Para alcanzar ese objetivo cuenta con la ayuda de dos factores que son providenciales para su gestión: el apoyo internacional a sus políticas y la crisis interna del PJ.

Macri entiende bien. La economía no puede relanzarse si antes no se normaliza. Esa normalización es imposible si el déficit fiscal, además de reducirse, no prescinde de la emisión desaforada para financiarse. Para lograr ese propósito hace falta acceder al crédito internacional, porque la oferta de pesos del mercado local es insuficiente. Pero ese camino está cerrado porque el país seguirá en cesación de pagos mientras no liquide la deuda con los holdouts. Esa solución depende de un ajedrez procesal que se libra en Nueva York.

La Cámara de Apelaciones de esa ciudad debe resolver el 13 de abril si convalida el punto de vista del juez Thomas Griesa. Como la Argentina demuestra voluntad de pago, las medidas cautelares que le impiden gestionar préstamos se han vuelto innecesarias. Esa vocación de cumplimiento se expresa acordando con los distintos acreedores. Y derogando las leyes cerrojo y de pago soberano, que impiden realizar los desembolsos. Primera conclusión: el corazón de la estrategia del Gobierno para salir del default y relanzar la economía depende de lo que vote pasado mañana el PJ en el Senado.

El dueño de esa llave es Miguel Pichetto, quien coordina sus decisiones con los gobernadores peronistas. Pichetto alineará a la mayoría de su bloque con las urgencias del Gobierno. Además de cruciales consecuencias económicas, esa decisión disparará una dinámica política. La posición frente al acuerdo con los holdouts condujo la interna peronista a un enfrentamiento intransigente.

Lo más probable es que el PJ termine siendo intervenido por María Servini de Cubría. Segunda conclusión: la discusión sobre el modo de sanear la economía es el punto de partida, o la coartada, para una nueva organización de la política.

La partida que se juega en Nueva York deriva de una decisión clave de Griesa. El 19 de febrero anunció que levantaría las medidas cautelares por las cuales vino impidiendo a la Argentina tomar deuda en el mercado internacional. El juez fijó dos condiciones. Que el Congreso derogue las leyes que impiden pagar a los acreedores. Y que se pague a los demandantes que aceptaron la propuesta oficial hasta el 29 de febrero.

Griesa fijó un criterio clave. Explicó que las cautelares estaban destinadas a forzar a la Argentina a pagar. No a acorralarla para mejorar la posición negociadora de los acreedores. Para que quedara más claro, formuló su promesa sin esperar a que el más importante de los holdouts, Paul Singer, de NML, acordara con el Gobierno.

Con la notificación de Griesa, el temor del PJ a derogar las leyes que impiden el pago, sin que se recupere la capacidad de obtener crédito, quedó injustificado. El itinerario trazado por el juez vuelve redundante el artículo 2 de la ley pactada con la oposición para levantar el cerrojo. Allí se establece que no se pagará mientras estén vigentes los amparos. El juez también facilitó al ministro Alfonso Prat-Gay y al secretario de Finanzas, Luis Caputo, la colocación de bonos para pagar en efectivo a los holdouts.

El anuncio de Griesa forzó a Singer, sobre la hora, a acordar. El 29 de febrero, el special master Daniel Pollack comunicó que la Argentina había pactado con NML pagar su deuda el 14 de abril. El 3 de marzo, el juez levantó los amparos ad referendum de que se derogue el cerrojo. En su resolución dijo que "las circunstancias han cambiado de manera tan significativa como para declarar las medidas cautelares inequitativas y perjudiciales para el interés público". En otras palabras, en el empeño porque se cumpla la ley, la justicia no debe convertirse en socia de los holdouts.

Los litigantes que no habían acordado apelaron la medida para, contrariando a Griesa, fortalecerse en la negociación. Singer se sumó para no quedar en desventaja respecto de otros demandantes. En su momento, sus abogados pretendieron que se le concederían siempre las prerrogativas del acreedor más favorecido. Pero el Gobierno no aceptó esa cláusula.

En esta encrucijada, Macri se vio auxiliado por uno de los dos factores exógenos que más cooperan con su administración: el auspicio de las democracias occidentales, sobre todo de los Estados Unidos. Mientras Barack Obama se abrazaba a Mora Godoy para bailar Por una cabeza en el Centro Cultural Kirchner, su representante ante los tribunales neoyorquinos, Preet Bharara, se presentó como amicus curiae para indicar a los camaristas que "los Estados Unidos tienen especial interés de política exterior en apoyar a la nueva administración de la Argentina en sus esfuerzos por revertir políticas económicas anteriores, para normalizar la relación de la Argentina con sus acreedores y fortalecer su economía. Si no se anulara el pari passu, esto tendría serias consecuencias para la economía argentina y para los intereses de los Estados Unidos en la región".

