La experiencia le da la razón: la agitación que se registra en los tribunales de Comodoro Py es llamativa porque contrasta con la larga siesta que durmieron jueces y fiscales federales mientras el kirchnerismo montaba, a la luz del día, su formidable maquinaria de negocios. Es lógico, entonces, que la ex presidenta crea que sus mortificaciones judiciales no se originan en una regeneración institucional. Se deben a que perdió el bastón de mando. Sus reuniones con intendentes y legisladores pretenden revertir siquiera un poco esa situación. Indicar a la justicia federal que conserva algo de su capacidad política. Para magistrados vulnerables, más atentos a eventuales represalias que a los argumentos de los expedientes, esa demostración siempre será más eficiente que el mejor abogado defensor.

La demostración más clara de que la mayor parte de los jueces federales, guiada por el oportunismo, está montando un simulacro de mani pulite es que resulta dificilísimo encontrar una investigación de un hecho de corrupción desconocido. Las causas tienen olor a humedad vieja, como los billetes de Báez. Ayer Julio De Vido proporcionó un ejemplo. El superministro de los Kirchner concurrió a Tribunales, citado por Claudio Bonadio. La última vez que desde esa casa lo habían molestado fue en diciembre de 2006: Jorge Urso renunció la misma tarde en que amagó mover una foja que incomodaba a un hijo de De Vido. Urso no estaba para atravesar los rayos X. Bajó la vista y buscó la puerta.

Bonadio también respetó el blindaje de De Vido. Por eso la citación de ayer es un fenómeno de época. Trece días después de la masacre de Once, De Vido envió a su gestor judicial Alfredo Lijo a conversar con el juez. Es el hermano de Ariel Lijo, colega de Bonadio. De Vido comparte con los Lijo el amor por los pájaros. Y la amistad con José María Olasagasti, el secretario privado del ex ministro. Aquella mañana del 7 de marzo de 2012, "Freddy" Lijo y Bonadio se reunieron con un representante de la Procuración. Como consecuencia de esos trámites, el fiscal Federico Delgado fue retirado de la causa, y De Vido no fue siquiera citado a declarar. Al revés de lo que sucede con los arrepentidos, él dejó en la hoguera a sus inferiores: Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, sus secretarios de Transporte.

El acuerdo de De Vido con Bonadio fue desbaratado por la Cámara Federal. El juez recibió la orden de incluir al ministro en sus investigaciones. Cuando Bonadio recibió la indicación ya era otra persona. El kirchnerismo lo había amenazado con armar una causa contra un hijo suyo e intentó destituirlo en el Consejo de la Magistratura. Desde el abismo, Bonadio pidió a "Freddy" Lijo reciprocidad. "De Vido dice que no puede hacer nada", le respondieron. El juez utilizó las mismas palabras hace una semana, cuando el ex ministro y ahora diputado le envió un mensaje para reclamarle clemencia. De Vido no recurrió a Lijo. No sólo porque Bonadio no lo atiende. Un poco paranoico, el ex ministro cree estar rodeado de desleales. Un sentimiento compartido con Jaime y con Schiavi.

Del subsuelo de la década ganada sigue brotando información inconveniente. El jueves de la semana pasada, en la causa por tráfico de efedrina, que tramita María Servini de Cubría, pidió declarar como testigo el barrabrava de Quilmes Ramiro Bustamante. Más problemas para Aníbal Fernández: si se comprueba la información que proporcionó, al ex jefe de Gabinete le ha nacido otro Martín Lanatta. Entre otros motivos porque, como Lanatta, Bustamante se queja de que quien habría sido su antiguo patrón se fue del poder sin cumplir la promesa de sacarlo de la cárcel.

Después de describir el patibulario ambiente de los barras del club, Bustamante refirió una reunión en la que, dijo, Aníbal le entregó "todos los negocios de la cancha: buffet, trapitos, droga". Identificó el radio con el que, según él, se comunicaba con el ex jefe de Gabinete: 710*1945. Y detalló el negocio de venta de entradas que habría servido a Fernández para sacar fondos del club.

