La avanzada de la justicia federal contra ex funcionarios del kirchnerismo alcanzó ayer un nuevo pico con la citación a indagatoria a Ricardo Echegaray -ex titular de la AFIP y actual presidente de la Auditoría General de la Nación- y a Luciano Di Cesare, ex titular del PAMI.

Echegaray sumó con esta citación la tercera complicación judicial en las últimas dos semanas, pues ya fue citado a indagatoria por el juez federal Sebastián Casanello por consentir el sistema de facturas truchas que le posibilitó evadir impuestos a Lázaro Báez y porque el fiscal Gerardo Pollicita pidió que lo indaguen por permitir que el empresario Cristóbal López no liquidara de inmediato 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles.

También recibieron ayer reveses judiciales el ex ministro Aníbal Fernández, el gobernador tucumano Juan Manzur y el ex ministro de Salud Daniel Gollán, todos con el procesamiento confirmado por la compra con sobreprecios de kits para madres recientes. El ex ministro Julio De Vido también fracasó en apartar al juez Claudio Bonadio de un caso en su contra.

La oleada de decisiones judiciales contra los ex funcionarios del kirchnerismo incluye casos de baja intensidad pero alto voltaje político, como el que enfrenta Echegaray por acusar falsamente a Alfonso Prat-Gay de tener una cuenta en Suiza o el que acorrala a Di Cesare por liquidarse vacaciones no gozadas por más de un millón de pesos.

Los que en la práctica están más complicados y por una causa más grave, porque la confirmación de sus procesamientos los deja al borde del juicio oral, son Aníbal Fernández, Manzur y Gollán. Los jueces de la Sala II de la Cámara Federal Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah desgranaron las irregularidades en que incurrieron en la licitación para comprar kits destinados a madres recientes, que incluían una cunita, un edredón, una bata y una guía sobre el bebe, entre otros productos.

En la operación, dijeron los jueces, hubo una diferencia entre los valores presupuestados inicialmente y los finalmente pagados: se previó gastar 675.000 pesos por 140.000 kits y se terminó autorizando el pago de 1.097.259 pesos por 150.000.

También destacaron que hubo un precio inicial de 4096 pesos por kit, indicado por la Sigen, que creció luego hasta un valor de 6600 pesos, estimado por el mismo organismo, y que luego la compra fue adjudicada a empresas por un valor promedio de 7800 pesos cada kit, con la sospecha de que además las cinco firmas elegidas se cartelizaron y compartieron proveedores.


Con esos elementos la Cámara Federal confirmó los procesamientos por fraude contra Aníbal Fernández, Manzur y Gollán, que firmaron las adquisiciones; contra la línea de funcionarios que intervino en la compra y contra los empresarios que se beneficiaron con el negocio.

Más allá de esta causa, ayer el juez Claudio Bonadio citó a indagatoria a Ricardo Echegaray en una querella que le inició el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, porque el funcionario lo acusó de tener una cuenta en Suiza. Bonadio citó a indagatoria a Echegaray por el delito de falso testimonio, jurídicamente una cuestión menor, pero que políticamente debilita a Echegaray por la sucesión de imputaciones y su situación en la AGN. Cristina Kirchner lo colocó allí y el macrismo presiona por su renuncia.

Echegaray debe declarar el 6 de mayo próximo. El subdirector general de Fiscalización, Horacio Curien, tiene que hacerlo el 28 de abril, y el subdirector General de Asuntos Jurídicos, Pedro Roveda, el 5 de mayo.

Una acusación un tanto mas pesada enfrenta Luciano Di Cesare. El juez Ariel Lijo lo citó como sospechoso de fraude al haberse liquidado vacaciones no gozadas por 1.300.000 pesos entre 2004 y 2012. Un día antes de dejar su cargo, el 9 de diciembre de 2015, inició y terminó el trámite que mereció los dictámenes de rigor y concluyó con el depósito del dinero en su cuenta. Todo en el mismo día.

La última mala noticia judicial para el kirchnerismo la tuvo ayer De Vido ya que el juez Bonadio rechazó su recusación en la causa en que lo citó a indagatoria por la tragedia de Once.

Skanska: piden anular el sobreseimiento

La causa por el pago de coimas por parte de la empresa Skanska para ampliar gaseoductos resucitó: el fiscal Carlos Stornelli pidió al juez Sebastián Casanello que anule los sobreseimientos que beneficiaron a los funcionarios acusados de cobrar esos sobornos. La causa estaba prácticamente cerrada porque había sido declarada nula una grabación en la que ejecutivos de Skanska confesaban el pago. Ese fallo fue revocado.

Ahora Stornelli dice que esos sobreseimientos se basaron en hechos que cambiaron con la convalidación de la grabación, por lo que pidió que sean revocados. Es lo que se conoce como cosa juzgada írrita, es decir revocar una sentencia firme, cuando se dicta sobre bases falsas.

Casanello ahora dio tres días a las partes que intervienen en la causa Skansa para que se pronuncien sobre el planteo del fiscal. Los sobreseídos son Daniel Cameron, ex secretario de Energía; Fulvio Madaro, ex titular del Ente Nacional Regulador del Gas, y Néstor Ulloa, ex titular de Nación Fideicomisos.