El respaldo de Washington llama la atención por lo contundente y explicita con mayor claridad lo que expresó Obama en Buenos Aires. Para su gobierno, el experimento Macri significa la señal más temprana de un giro de alcance regional. Presagia el abandono de un populismo que tiene entre sus rasgos principales la enemistad con los Estados Unidos y el alineamiento con potencias como China o Rusia.

La presentación de los abogados de la Casa Blanca proyectó sobre el campo judicial el apoyo que Obama brindó en público y en privado a esa transición. Y a su condición de posibilidad, la salida del default. En su primera entrevista con Macri y su equipo, el presidente norteamericano dijo: "No puedo creer que hayan hecho todo con tanta velocidad". Obama reiteró ante distintos interlocutores que Jack Lew, el secretario del Tesoro, lo mantiene al tanto de las negociaciones. En un par de oportunidades elogió a Prat-Gay, el interlocutor de Lew. Fue ese secretario quien decidió, a pedido de la Argentina, el alegato ante la Cámara de Apelaciones.

Los camaristas no exhibieron ansiedad alguna frente a estos auspicios. Fijaron la audiencia para el 13 de abril. Un día antes de la fecha de pago acordada con Singer. Esa demora tendría una sola explicación, brumosa. Es que uno de los jueces estaría de vacaciones.

La resolución de la Cámara abre un jardín de senderos que se bifurcan. El más inmediato: ¿resolverá el mismo 13 o se tomará unos días? Otra disyuntiva, más obvia, es que la resolución de Griesa puede salir o no ratificada. Los abogados coinciden en que se convalidará la posición del juez. La Argentina podría, entonces, pagar, con la seguridad de que la cautelar se levantaría en el acto.

Incógnita

Aun así, surge una incógnita sobre la factibilidad práctica del pago. Aun cuando los camaristas se expidan el 13, es imposible colocar en 24 horas los bonos necesarios para saldar la deuda con Singer. ¿Será lo que pretende este maquiavélico financista? Desde un principio él exigió que la Argentina pague con papeles; no con cash. En tal caso, el Ministerio de Finanzas debería negociar con mucha dureza la cotización de esos títulos.

La alternativa es que, como conjeturó Pollack cuando anunció el entendimiento, el Gobierno y NML acuerden la postergación del pago. Los abogados de Singer adelantaron que no lo aceptarían. Insinúan que darían por incumplido el compromiso y volverían al juzgado de Griesa a reabrir la negociación. El objetivo, obvio, es pedir más dólares.

La contestación de la Argentina es previsible. Si no se entregó el dinero fue porque la Justicia, a la que el país ha decidido someterse a rajatabla, lo impidió; no por falta de voluntad de pago. Esa tesis se debilitaría en un solo escenario: si los senadores comandados por Pichetto demoraran la derogación prevista para pasado mañana.

Aquí irrumpe el segundo proceso que ayuda a Macri a alcanzar sus objetivos. La crisis del liderazgo de Cristina Kirchner y la apertura de un debate en el peronismo. Pichetto, igual que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina, votarán a favor del dictamen derogatorio, que aprobaron la semana pasada. Dicho de otro modo: privarán a Singer de un argumento principal.

La decisión se sostiene en el acuerdo entre la Casa Rosada y los gobernadores peronistas. Consiste en adelantar este año tres puntos del 15 por ciento de coparticipación que debe reponerse. También autorizarles un monto similar de endeudamiento. E incluirlos en el plan de obra pública que anunciará el Gobierno en unos días.

Pero Pichetto juega también otra partida. Lidera, junto a la mayoría de los gobernadores, el sector del PJ que decidió cooperar con la normalización económica argentina. Esa estrategia parte del reconocimiento tácito del fracaso ostensible de la orientación adoptada por Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

El caso decisivo de esta divergencia es el pago a los holdouts, que el kirchnerismo entiende como una defección en la saga "patria o buitres". Con esta discordia de por medio es imposible que los peronistas compongan una lista de unidad para la renovación de autoridades del 8 de abril. El promotor de esta salida, José Luis Gioja, votó a favor de permanecer en el default, con tal de conseguir un acuerdo interno. Con la flexibilidad de un acordeón, el miércoles también formó fila para saludar a Obama.

La posición frente a la cesación de pagos determina, o enmascara, el enfrentamiento. Pero no garantiza una elección interna. Habrá impugnaciones que darán lugar a la intervención del partido por María Servini de Cubría.

Curiosa derivación. La discusión sobre el default es la causa, o la excusa, para que Macri alcance un objetivo principal de su gestión: que el peronismo atrase todo lo posible su normalización. O, dicho de otro modo, que postergue la reaparición de un liderazgo indiscutido.