Ese sobrenombre es la señal de dos crisis. Y condensa dos de sus principales desafíos. "Juanjo" Aranguren, el ministro de Energía, es el rostro de una dificultad objetiva que el Gobierno, por torpeza y obstinación, agigantó: la necesidad de pasar de una sociedad hipersubsidiada a una más competitiva.

Macri heredó una economía que sacrificó la inversión y el ahorro en el altar del consumo. Este rasgo, que caracterizó a toda la gestión de los Kirchner, fue más acentuado en el sector de la energía. La transición hacia un nuevo orden alimenta un debate que el fallo de la Corte Suprema sobre las tarifas no cerró. Al contrario. El Gobierno tiene en su agenda un problema nuevo e inquietante: las audiencias para determinar los nuevos precios no sólo incidirán en la ecuación fiscal. Serán también un ágora ideal para la confrontación política.

El jueves pasado irrumpió en escena un nuevo "Juanjo": Gómez Centurión. Director de la Aduana, fue suspendido de ese cargo a raíz de una denuncia que recibió Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Se trató de una grabación anónima, en la que un presunto colaborador de Gómez Centurión dice haberse ganado su confianza para extorsionar a importadores. Ese registro, publicado por el portal Infobae, fue editado. Aparece intercalada la voz del funcionario, extraída de mensajes cuyo destinatario no fue aún identificado.

Macri ordenó investigar lo que pasó. La justicia federal ya abrió una causa. Mientras tanto, el director de la Aduana denunció ser víctima de una operación mafiosa de ex servicios de inteligencia vinculados al contrabando y al comercio clandestino de efedrina. Esta afirmación de Gómez Centurión se vuelve verosímil a la luz de muchos antecedentes.

El argumento del funcionario suspendido es que las imputaciones pretenden impedir sus pesquisas en la Aduana. Remite a tres actividades. Gómez Centurión estuvo hasta ahora detrás del destino de varios containers con cargamentos de efedrina, que entraron al país de manera ilegal y fueron derivados a depósitos fiscales todavía no identificados. No hace falta consignar la extrema sensibilidad de estas diligencias en el contexto de la causa que se sigue por el triple crimen de Quilmes/General Rodríguez.

Estos procedimientos provocaron la remoción de Andrés Jorge Pino, uno de los responsables de la Aduana de Ezeiza. Esa decisión produjo una reacción sospechosa. Un funcionario de la AFI, Eduardo Miragaya, se comunicó con Gómez Centurión para pedir que suspendiera el traslado de Pino. Miragaya es un fiscal incorporado a la ex SIDE por la subdirectora Silvia Majdalani.

El pedido de Miragaya es llamativo. A él se le atribuye haber negociado la declaración judicial del narcotraficante Ibar Pérez Corradi, extraditado desde Paraguay. La AFI tuvo una intervención directa en la presentación de Pérez Corradi: uno de sus funcionarios, Diego Biorci, cuñado de Majdalani, habría ido a Asunción para discutir los términos de la entrega. Ese traslado, al parecer, desencadenó el alejamiento del coronel Raúl Bertoia, jefe del área exterior de la agencia. La aparición de Pérez Corradi provocó una conmoción en el oficialismo. Fuera del contexto en el que se lo indagaba, relató, citando a un preso que hace ocho años habría escuchado a otro preso, que Ernesto Sanz había sido sobornado para acusar en el Consejo de la Magistratura a un controvertido juez que terminó siendo removido.

Miragaya está en la AFI por su vinculación con Majdalani. Y Majdalani llegó allí, entre otras razones, por su estrechísima amistad con Francisco Larcher, el hombre fuerte de esa oficina durante el kirchnerismo. Estas relaciones llevan hacia otro de los conflictos que vuelven convincente la denuncia de Gómez Centurión. El funcionario explicó ayer que la acusación anónima que recibió puede ser una reacción a su investigación por contrabando contra la empresa de depósitos fiscales TCT, a la que le revocó la licencia. Entre los socios de esa empresa estuvieron Luis "el Gaita" Álvarez y Damián Sierra.

Sierra falleció hace poco. Era funcionario de la Aduana. Estaba en pareja con la titular de ese organismo durante la gestión de Ricardo Echegaray en la AFIP, Silvina Tirabassi. Sierra ganó notoriedad cuando se lo identificó como el dueño de una lujosa posada en Buzios. Y, más tarde, cuando se detectó que fue quien sacó a Antonio Stiuso del país después de que declaró en la causa Nisman por primera vez. Realizaron ese viaje en una Grand Cherokee que figuraba a nombre de la empresa House to House, cuyo vicepresidente había sido detenido como narcotraficante en una causa a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Importaciones clandestinas

A través de estas vinculaciones, las acusaciones de Gómez Centurión contra una mafia de contrabandistas y ex espías resucitan la denuncia penal que formuló Oscar Parrilli, el jefe de la AFI que desplazó a Stiuso y a su superior, Larcher, el amigo de Majdalani. En febrero de 2015, Parrilli informó que un grupo de agentes liderados por Stiuso, Nicolás Mercado y el delegado de Inteligencia en Ezeiza, Alejandro Patrizio, realizó importaciones clandestinas por más de 100 toneladas, a nombre de la ex SIDE, entre 2013 y 2015.

