La ex presidenta recibirá una muy mala noticia, que se le sumará a la seguidilla que incluye su procesamiento por la causa de la venta del dólar a futuro, la reciente imputación por haber recibido coimas de Lázaro Báez y la anterior imputación del fiscal Guillermo Marijuan por delitos no especificados en el expediente denominado la ruta del dinero K.

¿Cuál será esa muy mala noticia?

A Cristina Fernández se le informará la rotunda negativa al pedido de su abogado, Carlos Beraldi, de unificar la causa Hotesur con la de Los Sauces y así demorar el trámite de ambas, con la intención transformar los expedientes en un laberinto interminable.

A la causa Hotesur la tramita ahora el juez Julián Ercolini, el mismo que metió preso hace tres semanas al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime.

La había impulsado su colega Claudio Bonadio a partir de una denuncia de la diputada nacional Margarita Stolbizer, presentada en 2014.

A Bonadio se la arrancaron de las manos justo cuando él estaba a punto de abrir las 400 cajas con documentación clave provenientes de 30 allanamientos para probar el delito de lavado de dinero a través de la simulación del alquiler de habitaciones del hotel Alto Calafate por parte de la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez.

A partir de ese momento Hotesur SA fue a parar al juzgado de Daniel Rafecas, quien la durmió durante casi nueve meses.

Ahora Ercolini tomó la posta y se dispuso a abrir las cajas, certificar su contenido e iniciar un peritaje integral para chequear composición de sociedades, pagos de facturas, designación de testaferros y confirmación del sistema de simulación que permitió el lavado de dinero proveniente de los sobreprecios de la obra pública y que sirvió para incrementar el patrimonio de la familia Kirchner y del propio Báez.

No parece que pueda haber marcha atrás.

Al otro expediente caliente, el de Los Sauces, lo tramita Bonadio, junto con el fiscal Carlos Rívolo. Se trata de una operatoria parecida a la de Hotesur. La única diferencia es que en este caso, tanto Báez como Cristóbal López habrían abonado los retornos a través de una nueva pantalla: el pago por alquiler de inmuebles cuyos propietarios son Cristina Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

"Si este juzgado se aviniera siquiera a analizar el pedido de Beraldi de unificar las causas, el expediente Los Sauces sufriría una demora mínima de tres meses y afectaría, además, el ritmo procesal de Hotesur. Está claro que lo que quieren es embarrar la cancha y dilatar la investigación y eso no lo vamos a permitir", me dijo una fuente muy cercana a Ercolini.

El rechazo de Ercolini al pedido de Beraldi no solo evidencia la desesperación de la expresidenta. También revela la intención de Ercolini de encarar el expediente Hotesur con celeridad y celo profesional.

La mala noticia para Lázaro, en cambio, llegará detrás de una nueva decisión del juez Sebastián Casanello.
Porque durante la semana que se inicia el magistrado lo volverá a procesar por el delito de lavado de dinero, en el hecho que tiene como eje el uso de la empresa Helvetic para blanquear u$s 33 millones en negro, cuya investigación original impulsó José María Campagnoli, a quien desplazaron por orden de Cristina y con la complicidad manifiesta de la actual procuradora, Alejandra Gils Carbó.

Más allá de la decisión de volver a procesar a Lázaro, a Daniel Pérez Gadín y a Jorge Chueco, entre otros, el nuevo dictamen confirmará que Casanello, con las pruebas en el expediente, no está dudando en hacer lo que se debe, por más desconfianza que exista en el Gobierno sobre su independencia, el ritmo de su trabajo y su presunta simpatía por La Cámpora y por Cristina.

La mala noticia para De Vido, en cambio, saldrá del despacho de Ercolini. El magistrado lo procesará en los próximos días por su responsabilidad en la compra de locomotoras provenientes de España y Portugal, a precio exorbitante y con funcionamiento deficiente.

Por esa misma causa Ercolini metió preso a Jaime. El testimonio del exsecretario de Transporte habría sido determinante para el inminente procesamiento del exsecretario de Planificación.

