Treinta por ciento de pobres, cuarenta por ciento de trabajo en negro, corrupción estructural, déficit fiscal récord, aislamiento internacional, estancamiento económico, destrucción de empleo en el sector privado, inflación oculta, sobredimensionamiento estatal, descalabro institucional, crecimiento exponencial del narcotráfico y desquicio de la administración pública son algunos de los rasgos más salientes del legado K después de doce años al frente del Estado.
El Presidente, de acuerdo al inventario que hizo en la sesión inaugural del período legislativo 2016, tiene pleno conocimiento del estado de la Nación. Con ese cuadro de situación, a cien días de haber asumido, el Gobierno ha implementado medidas que, de acuerdo a su visión, permitirán generar las condiciones necesarias para el retorno de las inversiones y el crecimiento. Así el levantamiento del cepo cambiario, la eliminación de las retenciones a la megaminería y al campo (a excepción de la soja que disminuyó al 30%), el aumento tarifario, el incremento del precio de los combustibles y el acuerdo con los “holdouts”, se inscriben en el contexto de restaurar la confianza de los inversores y tener acceso al mercado internacional de capitales. Sin embargo, la velocidad con la que se han tomado estas decisiones (sin entrar a discutir si son o no apropiadas) contrasta con la morosidad que el mismo gobierno tiene para paliar los “daños colaterales” que produce esta estrategia de política económica en los sectores más vulnerables de la sociedad: aumento de la pobreza, caída del salario real e incremento de la desocupación.
Si bien la mejora y la ampliación de la AUH , la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y el aumento del salario mínimo han sido medidas en la dirección correcta, resultan insuficientes para proteger a quienes están siendo más afectados por los efectos del rebrote inflacionario y el estancamiento. La desgravación del IVA a los productos de la canasta alimentaria (anunciada pero nunca implementada), la doble indemnización para los trabajadores que sean despedidos, el pago de las sentencias a los jubilados, el incentivo para la promoción del empleo joven, entre otras medidas, deberían ser puestas en marcha de manera inmediata. Paralelamente se debería encarar un programa antinflacionario e imponer multas a los empresarios inescrupulosos que vienen realizando una remarcación salvaje de precios, colaborando a que la inflación trepe al 4% mensual. Por último deben implementarse programas sociales de emergencia para asistir a las familias indigentes que, como consecuencia del incremento en el precio de los alimentos, han quedado aún más desamparadas. Llegó el momento de un paquete de medidas para compensar a los más humildes, de lo contrario tendremos derecho a pensar que el gobierno gestiona a dos velocidades: rápido para quienes más tienen y lento para los más pobres.
Rodolfo Rodil es presidente de la Fundación FUNDAR. Ex Vicepresidente de la Cámara de Diputados
