El gobierno de Cambiemos debería aspirar a cambiar la historia. Por lo menos la historia que dice que sólo el peronismo puede gobernar y que los gobiernos no peronistas, desde 1983, no han podido terminar su presidencia.

También, y consecuentemente, debería aspirar a romper el ciclo perverso de populismo y ajuste que ha caracterizado a las últimas seis décadas, en el cual el populismo, ya sea de derecha o de izquierda, se basa en el atraso cambiario, y el ajuste, en la maxidevaluación y la caída del salario real.

El atraso cambiario es un instrumento muy eficiente para captar votos en una economía exportadora de alimentos, ya que permite a los salarios de mediocre productividad aumentar su capacidad adquisitiva y acceder a comprar artículos importados, desde celulares hasta plasmas, motos y autos. Pero indefectiblemente termina generando una crisis externa y fiscal, y un colapso de las economías exportadoras.

La receta que se implementó siempre, mal llamada ortodoxa, consiste en una maxidevaluación que reduce fuertemente el salario real y genera un transitorio superávit fiscal que, después de un período de acumulación de reservas, crea las condiciones sociales y políticas para el retorno del populismo.

El Gobierno parece decidido a crear las condiciones para ganar en 2017, y esta determinación explica esta mezcla de apuro y gradualismo que ha caracterizado a los primeros meses de gestión. Apuro en salir del cepo, bajar retenciones y aumentar tarifas, que eran las urgencias por superar antes de poder cerrar un acuerdo con los holdouts. Este acuerdo alcanzado constituía la condición necesaria para iniciar el camino de la estabilidad y la recuperación económica, y también el lanzamiento de la política social necesaria para alcanzar el objetivo político del año próximo.

El gradualismo aparece en la reducción de la inflación, la devaluación moderada del peso y la suave reducción del gasto público, y contraría las expectativas de la especulación financiera, que habría preferido el camino de la fuerte reducción del salario real. También la ex presidenta habría preferido que se siguiera ese camino, para incrementar sus posibilidades de volver con éxito.

El gobierno de Cambiemos, con la apuesta a la obra pública y a la inversión privada, busca cambiarles la calidad de vida a 15 millones de personas de bajos ingresos que hoy habitan en los tres cordones de la región metropolitana y en el norte del país, y que en los últimos 40 años han votado mayoritariamente al peronismo. Un aumento sostenido del empleo y de los salarios reales es un objetivo válido pero demasiado ambicioso como para lograrlo en un par de años. Pero una fuerte inversión en calles pavimentadas e iluminadas para que entren los patrulleros y las ambulancias, cloacas y agua potable para combatir infecciones y desnutrición, viviendas y transportes modernos, escuelas y hospitales pueden producir un mejoramiento en la calidad de vida equivalente a un ingreso más alto. Todos estos planes, incluidos en el Plan Belgrano y en el del AMBA, complementados por otros tendientes a bajar los costos de producción en todo el país, son parte de la gran apuesta del presidente Macri a la obra pública como sustituto del relato político tradicional, con el cual nos hartaron a millones de argentinos en las últimas décadas. Esto constituye también un cambio histórico. Hay que retroceder más de 80 años para encontrar otra presidencia que quiera ser recordada por las obras que deja su gestión.

Estas obras públicas, financiadas principalmente por organismos internacionales, requerían una resolución de los embargos decretados por el juez Griesa; de ahí el apuro por conseguirlo, más allá del costo financiero y económico que significaba una demora en la negociación con los holdouts.

Paralelamente, hay una apuesta a la inversión privada para que se constituya en la locomotora de un nuevo ciclo de crecimiento. El estímulo al consumo de los últimos 10 años funcionó adecuadamente hasta 2007; luego generó un proceso inflacionario y de vaciamiento de diversas reservas (del BCRA, energéticas, fiscales y hasta de ganado) que evidenciaba el agotamiento de la estrategia. Ahora el consumo, siempre fundamental, debería ser una consecuencia del mayor empleo que genera la inversión.

Para que la inversión privada sea protagonista en los próximos meses es necesario que el Gobierno haga muchas cosas, además de las realizadas en estos primeros meses. Entre ellas, dominar las expectativas inflacionarias, consolidar las reservas del Banco Central, integrarse comercialmente al mundo, bajar impuestos distorsivos y generar las condiciones impositivas que faciliten un proceso de repatriación de fondos.

Es muy posible que las empresas grandes, nacionales y extranjeras, especialmente aquellas que explotan concesiones de servicios privatizados, estén pensando en invertir, por lo menos, lo que no han invertido productivamente en los últimos seis años. También es probable que nuevos inversores extranjeros se instalen en la Argentina, ya que no hay muchos otros países más atractivos en estos momentos difíciles de la economía mundial.

Pero es imprescindible que las pymes, especialmente las industriales y las agroindustriales, también se sumen al proceso de inversión, porque son las que más empleo de alta calidad son capaces de generar. Para esto, es muy importante que en los próximos meses se despejen los temores existentes con respecto a la mayor o menor apertura al comercio internacional. Es preciso desterrar la sospecha de que estamos ante una reedición de las políticas neoliberales de los años 90.

En esta apuesta de generar un proceso fluido de inversiones, el acuerdo con los holdouts era una condición previa, para generar el financiamiento a tasas y plazos razonables y para reinsertarnos en el mundo. Seguramente en los próximos meses surgirán oportunidades de financiamiento que han estado ausentes en estos años o que estaban disponibles a tasas de interés inaccesibles para los negocios normales.

Los más de 50.000 millones de dólares que quedaron afuera de la reciente licitación seguramente intentarán volver a tasas de interés menores, financiando provincias o empresas y entidades financieras que ofrecerán crédito o inversiones directas.

Sin embargo, con la acción del Estado no alcanza. Por más voluntarismo que ponga el equipo de gobierno, es necesario que la sociedad en su conjunto, en especial sus dirigentes y empresarios, acompañe este intento de cambiar la historia y romper el ciclo de populismo y ajustes que hemos sufrido tantas veces. El desafío es múltiple y complejo, y más allá de los aspectos económicos, tiene facetas que hacen a las instituciones, a la cultura, a la política, a la Justicia.

Debemos aceptar que la única forma de que nuestro salario real no sufra un ajuste es a través de un fuerte proceso de inversiones que permita una rápida recuperación de la productividad. Hoy la Argentina tiene salarios mucho más altos que los países de nuestro mismo nivel de desarrollo humano. Tenemos el mismo salario real que países como Corea del Sur e Israel, que tienen un desarrollo humano mucho más elevado. Para que ese flujo de inversiones sea una realidad, debemos entender que no podemos seguir teniendo más de tres años de ahorros invertidos en el exterior.

La oportunidad para cambiar la historia está al alcance de la mano. Lo debería intentar Cambiemos. Eso obligaría al peronismo a realizar una autocrítica y ponerse a la altura de lo que el país necesita para concretar su postergada potencialidad.

Economista, dos veces presidente del Banco Central de la República Argentina