Las tres malas noticias que serán confirmadas esta semana y que involucran a Cristina, Lázaro y De Vido preanuncian, además, un nuevo escenario político y judicial que ya está siendo analizado por el mismo presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Macri no tiene dudas.

Está seguro de ser víctima de una extorsión política.

Una extorsión que consiste en la amenaza de involucrar a su primo Angelo Calcaterra y a su amigo Nicolás Caputo en el barro de la corrupción de la obra pública.

Es decir: el intento de colocar a Caputo y Calcaterra en la misma categoría de Báez.

Las señales, según fuentes que hablan por boca del Presidente, son inequívocas.

Se pueden leer en los mensajes personales que intentaron enviarle, al mismo jefe de Estado, Báez y De Vido.
Se pueden encontrar en los escritos presentados por Báez y De Vido en distintas causas.

El rey de la obra pública se lo escribió a Casanello.

Le pidió que así como lo investiga a Austral Construcciones por denuncias de Leo Fariña, investigue a Calcaterra por pedido de él mismo, ya que, según Lázaro, fueron socios en varios proyectos. Incluidos las centrales Jorge Cepernic/ Néstor Kirchner.

Báez ya lo reclamó en dos oportunidades. Y su insistencia parece sospechosa.

La señal proveniente de De Vido se encuentra en el escrito presentado ante el juez Ercolini. Hace referencia a la UTE que integró Calcaterra y que se iba a hacer cargo de la polémica obra para la instalación del denominado Tren bala, un proyecto que murió antes de empezar.

"Quieren meter al primo de Mauricio de prepo en cualquier expediente. Quieren alimentar la sospecha de que su primo y Caputo son testaferros del Presidente. Están tan desesperados que hablan de proyectos que nunca se hicieron", interpretó un integrante de la mesa judicial del Presidente.

Pero Macri, según sus voceros, no piensa transar.

Ni con Báez.
Ni con De Vido.
Ni con Cristina.
Ni con Cristóbal López.

Es más: todavía le sigue sorprendiendo la manera que eligieron todos ellos de discutir el futuro.
"Tienen serios problemas judiciales, y los quieren disfrazar de discusiones personales o cuestiones políticas", se le oyó decir al Jefe de Estado.

Continúa impresionado por el tono de la carta que le escribió López, el zar del juego, y a quien la AFIP y la Justicia le reclaman que devuelva los más de $ 8 mil millones de los que se apropió, a través de su empresa Oil, al dejar de pagar el impuesto a los combustibles que debía girarle de inmediato al estado.

"En la carta Cristóbal le preguntó si tenía un problema personal con él ¿entendés? Confunden el apropiarse de u$s 1200 millones con un problema personal. ¡Como si un Presidente tuviera la potestad de perdonarle semejante deuda!", me explicó uno de los asesores de Macri encargado de negociar con López, en nombre del Estado.

Lo mismo piensan de Báez.

"Lázaro le envía mensajes a Mauricio. Le pide garantías para declarar contra Cristina, De Vido y otros funcionarios. Pero buscan al interlocutor equivocado. Deberían hablar con el fiscal Marijuan, con el juez de la Causa o con los funcionarios encargados de activar el sistema de Testigos Protegidos, como hizo antes Fariña", me dijo alguien que está al tanto de tan inquietantes señales.

¿Podría el Presidente ceder a lo que entiende como una extorsión?

"No podríamos, aunque quisiéramos. No tenemos la capacidad operativa. Tampoco tenemos vocación de interferir en las decisiones de la justicia", explicaron fuentes cercanas al Presidente.

Macri se lo dejó en claro también a su primo Calcaterra, quien parece preocupado con la nueva andanada, y teme que afecte su posibilidad de vender a buen precio la constructora que en su momento le compró a Franco Macri.

Le dijo que lamentaba los injustos ataques en su contra. Pero también le explicó que no iba a mover un dedo para proteger a nadie.

"Si prometimos luchar contra la corrupción, si les dijimos que no somos lo mismo, vamos a actuar diferente. Y no como lo hicieron ellos durante los últimos 12 años", le escucharon decir a Macri, este fin de semana, mientras espera que baje la inflación, para que su futuro no dependa, exclusivamente, del humor de los fiscales y los jueces de Comodoro Py.