En el corazón de esa iniciativa está el blanqueo de capitales. Será presentado como un mecanismo para saldar deudas históricas en el frente previsional y federal. Macri habla de su proyecto como de una "ley fundacional". Quiere que sea el punto de partida de un reordenamiento de la seguridad social. Y la fijación de nuevas pautas para la relación entre la Nación y las provincias. El debate será otro examen para la oposición y sus alineamientos. Como en la controversia del cepo laboral, será relevante el rol de Sergio Massa, el principal rival de Cambiemos en la decisiva elección bonaerense del año que viene.

La regularización de dinero negro entraña otro desafío: ha sido dotada de un sinfín de dispositivos destinados a desmentir que el de Macri sea un gobierno pensado para ricos. El aplauso oficial de ayer al caritativo mensaje del cardenal Mario Poli va en la misma dirección. Igual que, hace una semana, la elaborada presentación de María Eugenia Vidal, con citas de San Agustín y San Juan Bosco, en las jornadas de la Pastoral Social del Episcopado. La gobernadora está lanzada a una delicada iniciativa: sólo falta que se comunique, de un momento a otro, con el papa Francisco.

La Casa Rosada aspira a que el blanqueo sea la base de una reforma estructural. Por eso orientará una parte del dinero a liquidar la deuda con los jubilados. Más adelante se podría recurrir para el mismo fin a la venta de las acciones de compañías en las que la Anses tiene participación.

Al cumplir con esa deuda social, el Gobierno procura un blindaje político: oponerse al jubileo será enfrentarse con los jubilados. Además, la iniciativa del Poder Ejecutivo tiene un atractivo para los gobernadores. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, enriquecido con los nuevos ingresos, será la palanca para los créditos que Rogelio Frigerio les prometió hace ocho días en Córdoba.

Macri pretende también iniciar una discusión sobre nuevas pautas de financiamiento del sistema previsional, que ya no contará con el 15% de la masa coparticipable que aportan las provincias. Síntesis: el blanqueo será presentado, entonces, como un salto hacia la transparencia, cuya contracara es el compromiso del Estado a superar la deuda con los jubilados y los desajustes en la relación con las provincias, que son las dos fisuras de largo plazo de la fiscalidad.

Al fijar estos objetivos, el Gobierno pretende también neutralizar las objeciones al blanqueo provenientes del arco político. Sobre todo las que podrían surgir desde el propio oficialismo. El problema principal tiene nombre y apellido: Elisa Carrió. Está fuera de duda que Carrió presta con sus obsesiones un servicio invalorable a la calidad democrática. El problema es el estilo. Julio Sanguinetti suele decir que "en la naturaleza de la oposiciones está agitar, y en la de los oficialismos, tranquilizar". Carrió es la excepción a la regla: es oficialista, pero agita.

El inconveniente mayor es la atadura de la líder de la Coalición Cívica a las condenas que ella misma lanzó contra los blanqueos de los Kirchner. En su momento sostuvo que fueron pensados "para beneficiar a Lázaro Báez y Cristóbal López". Tenía razón: la indulgencia de 2008 fue elaborada por Néstor Kirchner y el contador Fabián de Souza, socio de López. Carrió no es la única que arrastra la cadena de sus antiguas catilinarias. Los radicales, en la persona de quien fuera el presidente de su bloque de diputados, Ricardo Gil Lavedra, prometieron en 2013 que, si llegaban al poder, derogarían el perdón fiscal de la presidenta e investigarían a quienes se acogieron a él.

Contra este telón de fondo se recortan las cláusulas pensadas por Alfonso Prat-Gay y el titular de la AFIP, Alberto Abad, para diferenciar su blanqueo del de los Kirchner. Quienes regularicen sus ahorros deberán pagar esta vez una penalización. La operación estará abierta hasta el 31 de marzo de 2017. Quien se regularice hasta el 31 de diciembre próximo abonará una tasa del 10 por ciento. Si lo hace después de esa fecha, será del 15 por ciento. Habrá un estímulo para quienes sean pequeños y medianos ahorristas. Los que blanqueen hasta 20.000 dólares no tendrán penalización alguna. Quienes lo hagan hasta 80.000 tendrán una del 5%. A partir de ese monto será del 10%. Son castigos más severos que los que estableció el año pasado el gobierno socialista de Chile para una propuesta similar: tasa única del 8 por ciento.

Hay, también, en el proyecto otra peculiaridad inédita: premia a quienes cumplieron con el fisco. Los que hayan pagado siempre sus obligaciones serán eximidos por un tiempo del impuesto a los bienes personales.

