El texto debe seguir abierto. En las próximas horas regresará de Estados Unidos Elisa Carrió, que volvió a recordar, a la distancia, que su apoyo no es incondicional. La discusión con Carrió será crucial. Ella expresó reparos que inquietan al radicalismo. Recién cuando se defina quedará establecido el umbral a partir del cual se pronunciará la oposición. La negociación con Carrió excederá la nueva ley. Macri sueña con disciplinar a su aliada sobre dos vínculos delicados: con el papa Francisco y con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

El momento no puede ser más oportuno. El jueves, Lorenzetti visitará a Francisco en Roma. Macri no quiere que esos planetas se alineen en su contra. ¿Concederá Carrió una tregua?

Para Cambiemos, la dificultad del blanqueo es evidente. Debe realizar un desagravio histórico hacia los jubilados para justificarlo. Y establecer un premio inédito a quienes pagan sus impuestos. El inconveniente es comprensible. El oficialismo actual fue muy crítico de las dos indulgencias de los Kirchner. Por eso su propuesta es tan distinta de las anteriores: fija penalidades y se encuadra en la normativa internacional sobre lavado de dinero. Aun así, hay un contratiempo que perturba a muchos legisladores del Gobierno.

La exhibición de bóvedas, financieras y cuentas en el exterior que sensibiliza a la opinión pública no ofrece el marco más alentador para un perdón generalizado a los evasores.

Carrió lo advirtió anteayer por radio: "No estoy de acuerdo con un blanqueo, salvo que no comprenda a funcionarios públicos y a empresarios que hicieron negocios con el Estado, porque si no blanquea Lázaro Báez". Será el debate de mañana en la Casa de Gobierno. El radicalismo coincide con Carrió: "Para qué vamos a opacar la reforma jubilatoria con un tema que puede ser interpretado como una defensa de la corrupción", se pregunta un diputado. En Pro arguyen lo contrario: si alguien que pasó por el Estado expone fondos que no había declarado y no los puede justificar, facilita el castigo judicial. Alfonso Prat-Gay y Alberto Abad mantenían hasta anoche una tesis intermedia: incluir a los ex funcionarios, pero extendiendo la obligación de presentar una declaración jurada.

Queda por resolver el problema de los empresarios, planteado por Carrió. Lázaro Báez, Cristóbal López, Enrique Eskenazi y otros grandes beneficiarios del kirchnerismo ¿podrán aprovechar el nuevo jubileo? Quienes elaboran el proyecto deberán aplacar a la opinión pública. Sin incurrir en otra aberración del gobierno anterior, que inventaba moratorias a medida.

Macri piensa hablar con Carrió también de Lorenzetti. El magistrado le hizo saber que iría a la televisión para contestar a la diputada, quien lo acusó de ser el jefe de una mafia, de estar asociado a Carlos Zannini y de haber planeado la salida de Carlos Fayt del tribunal. Macri logró detenerlo. Y prometió calmar a su aliada. Lorenzetti participará esta semana en el Vaticano de un seminario internacional de jueces sobre lucha contra las mafias, organizado, a instancias del Pontífice, por el arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo. En la trastienda transcurrirá otro seminario: los argentinos hablarán sobre Carrió. Sánchez Sorondo fue el encargado de contestar críticas de la diputada a Jorge Bergoglio.

Antes de que llegue a Roma Lorenzetti, Macri aspira también a calmar al Papa. Envió a Roma a Federico Salvai, mano derecha de María Eugenia Vidal, a celebrar que el próximo partido de fútbol por la paz se jugará en La Plata. Durante la mañana, Macri firmará un decreto de apoyo a la red educativa Scholas Ocurrentes, que ayer cerró su congreso. El subsecretario de Culto, Alfredo Abriani, viajó para expresar delante de Francisco el respaldo a esa institución. Habría sido el único pedido del Papa a Macri durante su gélida entrevista. El impulsor de la iniciativa es Marcos Peña. Es llamativo: la leyenda atribuye al jefe de Gabinete, sobrino del padre Rafael Braun, ser el motor de un conflicto con Bergoglio.

Macri busca quitar a la foto de Lorenzetti con el Papa cualquier matiz opositor. Aunque el juez y el líder de la Iglesia tienen otros temas de qué hablar. La Corte debe definirse en un caso delicadísimo para la Iglesia: la situación del sacerdote Julio Grassi, quien fue condenado por la justicia bonaerense a 15 años de prisión por abuso sexual de menores. A pesar de la condena, el Episcopado argentino cree en la inocencia de Grassi. Para demostrarla, encargó un examen crítico del proceso al penalista Marcelo Sancinetti. Es posible que Lorenzetti conozca ese texto, de varios tomos: la esposa de Sancinetti, Patricia Ziffer, es secretaria letrada de la Corte. No hace falta aclarar que, para Francisco, que condenó con muchísima firmeza los abusos cometidos por clérigos, la causa Grassi tiene una relevancia extraordinaria.

