El juez Claudio Bonadio abrió las puertas para que la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner y Héctor Timerman, entre otros, por encubrimiento de los culpables del atentado contra la AMIA, sea investigada en su propio juzgado. Por otro lado, la Cámara Federal de La Plata estableció que mañana tratará la apelación del gobierno nacional a la decisión que suspendió en todo el país el aumento en las tarifas de gas. La Cámara deberá decidir si acepta la apelación y traslada el caso a la Corte Suprema de Justicia o la rechaza. El pasado y el presente de la política argentina parecen definirse en los despachos de los jueces.
La denuncia de Nisman recayó en su momento en el juzgado de Daniel Rafecas,
pero este magistrado desestimó la presentación del fiscal. Ayer también la AMIA
se presentó ante Rafecas para pedir la reapertura de la denuncia de Nisman,
hecha por éste pocos días antes de su extraña muerte. La decisión de Rafecas fue
homologada luego por la sala más cuestionada de la Cámara Federal con un fallo
firmado por los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, quienes ordenaron
su archivo. El camarista Eduardo Farah firmó en disidencia porque estaba a favor
de investigar la denuncia de Nisman, pero quedó en minoría.
La situación actual de la causa es un poco extraña. El fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes pidió en una dura y clara presentación ante la Cámara de Casación la nulidad de la decisión de Ballestero y Freiler. El fiscal de Casación Javier De Luca (de Justicia Legítima) suscribió, en cambio, las decisiones de Rafecas, Ballestero y Freiler y pidió que la causa sea archivada. Los jueces de Casación Luis María Cabral y Juan Carlos Gemignani escribieron una frase no usual en los dictámenes judiciales: "Tomar razón del desistimiento fiscal". Nada más. Es decir, tomaron nota de que De Luca había pedido el archivo de la causa, pero no ordenaron su archivo. El tercer voto correspondió a la jueza Ana María Figueroa (también de Justicia Legítima), quien resolvió directamente que sea archivada. Como la mayoría de la sala no ordenó su archivo, la causa no está archivada. "La causa está abierta", dijeron ayer en los tribunales. Se sabe, además, que el fiscal Moldes tiene escrita una nueva presentación en la que reclama la nulidad de la decisión de Ballestero y Freiler y pide que se ponga en marcha la investigación de la denuncia de Nisman. Moldes estaría esperando el momento oportuno para formalizar su presentación.
En ese contexto, Bonadio aceptó ayer como querellantes en una causa contra Timerman por traición a la patria a dos familiares de las víctimas de la AMIA, Luis Czyzewski y Mario Averbuch. La causa de Bonadio se abrió luego de que trascendió la grabación de una conversación telefónica entre el entonces canciller y el presidente de la AMIA. Ante un reclamo de éste por la firma del tratado con Irán, Timerman le contestó, con otras palabras, que lo mejor era negociar con quienes habían puesto la bomba. Esto es: el canciller aceptó que el atentado lo había perpetrado el gobierno iraní y que, por eso, él había firmado el tratado para buscar la verdad. Un abogado presentó la denuncia contra Timerman por traición a la patria. Bonadio avanzó bastante en la investigación de esa causa y le pidió a Rafecas que le enviara copia de la presentación que en su momento hizo el fiscal Gerardo Pollicita.
En rigor, fueron dos los fiscales que tomaron en serio la denuncia de Nisman o que, al menos, consideraron que debía ser investigada. Fueron Moldes, fiscal de cámara, y Pollicita, fiscal de primera instancia. El problema de los dos es que esas causas terminan en la Cámara de Casación, donde gran parte de los fiscales pertenecen a Justicia Legítima y tienen un adscripción ideológica con el gobierno que se fue. "Nisman no tuvo suerte ni después de muerto: terminó en manos de Ballestero, Freiler y De Luca", dijo ayer un fiscal. Ballestero y Freiler son camaristas que arrastran un gran desprestigio, y De Luca prefiere quedar bien con su ideología antes que con sus obligaciones.
