El jefe de Gabinete, Marcos Peña , eligió ayer una oración breve para darles su consejo a los argentinos: "Hasta que no se resuelva el fallo, no hay que pagarlas".

Se refería nada menos que a las facturas de gas que llegaron en las últimas semanas con los aumentos de tarifas que el Gobierno empezó a aplicar el 1° de abril. La suba es la principal apuesta oficial para reducir los millonarios subsidios que el Estado vuelca a la economía, y también el escollo más grande con el que se encontró la administración de Mauricio Macri en los primeros siete meses de gestión.

Peña, el hombre de mayor confianza del Presidente, habló ayer durante la reapertura de Tecnópolis, en Villa Martelli. Sus expresiones, muy contundentes incluso desde la mirada de sus compañeros en el Gabinete, saldaron a nivel público discusiones que se vienen dando tanto dentro del Gobierno como en las compañías de gas.

El aumento, que provocó una oleada de fastidio, críticas y hasta un cacerolazo, fue frenado hace unos 10 días por la Sala II de la Cámara Federal de La Plata. Anteayer, ese cuerpo aprobó la apertura de la feria judicial para tratar un pedido del Gobierno, que rechaza su decisión. Eso acelerará la llegada del caso a la Corte Suprema, que deberá definir el futuro de las facturas de gas.

Mientras tanto, el usuario tiene al menos tres alternativas para decidir qué hace con la factura: no pagarla, como sugirió Peña; abonarla en su totalidad, o hacerlo parcialmente. Cada posibilidad entraña diferentes consecuencias.

La semana pasada hubo un encuentro entre Macri y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, por lo que se descarta que el máximo tribunal le dará el visto bueno al pedido del Gobierno.

Aumento de tarifas: ¿cual es el plan del gobierno?

La Corte, además, le pidió información a la administración nacional para avanzar sobre el tema.

Una parte del Gobierno espera que la cuestión se defina a más tardar en agosto. Ayer, sin embargo, surgieron otras interpretaciones del lado del sector privado.

Sostienen que la Corte podría evitar pronunciarse rápidamente al regreso de la feria judicial, porque sería un mensaje contraproducente (escaso análisis y preacuerdo con el Ejecutivo) para un tema tan polémico como el incremento en las facturas de gas.

Mientras tanto, los usuarios tienen varias opciones para enfrentar su factura, como no pagar la boleta, como recomendó Peña.

Según las empresas y los defensores de los consumidores, es una alternativa válida porque la suba de tarifas está frenada en la Justicia.

Además, las empresas no están enviando facturas ni cortando el servicio a quienes no lo paguen. Más aún: la facturación se frenó completamente en todo el país entre el jueves 7 y el viernes 8 de este mes. A tal punto que las empresas les piden a sus clientes que no reclamen si no les llegó.

Riesgos

Una fuente al tanto de esas operaciones sostuvo que las licenciatarias del servicio les dieron aviso a sus proveedores para detener la impresión y distribución de las boletas.

Esa decisión, sin embargo, entraña un riesgo para el consumidor: cuando se destrabe el tema, es posible que tenga que pagar una gran suma de dinero por los períodos adeudados, y no está claro si el Gobierno dispondrá que sea en cuotas o en un solo pago.

Por ejemplo, un usuario que tiene una factura promedio de $ 2500 podría estar obligado a desembolsar a fines de septiembre o principios de octubre unos $ 7500 por prestaciones que comenzaron en abril pasado. Ese monto no tendrá intereses ni penalizaciones por mora.

Quien quiera estar al día con los servicios, en tanto, puede abonar la totalidad de la factura. Cuando la Justicia se expida, las distribuidoras, como Gas Natural Fenosa, Metrogas o Camuzzi, tendrán la obligación de hacerle una nota de crédito si pagó de más.

Dos empresas ayer recomendaron pagar al menos un mes. Las nuevas facturas siguen siendo bimestrales, pero traen dos cupones de pago. El usuario puede pagar uno y esperar la definición de la Corte Suprema para ver qué hace con el restante.

Es un consejo interesado por parte de algunas compañías. Sucede que las molestias que desató la suba de tarifas, sumadas al cese de la facturación por parte de las empresas, estiraron la cadena de pagos. Eso se debe a que las distribuidoras tienen menos ingresos y, por eso, se les dificulta transferir fondos a las petroleras que producen el gas.

Vuelta a marzo

Esa situación llegó la semana pasada a un límite. La empresa Camuzzi Gas del Sur, que atiende a la Patagonia, decidió refacturar sus servicios a los valores anteriores al 1° de abril, es decir, sobre la base del viejo cuadro tarifario.

Es curioso: la empresa no recibía un ajuste sustancial en su ingreso desde hacía más de una década. Pero la marcha atrás en su facturación le permitirá ingresar fondos a su caja, algo que estaba frenado por medidas cautelares y recursos de amparo desde mayo pasado.

La maraña de marchas y contramarchas relacionadas con las tarifas de gas sumergió a las distribuidoras frente en un desafío burocrático. Aunque los usuarios no suelen recalar en esos temas, emitieron miles de facturas inútiles en una o dos ocasiones, según los casos.

Boletas con destino incierto

Las distribuidoras de gas suspendieron hace 10 días la impresión de facturas por la incertidumbre con respecto a las tarifas

El Gobierno espera que la Corte defina el tema el mes próximo, pero no está claro que ocurra tan rápido

La confusión con respecto a las facturas comenzó a resquebrajar la cadena de pagos en el sector. Las distribuidoras no cuentan con fondos para pagarles el gas a las empresas petroleras proveedoras