El tráfico de efedrina es uno de los capítulos más oscuros de la experiencia kirchnerista. Hay mucha información sobre los crímenes relacionados con ese negocio. Y, sin embargo, todavía se ignora cuáles son las empresas que importaron ese precursor, beneficiándose con el aumento exuberante de la demanda. En el otro extremo está la financiación política. El proselitismo del año 2007 de la señora de Kirchner fue financiado por droguerías vinculadas a ese tráfico. El responsable de la campaña, Héctor Capaccioli, era el encargado de controlar esas empresas como superintendente de Salud. El escándalo se potenció por la muerte de Sebastián Forza, una de las tres víctimas del asesinato de Quilmes/General Rodríguez, por el que está condenado Martín Lanatta. Casi tan sorprendente como esta combinación entre política y crimen es la demora del juez Lijo para indagar a los responsables. Los hechos ocurrieron en 2007. Pero Lijo tomó declaración a Capaccioli recién anteayer. Pasaron 9 años. Como en la tragedia de Once, también se habría decidido un corte jerárquico: Alberto Fernández, superior funcional y político de Capaccioli, fue excluido del expediente.

La expansión de la corrupción y la indolencia de los jueces no son fenómenos aislados. La segunda explica y potencia a la primera. Instituciones como el Colegio de Abogados porteño han encendido alarmas sobre esta deformación: Guillermo Lipera, su presidente, pidió al Consejo de la Magistratura que realice una auditoría exhaustiva en los juzgados federales para conocer el estado de las causas. Ni siquiera hay estadísticas.

Otro ejemplo: en agosto de 2008, el fiscal Raúl Plée, que estaba al frente de la unidad antilavado, denunció ante la justicia federal una maniobra de presunto lavado de dinero a través de cheques por parte de la empresa Kank y Costilla, de Lázaro Báez. Fue, hace 8 años, la semilla del bosque que describió Fariña ante el juez Sebastián Casanello. Nadie tomó nota.

Casanello sigue provocando controversias. Sobre todo en la fiscalía de Guillermo Marijuan. Allí suponen que la divulgación de la declaración de Fariña no sólo expone al "arrepentido", sino que desalienta otras confesiones. Además, llama la atención un detalle: Fariña amplió su declaración con datos que requerirían diligencias judiciales inmediatas, pero que el juez no realizará sino después de varios días. La impresión de que Casanello desacelera el proceso, tal como habló con el juez Daniel Rafecas, el responsable del caso Hotesur, sigue afianzándose. La desidia cuenta a favor con una formalidad: las investigaciones referidas a sobreprecios de obra pública, lavado de dinero y contrataciones de Hotesur son parte de causas separadas. Las llevan adelante Julián Ercolini, Casanello y Rafecas. Como señaló Margarita Stolbizer, esa división impide detectar si existió una asociación ilícita.

Majdalani, investigada

El miércoles pasado, reunido con sindicalistas, Mauricio Macri intentó disimular su malicia y comentó: "Se ha desatado un mani pulite que nadie puede orientar ni contener". Misión cumplida: "los Gordos" se fueron angustiados. Lo que acaso Macri no sabía es que el vendaval también puede salpicar a su gobierno. El fiscal Federico Delgado produjo un movimiento más inquietante que la investigación de los Panamá Papers: al cabo de una indagación preliminar, dictaminó que Silvia Majdalani, la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, la ex SIDE, debe ser sometida a una pesquisa por presunto lavado de dinero. Delgado se basó en una denuncia del legislador porteño Gustavo Vera. La causa quedó en manos de Ercolini y del fiscal Eduardo Taiano.

Delgado pidió que se investiguen tres sociedades que integra Majdalani: Paraná SA de Seguros, Organización Hotelera Ocean Park y CFC Holding. También, que se analice la asociación entre esta última y CFC Group Sociedad Extranjera, registrada en Miami a nombre de Gustavo Larriera Mendivil. Para Vera, Larriera, miembro de 57 empresas, casi todas radicadas en paraísos fiscales, es el hombre clave: para el legislador, sus operaciones pueden llevar a destinos tan opuestos como la firma El Tehuelche, del radical santacruceño Eduardo Costa, a la que habría comprado acciones con una sociedad inactiva, o las empresas de Báez.

Las conexiones de Majdalani con el kirchnerismo no llaman la atención. Como diputada de Pro, fue la encargada de custodiar a Francisco Larcher, el hombre de Néstor Kirchner en la ex SIDE, desde la comisión bicameral de control de ese organismo. Esas prestaciones siguen vigentes. Los amigos de Larcher suelen escucharlo decir: "Por suerte a mí me cuida «la Turca»".

La denuncia de Vera es incómoda. El oficialismo debe explicar que luchará contra el narcotráfico y el crimen organizado, cobijando en el segundo escalón del organismo de inteligencia a una funcionaria investigada por lavado de dinero. Un desafío para Macri y su desafiante afirmación: "No somos iguales".