Pese a que agosto marcará uno de los niveles de inflación más bajos de los últimos tiempos -en gran medida por la marcha atrás de los aumentos de tarifas-, la conflictividad ha seguido creciendo y ha ganado la calle. Hay coincidencia entre analistas de opinión pública y buena parte de la dirigencia política en que la mayoría de los piquetes de días recientes reconoce más motivaciones políticas que reivindicaciones sociales.

El 65% de la población considera que la totalidad de los piquetes y cortes de calles tienen como único fin desestabilizar al Gobierno. Sólo el 38% se manifiesta de acuerdo con la idea de que algunos cortes de calles reclaman cosas justas, en tanto que el 48% se muestra en desacuerdo con ese criterio. Un abrumador 83% de los argentinos considera que para reclamar no hay que cortar calles por cuanto se perjudica a la mayoría. Y respecto de quién cree que organiza los piquetes y los cortes, apenas el 8% menciona a "gente que necesita reclamar algo", mientras que el 48% responsabiliza al kirchnerismo y el 29% alude directamente a Cristina Fernández de Kirchner.

Tales son las conclusiones que surgen de un estudio de opinión pública realizado por la consultora santafesina Retamar & Asociados entre el 25 y el 29 de agosto en la Capital Federal, el Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, para el cual consultó telefónicamente a 2000 personas mayores de 18 años. El trabajo está en sintonía con otros anteriores que exhiben el fuerte rechazo de la ciudadanía a las medidas de fuerza que obstaculizan la libertad de circulación de los demás.

Este cuadro general de la opinión pública ante la metodología de las protestas no desconoce que en los últimos meses la situación de algunos sectores de la población se ha agravado. Especialmente, la de un segmento que vive del trabajo informal y la de otro grupo que reúne un ingreso familiar que ronda los 20.000 pesos mensuales, pero ha visto caer sensiblemente su poder adquisitivo como consecuencia de la inflación.

Hay múltiples indicadores de este "bajón" que se verifica en amplias capas de las clases media y media baja. Encuestas sobre hábitos de consumo a las que accedieron jefes comunales del Gran Buenos Aires alineados con el frente Cambiemos reflejan que en el área metropolitana y el conurbano el 21,5% declara que dejó de comer carne, el 64,9% redujo compras de ropa y calzado, y el 45% decidió eliminar salidas a comer afuera.

Entre dirigentes macristas del conurbano bonaerense se ha manifestado especial preocupación por este último sector, que en un alto porcentaje votó a Mauricio Macri en las elecciones presidenciales. Por el momento, no advierten que alguna otra fuerza política esté pudiendo capitalizar el descontento de ese grupo social. Sin embargo, comenzó a cundir cierto temor entre los hombres de Cambiemos a partir de los encuentros cada vez más cercanos entre Sergio Massa y Margarita Stolbizer.

No es ésta una cuestión menor. En el macrismo se sabe que el resultado de las elecciones legislativas del año próximo será decisivo para la consolidación o no de un proceso de inversiones productivas que este año muy difícilmente se generará. Si el oficialismo se impone en esos comicios de medio término, los agentes económicos y los inversores podrían asumir que habrá un ciclo político de ocho años por delante. En cambio, si pierde, se acortará ese horizonte y las decisiones de inversión se demorarán aún más. Y lo que ocurra en la provincia de Buenos Aires resultará capital.