La decisión de Bonadio de ayer podría sacar la presentación de Nisman de manos de Rafecas, que siempre dijo que no había pruebas en la denuncia del fiscal muerto, para hacerla recaer en su despacho. Si bien la denuncia de Nisman es mucho más antigua que la que tiene Bonadio, la de éste se encuentra mucho más avanzada que la de Rafecas. En verdad, la de Rafecas, que es la denuncia original de Nisman, no progresó nunca a pesar de los esfuerzos de los fiscales Pollicita y Moldes. Bonadio tiene otro estilo: le da un ritmo mucho más rápido a sus investigaciones y no cierra nada hasta no investigar todo. Si la denuncia de Nisman cayera al final en poder de Bonadio, Cristina Kirchner tendría más motivos para profundizar la preocupación sobre su futuro personal, que ya es grande.
También hay preocupación, aunque por razones políticas, en el Gobierno. La Justicia deberá definir la situación de los aumentos de las tarifas de servicios públicos. La Cámara Federal de La Plata, que suspendió los aumentos de las tarifas de gas en todo el país, decidirá mañana si envía a la Corte Suprema la apelación del gobierno. Sería muy difícil que rechazara la apelación del gobierno de Mauricio Macri, pero, aun si lo hiciera, a la administración le quedará siempre la posibilidad de recurrir en queja al máximo tribunal de justicia del país. El tema de las tarifas, y no sólo las del gas, recalarán de cualquier forma en la Corte Suprema. La vieja jurisprudencia del tribunal indica que la Justicia no es la que fija las tarifas de los servicios públicos, sino el poder político. Siempre y cuando, claro está, se cumpla con la ley.
La principal objeción que la Cámara Federal de La Plata hizo a los aumentos es que, precisamente, no cumplieron con la ley, que establece que los aumentos en el precio de los servicios públicos deben pasar por una audiencia pública. El contenido de las audiencias públicas no es vinculante con la decisión final, pero su realización es obligatoria. Éste es un criterio con el que difícilmente esté en desacuerdo la Corte Suprema. Es probable que el máximo tribunal tenga la vocación de ayudar institucionalmente al Gobierno, pero dentro del cumplimiento de las leyes vigentes. El Gobierno deberá convocar, entonces, a audiencias públicas para explicar sus aumentos.
En ese contexto, el jefe del bloque de senadores peronistas, Miguel Pichetto, criticó la judicialización del conflicto de las tarifas públicas con un argumento que no es fácil de rebatir: "Que la Justicia fije las tarifas de los servicios es una deformación grave de los roles institucionales. Es el Poder Ejecutivo el que debe resolver sobre las tarifas y lo debe hacer legalmente para no dar lugar a la intervención judicial".
Pero la judicialización ya está. Una decisión que también deberá tomar la Cámara de la Plata es si le da carácter suspensivo a su decisión en caso de aceptar la apelación del Gobierno. La resolución del tribunal platense no fue una cautelar, sino una decisión de fondo, que podría suspenderse mientras lo trata la Corte o seguir vigente hasta que ésta tome una decisión. Y lo que la Corte Suprema deberá resolver en su momento, si es que respalda las facultades del Poder Ejecutivo de fijar las tarifas luego de las audiencias públicas, es si los aumentos serán retroactivos o no.
A primera vista, puede suponerse que no serán retroactivos, sobre todo si prevaleciera en la Justicia la idea de que el Gobierno no cumplió con la ley al no convocar a las audiencias públicas.
Si los aumentos fueran retroactivos, a gran parte de la sociedad le caerá una enorme deuda por varios meses de aumentos no aplicados. Podrán instrumentarse formas de pagos, pero a nadie le gusta encontrarse con una deuda que no contrajo. Si no fueran retroactivos, el problema lo tendrá el Gobierno, porque durante gran parte del año habrá seguido pagando subsidios al consumo de gas y luz. El alto déficit fiscal, que se debe en gran parte a esos subsidios, seguirá siendo alto. El tema de las tarifas, sobre el que el Gobierno pagó ya varios precios políticos, no ha terminado todavía. Ni en su dimensión política ni su magnitud social.