El proyecto que se enviará al Congreso estará encuadrado en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, la OCDE, la ONU y el Banco Mundial sobre blanqueos. Esta condición tiene especial valor para Abad, quien objetó en 2013 la propuesta kirchnerista porque no se ajustaba a esos estándares. No son las únicas discusiones. ¿Quienes fueron funcionarios podrán acogerse al blanqueo? Sí, siempre que no estén procesados. Serían incógnitas teóricas, si no fuera porque el mega-proceso al que la opinión pública está sometiendo al kirchnerismo está centrado en la generación de fondos negros derivados del saqueo al presupuesto nacional.

El Frente de Izquierda, por su parte, tratará de demostrar que la absolución tributaria de Macri hace juego con su aparición en los Panamá Papers. Este contexto es insoslayable en el debate del blanqueo. Igual que la consigna de combate del narcotráfico, lanzada por el Presidente. Por eso, para el oficialismo es decisivo establecer regulaciones más estrictas que las de la administración anterior.

El riesgo Carrió será administrado por Macri. Al cabo de innumerables entrevistas a solas, en las que a veces discuten como adolescentes, el Presidente consiguió establecer una relación de confianza con la diputada. No quiere decir que le haya perdido el miedo. Pero suele comentar: "De diez bombas que hace explotar Lilita, seis son muy oportunas para todos nosotros". Macri da por descontado que el marco regulatorio de su blanqueo garantiza el apoyo de Carrió.

El Gobierno contará, además, con un auxilio inesperado. Miguel Pichetto, el presidente del bloque de senadores del PJ, presentará a mediados de la semana próxima un proyecto de blanqueo mucho más permisivo que el del oficialismo. Pichetto coincide con una premisa central del Poder Ejecutivo: la Argentina debe aprovechar la ola de exteriorización de activos que desatará el sistema de información automática que 48 países pactaron para 2017 en el marco de la OCDE. Frente a este movimiento inminente, Pichetto propone que el dinero no declarado, si es repatriado, se regularice sin penalizaciones. Sugiere también que sea canjeado por un bono en dólares, con la tasa del Tesoro norteamericano. El proyecto del Poder Ejecutivo prevé una oferta similar, pero más mezquina: quien blanquee todos sus ahorros tendrá la opción de acceder a un bono en dólares, pero a tres años y sin tasa de interés.

La posición de Pichetto plantea una increíble paradoja: la oposición jugaría una carta mucho más favorable a Macri que el propio Macri. Por eso en el Gobierno preferirían ingresar la macroley por el Senado y enviar a Diputados un texto "mejorado" por el jefe peronista. La estrategia inspirará una controversia. El tratamiento de normas con cambios impositivos debe iniciarse en la Cámara baja.

¿El acuerdo con Pichetto compromete también a los diputados del Frente para la Victoria? El kirchnerismo no podría objetar sin caer en una gran contradicción. Por eso allí la dificultad es otra. Todavía está pendiente la autorización para que el juez Luis Rodríguez allane el domicilio de Julio De Vido. En Cambiemos pretenden que se vote la semana próxima. Los feligreses de Cristina Kirchner todavía no pidieron por "tío Julio". Una tesis misteriosa explica ese silencio: "De Vido se las arregla solo para que los principales bloques de la oposición no lo echen a la hoguera". La frase remite a Mario Puzzo: "Un día, que tal vez nunca llegue, te pediré algo a cambio de este favor".

La adhesión de Diego Bossio y su Bloque Justicialista es más sencilla: en la Casa Rosada le concedieron una indulgencia sobre el manejo de la Anses. Por eso la auditoría que realizó Luis María Blaquier, el responsable del FGS, está guardada bajo siete sellos.

La gran incógnita es, de nuevo, Sergio Massa. Sus relaciones con el oficialismo quedaron dañadas por la querella de la doble indemnización. Macri está dolido con Massa. Y Massa, enojado con Cambiemos. La última manifestación de ese malestar ocurrió durante esa sesión parlamentaria, a las dos de la mañana, cuando Massa resolvió hacer la maldad de la despedida: "Siempre la misma ingenuidad -le gritó al radical Mario Negri en el Salón de los Pasos Perdidos-; anoche vinieron a comer a casa Emilio (Monzó) y Nicolás (Massot) y arreglamos lo que vamos a votar dentro de un rato". Negri entró al recinto blanco, sin palpitaciones. Por suerte Monzó y Massot le aclararon rápido que lo de Massa era un embuste.

Como con el cepo laboral, la tentación del líder renovador puede ser irresistible. Tiene enfrente a Carrió autorizando un blanqueo. ¿Cómo no formar un dúo con Margarita Stolbizer para condenarla? En Cambiemos ya asumieron que Carrió será candidata a senadora. Massa debe decidir si convierte la discusión por el blanqueo en el primer debate de esa larguísima campaña electoral.