Lázaro Báez, el empresario con mayores vínculos económicos con la familia
Kirchner y hasta hace poco un poderoso zar de la obra pública en la Patagonia,
fue detenido ayer acusado de lavar cinco millones de dólares provenientes de la
evasión fiscal de su constructora a través de la operatoria de la cueva
financiera SGI, conocida como "La Rosadita". Daniel Pérez Gadín, contador del
empresario y controlador de SGI, también fue detenido, pero en su casa de la
Capital.
Báez fue apresado ayer, pasadas las 17, por orden del juez federal Sebastián Casanello, cuando aterrizó en su jet privado en el aeropuerto de San Fernando. El juez había ordenado su captura ante el riesgo de que se fugara, pues despegó con su avión sin que el juzgado conociera el plan de vuelo. Junto con Báez estaba su hijo Martín, quien no quedó detenido. Los dos Báez y Pérez Gadín, serán indagados hoy por Casanello. Después, es probable que Báez padre y Pérez Gadín continúen presos hasta que se resuelva su situación procesal.
Báez fue trasladado por la Policía Federal -que lo venía vigilando en la
Patagonia desde el 31 de enero pasado- a una dependencia policial de Gurruchaga
y Santa Fe, en Palermo. Allí le tomaron las huellas digitales y quedó fichado.
La gente se juntó en la vereda de la comisaría y al paso del vehículo que
trasladaba al empresario le gritaba: "¡Chorro, devolvé las plata!". Tras los
trámites, Báez fue llevado a una celda de la alcaidía de la Superintendencia de
Investigaciones, situada en Villa Soldati.
Casanello decidió avanzar con las acusaciones contra Báez cuando tuvo la prueba en sus manos: las grabaciones en video contando millones de dólares. Y decidió las detenciones cuando vio el riesgo de fuga: el avión que despegó sin destino cierto.
Las imágenes de los videos de "La Rosadita" fueron determinantes para
construir la acusación: Báez lavó mediante la financiera SGI plata de la evasión
fiscal de Austral Construcciones. Casanello investiga una causa de evasión
realizada mediante facturas truchas que involucran a las empresas Penta y
Calvento. Esta maniobra fue denunciada por Margarita Stolbizer. La diputada
pidió al juez Casanello que investigue si la AFIP, que comandaba Ricardo
Echegaray, intentó proteger a Báez.
Salida de Lázaro Báez
Entre las pruebas, hay elementos contables sobre la supuesta maniobra de Austral Construcciones y estas empresas, que incluyen facturas, cheques, certificados, balances y declaraciones juradas que revelan cómo operó Austral Construcciones junto al Grupo Penta y Calvento. La AFIP había dicho que "no se puede determinar efectivamente que (el grupo Penta) se trate de una usina de facturas apócrifas. Sin embargo, tampoco puede demostrar una capacidad económica como para efectuar el nivel de actividad declarado. Es decir que se trataría de un contribuyente con parte de actividad real y otra parte que no podría justificar".
Con respecto a Calvento, "el encuadre en lo que en la jerga se denomina usina de facturas apócrifas resultó indubitable", dijo la AFIP. Es decir que Báez "pagó" facturas posiblemente falsas, en el caso de Penta, y estrictamente falsas, en el caso de Calvento. El delito de lavado supone un delito anterior que generó dinero negro que se debía blanquear. La evasión es el delito precedente en el que se basa Casanello para acusar a Báez de lavado. Es que las otras causas contra el empresario, por ejemplo por sobreprecios en la obra pública, están paradas o sobreseídas.
Así, Báez quedó preso por haber ingresado en la cueva "La Rosadita", a través de su hijo Martín, aproximadamente 5,1 millones de dólares, el 2 de noviembre de 2012 y en otra fecha indeterminada antes de fin de ese año. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la financiera SGI mostraron a Báez hijo contando el dinero, junto con César Gustavo Fernández, titular de SGI; Walter Adriano Zanzot, de TOP AIR; Fabián Virgilio Rossi; Daniel Rodolfo Pérez Gadín y Sebastián Ariel Pérez Gadín, responsables de SGI.
Báez colocó la plata en "La Rosadita" para disimular el origen negro de esos fondos que provenían de la evasión fiscal y darles apariencia de legalidad cuando ingresaran en el circuito financiero. A partir del ingreso de ese dinero en efectivo en la cueva financiera se disimuló y ocultó el origen de los fondos mientras se brindaba con whiskey y se fumaban habanos. La idea era que se perdiera el rastro de la plata para cortar su nexo con la evasión e integrarla al circuito económico. Casanello dijo que sus sospechas se fortalecen por la cantidad de dinero, que lo llevaran en bolsos inmensos y que todo esto ocurriera en una cueva destinada a esconder plata sucia y en plena vigencia del cepo cambiario. Para el juez, Báez se llevó la plata en aviones de su empresa Top Air.
Las causas del "zar de las obras"
Lázaro Báez enfrenta un complejo escenario judicial
"La Rosadita"
El juez federal Sebastián Casanello investiga a Lázaro Báez -y por esta causa lo detuvo ayer- por presuntas operatorias de lavado de activos a través de la financiera de Federico Elaskar, SGI, conocida como "La Rosadita". Allí fue donde se grabó el video cuya difusión reactivó la causa
Facturas truchas
El mismo juez Casanello también investiga a Báez por el ingreso de facturas truchas de Bahía Blanca en Austral Construcciones para determinar si se utilizaron en las maniobras de supuesto lavado. Esta maniobra, según el juez, fue una extensión de la misma maniobra que terminó con el dinero en SGI.
Alto Calafate
La Cámara Federal debe decidir si el juez federal Daniel Rafecas o su par Julián Ercolini será el encargado de investigar la relación comercial de Báez con los hoteles de la familia Kirchner. La sospecha es que hubo una ocupación ficticia de habitaciones destinada a fraguar ingresos para ser lavados
Los Sauces
El juez federal Claudio Bonadio quedó a cargo de la nueva pesquisa sobre los millonarios alquileres de inmuebles que Báez les pagó a los Kirchner a través de la sociedad Los Sauces. La denuncia la presentó la diputada Margarita Stolbizer sobre la base de una investigación de LA NACION.