El gobierno nacional celebró las definiciones en la provincia, en especial
porque un tribunal de feria se animó a tomar una decisión difícil, aunque no
afecta al negocio eléctrico de las concesionarias Edenor y Edesur, las
distribuidoras eléctricas más grandes del país.
Ambas están bajo jurisdicción federal, por lo que las medidas judiciales se resuelven en ese ámbito. Sin embargo, lo consideran un buen precedente mientras esperan la definición con respecto a dos fallos clave de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata.
El 7 de este mes una medida cautelar de ese tribunal suspendió por tres meses
las resoluciones del Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, y
del ENRE (ente regulador del sector), por las que se fijaba un nuevo cuadro
tarifario para el ámbito geográfico de la provincia de Buenos Aires, que
afectaba a Edenor y Edesur. Su decisión no llegó hasta la Capital Federal.
La misma sala, también ese día, dispuso la suspensión de los aumentos del gas. El Gobierno presentó un recurso extraordinario para suspender ese fallo. El tribunal debe ahora definir si lo acepta o no, y de qué manera. Si lo hace con efecto suspensivo de su decisión, como espera el Ministerio de Energía, el Gobierno podría avanzar en la implementación final de los aumentos mientras la definición de la cuestión de fondo continúa su camino hacia la Corte Suprema, que tendrá la palabra final con respecto al tema.
Al respecto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, advirtió ayer que "tarde o
temprano habrá que pagar" el aumento de la tarifa del gas, e incluso instó a
"pagar ahora, para no tener que pagar todo después". "En este momento no están
las facturas definidas, hasta que no esté la resolución judicial, pero es
importante saber que esto hay que pagarlo", insistió Peña, en diálogo con radio
Mitre.
Escasa audiencia
Ayer por la mañana se hizo la primera audiencia pública para discutir los aumentos de la electricidad en la provincia, en uno de los gimnasios del subsuelo del estadio mundialista José María Minella, en Mar del Plata. No alcanzó a cubrir las expectativas que había generado. Apenas medio salón estaba completo. No más de 250 participantes, sobre 500 previstos. Asistieron funcionarios, representantes de distribuidoras, algunos referentes de asociaciones de consumidores y unos pocos particulares que pidieron la palabra.
La oposición más radical a la suba de tarifas prefirió quedarse a dos cuadras de la sala, del otro lado de la primera línea de los más de 200 policías que controlaron el desarrollo de la audiencia. Entre bombos y banderas, al frente de más medio millar de manifestantes, dirigentes gremiales que encabezaban la marcha opinaron que la audiencia fue "una farsa", le restaron legalidad y legitimidad y la consideraron "apenas una excusa" de las empresas y el gobierno para "aplicar el tarifazo".
Lo acontecido ayer estuvo bastante lejos de lo esperado. Había 160 expositores anotados, pero sólo medio centenar pasó por el micrófono para fijar postura.
Más allá de los reclamos y los cuestionamientos, también hubo algunas coincidencias. Se planteó aplicar tarifas "justas y razonables", con ajustes progresivos y que garanticen la sustentabilidad del servicio.
La cuestionada audiencia pública había encontrado vía libre esa misma mañana, minutos antes de su inicio, cuando el juez Francisco Terrier, titular del Tribunal Contencioso Administrativo N°3 de La Plata, rechazó un recurso de la ONG Consumidores Argentinos para que se impidiera el acto. Y el cierre coincidió con la difusión de otro fallo, en este caso de un tribunal de alzada también platense, que allanó la aplicación del ajuste de tarifas hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
El acta, más la copia taquigráfica de la audiencia pública de ayer, firmada por autoridades y unos 30 participantes, será presentada hoy a la Justicia para sumar elementos en búsqueda de una sentencia definitiva en la provincia.
"La audiencia pública es una instancia que fortalece la democracia y transparenta los actos de gobierno", anticipó Héctor Arce, titular del Oceba, al abrir la reunión que fue poco más que una formalidad.
Frente al paro, Edesur negó despidos
El jefe del sindicato Capital de Luz y Fuerza, Rafael Mancuso, anunció un paro a partir de hoy en Edesur, con el argumento de que la empresa despidió a 200 trabajadores contratados. En declaraciones Télam, Mancuso consideró "una burda provocación la actitud de Edesur, ya que estamos cumpliendo la conciliación obligatoria que dispuso el Ministerio de Trabajo hasta el 4 de agosto".
Edesur, por su parte, negó haber violado la conciliación "en ningún momento" y desmintió "rotundamente" que haya despedido a 200 trabajadores. El comunicado de la compañía agregó que la medida de fuerza afectará principalmente "los tiempos de reposición del suministro eléctrico de los clientes afectados e impedirá la normal atención en los salones comerciales".