La denuncia fue radicada en el juzgado penal tributario de Rafael Caputo. Se ignora si la dirección jurídica de la AFI sigue impulsando la causa, que ahora recobra significado.

Hubo otro vínculo entre contrabando y espionaje: Alan Bogado, el agente inorgánico de la ex SIDE acusado por Nisman de filtrar información a Irán, operaba en la Aduana a las órdenes de Stiuso, según él mismo declaró. Otra coincidencia: Maximiliano Rusconi, ex abogado del joven que entregó el arma con la que apareció muerto Nisman, Diego Lagomarsino, acaba de demandar a Gómez Centurión.

Macri está ante un enorme reto. Suspendió a Gómez Centurión, quien desde su paso por el gobierno porteño ganó fama de incorruptible, por una acusación anónima. Pero la defensa que ahora esgrime ese funcionario insinúa un problema mucho más grave: la oscura continuidad de vínculos mafiosos a través de los organismos de inteligencia. Si Gómez Centurión fue atacado con la complicidad de funcionarios de la AFI por desarmar una trama de contrabando y narcotráfico, Macri deberá resolver no sólo qué hace con la Aduana, sino también con su oficina de Inteligencia.

Frente a esta descomposición del tejido estatal, el problema ligado a las tarifas, asociado al otro "Juanjo", parece menor y provisorio. Igual, el Gobierno está alarmado. Las audiencias públicas, que de haberse realizado en febrero habrían pasado inadvertidas, se han transformado, desde el fallo de la Corte, en la plataforma de una disputa de poder.

La principal dificultad es que, más allá de cualquier debate técnico, es imposible pensar que el Ministerio de Energía que conduce Aranguren pueda llegar al 16 de septiembre, fecha de la asamblea para tratar el aumento del gas, con el mismo cuadro de tarifas. Por razones políticas, deberá modificarlo.

El otro riesgo es que la audiencia se demore por una ola de objeciones procesales. Mario Quintana y Gustavo Lopetegui quedaron a cargo de la organización. Dependen de la Corte tanto como antes: el tribunal está en condiciones de limitar o consentir lo que para el oficialismo puede ser un sabotaje a repetición. En la discusión sobre el gas, pero también sobre la electricidad, la velocidad es crucial. Si la reunión se va prorrogando, comienza a haber margen para otro tipo de reclamos: amparos de consumidores industriales o comerciales, por ejemplo.

Aquí está la raíz de por qué los funcionarios han sido tan respetuosos del fallo del jueves pasado. El argumento más reiterativo fue el de Marcos Peña: "Al anular un cuadro tarifario por no realizar audiencias, dejaron en vigencia otro cuadro tarifario para el que tampoco se realizaron audiencias". Los jueces dan una respuesta formal para esa ironía: los precios fijados por Cristina Kirchner no fueron objetados más que en presentaciones muy acotadas.

El pronunciamiento de los máximos magistrados del país fijó una interpretación general del ajuste de tarifas y de la forma de convalidarlo frente a los consumidores. Fue poco detallista en términos jurídicos. Por ejemplo: el decreto 367/2016, en el que el Gobierno justifica la suspensión de esas consultas, no aparece mencionado en todo el texto. Y tampoco hay una explicación sobre la eventual inconstitucionalidad de la ley 25.790, que puso entre paréntesis el marco regulatorio del gas. A los jueces les alcanzó con referirse a "ciertos textos normativos" para liquidar el problema que plantea esa trama reglamentaria.

Para Macri el principal perjuicio de la sentencia es que legitima las demandas sin hacerse cargo de los costos. La discusión que se reabrirá a propósito de las audiencias. El oficialismo está ante el desafío de presentar el aumento de precios como una quita de subsidios muy poco equitativa: la convalidación de las actuales tarifas es también la convalidación de que el 10 por ciento más rico de la población recibe el 20 por ciento de la ayuda. Y el 10 por ciento más pobre, sólo el 8.

Macri experimenta una contrariedad especial frente a las tormentas que lo sacuden. Aprecia a los dos "Juanjos" más que a otros funcionarios. Ambos comparten un rasgo que él aprecia en el ejercicio del poder. Aranguren es cabeza dura. Tanto que soportó sin pestañear más de 80 querellas penales de los Kirchner. Gómez Centurión en su vida anterior, en el Ejército, fue comando. Lo condecoraron al heroico valor por su comportamiento en la Guerra de Malvinas. Los dos deliberan poco. Son casi talibanes.