El Gobierno trabaja en medidas para evitar que en las zonas agropecuarias inundadas se rompa la cadena de pagos de los productores.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, a nivel país se perderán 5,7 millones de toneladas de soja, como consecuencia de las abundantes precipitaciones del mes pasado, que impactaron de lleno en pleno momento de la cosecha de este grano. De ese volumen, Santa Fe sufrirá una baja de 3,2 millones de toneladas por el temporal, Entre Ríos cerca de 1,5 millones de toneladas y Córdoba 1 millón de toneladas.

Particularmente en Santa Fe, como la provincia más afectada, la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) estimó recientemente que sumando todas las actividades, agricultura, ganadería, lechería y otras economías regionales, allí las pérdidas tendrán un costo de más de US$ 2700 millones.

En este contexto, se teme por la situación financiera de muchos productores. Por ello, el Gobierno está trabajando para flexibilizar la operatoria de los cheques rechazados y, además, que la llamada "línea de crédito a la inversión productiva", que los bancos están obligados a desembolsar, incluya de manera específica a los productores en situación de emergencia.

En enero pasado en esa línea se incorporó una mención a cuestiones referidas a situaciones de desastre, pero ahora se quiere darle más precisión. Además, a través de un subsidio del Ministerio de Agroindustria, que la actual tasa del 22% baje un nivel del 15 al 17 por ciento.

Estas medidas se estuvieron conversando en los últimos días con ejecutivos de los principales bancos del país y con los dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que viene alertando por posibles problemas en la cadena de pagos. Agroindustria también entró en contacto con el Banco Central.

Entre fines de este mes y el próximo comenzarán a entrar al circuito cheques que los productores dieron cuando compraron insumos en ese momento. El temor es por quienes han perdido gran parte de su producción y no tienen fondos para hacer frente a esos compromisos.

"Se está buscando flexibilizar toda la operatoria de cheques rechazados, que el productor no quede marcado en el sistema (cuando se informa al Banco Central) y que pueda levantar rápido la situación. Esto es algo por resolver porque si tiene problemas también lo va a tener el proveedor de sus insumos", contaron en uno de los bancos participantes de las rondas de consultas por este tema.

Según trascendió, se apuntará a que el productor agropecuario con un cheque rechazado y con un certificado de situación en emergencia no sufra trastornos con su operatoria.

Respecto de la denominada línea de inversión productiva, que tiene una tasa del 22%, el Gobierno pretende que a través del fondo de emergencia agropecuaria de Agroindustria, que posee $ 500 millones, se destinen entre 250 y 300 millones de pesos para subsidiar la tasa. Quedaría entre 15 y 17 por ciento, según trascendió. Esto iría a la par de que se especificará su uso para quienes están en situación de emergencia y necesitan recomponer capital.

Por otra parte, trascendió que se analiza subir los períodos de gracia para los préstamos y que a través de las cooperativas agrícolas se puedan asistir a pequeños productores que no están bancarizados pero sí poseen crédito comercial de esas cooperativas.

"Hay que salvar la cadena de pagos, lograr ayuda financiera para que el productor se recomponga", señaló Dardo Chiesa, presidente de CRA, que impulsó la necesidad de medidas para los productores inundados.