Las luces amarillas provenían de distintos rincones del Gran Buenos Aires. Concretamente, de un sector de clase media y media baja que comenzó a expresar su descontento con la gestión de Mauricio Macri. Se trata de un segmento social que se caracteriza por un ingreso familiar cercano a los 20.000 pesos mensuales en promedio y que hoy comienza a ver deteriorado su poder adquisitivo, como consecuencia del proceso inflacionario. Es un grupo, caracterizado como C3 en la pirámide socioeconómica, que no recibe subsidios ni es beneficiario de planes sociales y que, para colmo, había empezado a recibir facturas de luz y gas con fuertes aumentos, que incrementaron su mal humor. La inquietud advertida en hombres del oficialismo derivaba, precisamente, de que en ese sector hubo muchos votantes de la alianza Cambiemos en las últimas elecciones.
Es probable que el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto
los aumentos en las tarifas de gas para los usuarios residenciales, ayude a
descomprimir algo la tensión que afectaba a ese sector social. Quizás sea ésa
una de las buenas noticias que le deja al gobierno de Macri el cachetazo que le
infligió ayer el máximo tribunal.
La sentencia y la posterior reacción de Marcos Peña, Germán Garavano y Juan José
Aranguren dejaron otro dato positivo. El fallo pareció cerrar, al menos
parcialmente, un capítulo de enorme conflictividad e incertidumbre, y sugerir
que lo que vendrá en materia de tarifas resultará algo más previsible para
todos. A su vez, el anuncio del Gobierno de que se acatará la decisión de la
Corte y de que se convocará rápidamente a audiencias públicas para debatir la
política tarifaria transmite la sensación de que las instituciones y la división
de poderes funcionan. Algo que no es menor tras muchos años en que el Poder
Ejecutivo desconoció ese elemental principio republicano.
Aun así, el fallo proyecta no pocas sombras en el horizonte del Gobierno. Si
bien los funcionarios de Macri pueden festejar que el aumento del gas se dejó
sin efecto en hogares pero no en empresas, por lo que el freno al tarifazo sólo
se aplicará sobre un porcentaje que puede variar entre el 25 y el 30 por ciento
del consumo de los usuarios, hay dos cuestiones que provocan incertidumbre. La
primera es que no pocas empresas, especialmente pequeñas y medianas, pueden
desatar una nueva avalancha de reclamaciones judiciales para que se les confiera
la misma protección que la Corte dio a los usuarios residenciales. La segunda es
que, luego del freno a la suba del gas, se abre la posibilidad de que los
incrementos en las tarifas de energía eléctrica, agua y hasta la telefonía fija
sigan igual camino, mientras no se realicen audiencias públicas.
Los nubarrones en el horizonte macrista amenazan la política fiscal. El propio ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, se encargó en los últimos días de ponerlo de manifiesto cuando sugirió que, si se frenaban los aumentos tarifarios de gas y de luz, habría que limitar la ejecución de las obras públicas previstas, para cumplir con la meta de déficit fiscal primario del 4,8% del PBI. Las otras alternativas son recurrir a un mayor endeudamiento o bien a una emisión monetaria que generaría un grave retroceso en la difícil lucha contra la inflación, justo cuando ésta empezaba a mostrar algún pequeño resultado positivo.
Quedará la duda sobre cuántos problemas se hubieran evitado si Macri convocaba de entrada a audiencias públicas para avanzar con las tarifas. Lo único cierto es que nada será sencillo para su gobierno, con la actual relación de fuerzas, y que quedar atado a una lógica de todo o nada no será la solución.