Producto de las constantes idas y venidas de las últimas semanas, ayer volvieron a verse las caras representantes del Gobierno nacional y la multinacional Monsanto, para intentar darle un cierre definitivo al conflicto desatado por el cobro de las regalías por el uso de su tecnología Intacta. Pero el esperado acuerdo aún no llegó, informó El Cronista.

Fuentes que participaron de la reunión expresaron a El Cronista que se trazaron varias vías de entendimiento, pero que hasta ahora no hubo un acuerdo definitivo.

Lo mismo confirmaron desde la empresa Monsanto, desde donde expresaron que “todavía no hay definiciones”, al tiempo que destacaron la voluntad de diálogo entre las partes.

El punto de mayor conflicto pasa por que el control de las semillas, que se realiza en los puertos. Monsanto estableció un sistema de inspección que según el Gobierno no debería ser llevado a cabo por un privado, sino por el Instituto Nacional de Semillas (Inase), un organismo descentralizado de Agroindustria. Desde el Gobierno, quieren ellos reivindicar el poder de policía y de fiscalización de la semilla, mientras que por el lado de Monsanto aspiran a recibir la información de manera inmediata, afirmó el director de una de las asociaciones que participaron de la reunión.

El punto es que, con este sistema, Monsanto ya no podría realizar una retención compulsiva al productor, como sucede hasta ahora, si detecta que utiliza su tecnología, y se pasaría a una instancia donde la empresa podrá reclamarle directamente al productor por la vía que considere oportuna, dándole tiempo al productor para que pueda presentar su descargo, algo que la multinacional rechaza.

Desde Agroindustria reivindican este sistema argumentando que se protegen los derechos sobre las tecnologías aplicadas a las semillas, ya que si se detectara una infracción, se aplicaría una sanción.

Según destacaron las fuentes, otro de los puntos en los que todavía tampoco se llegó a un acuerdo es la denominada cláusula Monsanto, sobre los contratos de compraventa de granos.

La situación comenzó a mediados de abril luego de que Agroindustria, que dirige Ricardo Buryaile, confirmara la decisión de que los sistemas de controles de los granos deben estar autorizados por el Estado, y dejara sin efecto el cobro de regalías a los productores.

A partir de allí, hasta el CEO de la multinacional Brett Begemann, reaccionó destacando en un comunicado que a pesar de que el gobierno argentino reconoció que estaba comprometido a apoyar un entorno propicio para la inversión y el desarrollo a largo plazo, a través del reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, las recientes acciones no son coherentes con esa posición”.

Producto de esta decisión, Monsanto decidió no vender nuevas tecnologías en el país, por lo menos hasta la segunda mitad del año. La compañía emplea de forma directa en el país a unas 1000 personas (entre 3000 y 4000 en forma indirecta).

En la reunión de ayer estuvieron presentes las distintas partes de la cadena productiva del agro, desde representantes de semilleras, acopiadores, cerealeras, exportadores, la Sociedad Rural, ejecutivos de Monsanto (como Juan Farinati, Presidente de Monsanto Argentina y Fernando Giannoni, director de Asuntos Corporativos de América del Sur) y del Gobierno, encabezados por Gustavo Lopetegui, coordinador del equipo económico.