La Federación Agraria Argentina (FAA) se quedó con las ganas. La entidad le pidió una audiencia a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y desde el entorno de la funcionaria le respondieron que no la puede recibir por "cuestiones de agenda".

La semana pasada, Orlando Marino, secretario gremial de FAA, le mandó una carta a Michetti solicitando una reunión para avanzar en una agenda de trabajo en diversos temas, entre otros, políticas para los pequeños productores, proyectos de ley que tiene la entidad y para "tender lazos de diálogo para construir un país mejor".

Anteayer, desde el despacho de la vicepresidenta le mandaron a FAA un mail confirmando la recepción de la solicitud, pero diciendo que "lamentablemente no es posible coordinar una reunión" debido a "cuestiones de agenda".

Luego de esa respuesta, desde el despacho de Michetti le ofrecieron a la entidad que acerque "los proyectos que están interesados en impulsar".

Fuentes de FAA dijeron que causó malestar la negativa en conceder la audiencia.

Ayer, la entidad anunció que hará asambleas en todo el país el 16 y el 23 del actual y allí se evaluará la convocatoria a acciones gremiales.

"Acaba de iniciarse el tan mentado segundo semestre y seguimos arrastrando problemas que teníamos con el gobierno anterior", dijo la entidad, y detalló: "Los tamberos, los porcicultores y las economías regionales, siguen trabajando por debajo de los costos, al borde de la desaparición".

También precisó: "Se profundiza la brecha de precios entre lo que percibimos los agricultores y lo que pagan los consumidores. En trigo, los exportadores siguen decidiendo arbitrariamente los valores que nos pagan a los productores. El gasoil y los fletes están cada vez más elevados. La producción de granos soporta una alta presión tributaria, que sólo se soporta hoy, trabajando a gran escala. El conflicto por el abuso de posición dominante de Monsanto continúa sin resolverse. La Ley de Agricultura Familiar 27.118 aún no se ha reglamentado".

La entidad está molesta también por la flexibilización de la ley de tierras para los extranjeros que hizo el Gobierno mediante un decreto.