Las relaciones con Bergoglio y Lorenzetti no son las únicas cuestiones que Macri pretende tratar con Carrió. La diputada puso una gota de sospecha sobre la nueva declaración jurada del Presidente: "Veremos esto de Bahamas, me asusta un poco", adelantó desde Manhattan. Se refería a los 18 millones de pesos que Macri reveló atesorar en esa isla. La explicación del Gobierno es que el formato de los formularios de la jefatura de gobierno porteña impedía exteriorizar ese dinero.

La cuenta en Bahamas acaso sea lo menos objetable de la exposición de Macri. Más inexplicable es que se siga presentando como acreedor de Nicolás Caputo, que es contratista del Estado nacional. Sobre todo porque, para gente tan adinerada, se trata de monedas. Aunque en este aspecto, las cuentas del Presidente son risueñas. En los focus groups se lo condena por ser rico, pero si se examina su evolución patrimonial no ha hecho más que perder plata. Como bromea un amigo suyo, "el de Mauricio es un caso de empobrecimiento ilícito". También es simpático que se hable de constituir un fideicomiso ciego, a la Piñera, con bienes tan escasos.

Causa abierta

El problema de estos detalles es que existe el kirchnerismo. La causa abierta por los Panamá Papers registra una sorprendente actividad. El juez que la investiga es Sebastián Casanello, otro de los magistrados que viajarán al Vaticano. Va, como Lorenzetti, de la mano de Gustavo Vera. Es el legislador porteño más severo con la tragedia de Time Warp, otro caso en manos de Casanello. Vera, además, denunció a la segunda de la AFI, Silvia Majdalani, por lavado de dinero.

Casanello llega a Roma días después de que Leandro Báez, uno de los hijos de Lázaro Báez, lo recusó. A través de sus letrados, Claudia Balbín y Santiago Viola, denunció al juez por no investigar a Cristina Kirchner. Lo acusó, además, de haberse reunido con ella tres veces en Olivos. Una imputación que había dejado trascender Lázaro Báez desde la cárcel, y que LA NACION publicó. Una rareza: Leandro Báez cita notas periodísticas para informar sobre lo que hacía su papá. Se ve que en la familia hay incomunicación.

La clave, de todos modos, será escuchar a Lázaro, si es que la Cámara Federal le concede la audiencia que pidió. ¿Contará las reuniones de las que habla su hijo? ¿O se abrazará al primo del Presidente, Ángelo Calcaterra, con quien compartió negocios? Tal vez haga las dos cosas: a través de distintos abogados, Báez amenaza a distintos presidentes. Un Odebrecht en miniatura.

Casanello niega haber estado en Olivos y conocer a la señora de Kirchner. Graciela Ocaña pedirá hoy al Consejo de la Magistratura que determine quién dice la verdad. Ocaña está cerca de Macri: anoche se seguía estudiando su designación como interventora de la AFA, junto a Fernando Marín y Daniel Vila. El trámite depende de la Inspección General de Justicia, a cargo de Sergio Brodsky, un ahijado del presidente de Boca, Daniel Angelici, y del vicepresidente de Boca, Darío Richarte. El dúo Angelici-Richarte está cada día más activo: en estas horas promueve a Alejandro Catania como camarista penal económico, el fuero donde se penaliza el lavado de dinero.

Una paradoja: Ocaña pedirá que se investigue lo que afirmó la abogada Balbín, que defendió a Néstor Lorenzo, acusado por la propia Ocaña de liderar la mafia de los medicamentos. No es la única coincidencia. Balbín patrocina a Leandro Báez junto a su hijo, Santiago Viola. Es uno de los interventores designados por Rodolfo Canicoba Corral en el sindicato de marítimos. Viola convive allí con la diputada Gladys González, que reporta a Macri.

Hay infinidad de indicios para sospechar que Casanello protege a Cristina Kirchner. Entre ellos, la decisión de no detener a Martín Báez, a pesar de que estaba en la misma situación que llevó a la cárcel a su padre: venía en el mismo avión, también podía escaparse. La distinción plantea otra curiosidad. Escondido en el expediente, un informe policial afirma que Martín Báez acompañó a su padre hasta el aeropuerto de Río Gallegos y regresó al centro. La resolución de no detenerlo se habría basado en ese parte falso. Que Martín siguiera libre habría sido la condición de Báez para no complicar a la señora de Kirchner.

Ahora, Leandro Báez, a través de Balbín y Viola, vapulea a Casanello. Le imputa delitos que, de probarse, determinarían no la pérdida de la causa, sino del juzgado. Hay funcionarios que festejan la embestida. Les gustaría remover a Casanello. No porque apañe a los Kirchner, sino porque fastidia a Macri.

La causa por los Panamá Papers se está ramificando. El diputado Darío Martínez, del Frente para la Victoria, agrega todos los días nuevos elementos. De Fleg Trading, la sociedad que apareció en esos documentos, llegó a una firma asociada con China para la compra de chatarra. En cualquier momento Martínez se encuentra con De Vido. Los vínculos entre esas sociedades son los distintos Macri que figuran como directores. Otro kirchnerista, el fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, también agita el expediente. Su última ocurrencia: examinar la separación de bienes entre Macri e Isabel Menditeguy, ocurrida hacia diez años.