en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero los datos todavía no están.
Luego de estos 17 años, y con motivo de esta celebración mundial de procesos legislativos abiertos y participativos, desde Directorio Legislativo seguimos pidiendo esta información, continuamos recomendando políticas internas de apertura e intentamos ayudar a que el Congreso Nacional, y también nuestras legislaturas provinciales, se integren -al menos- al debate global de Parlamento Abierto. Sólo así lograremos avanzar en la adopción e implementación de compromisos de apertura que puedan dar respuesta a muchos de los reclamos de transparencia por parte la sociedad a sus representantes.
