El Gobierno notó en los últimos días cierta distancia del diputado de Tigre, justo cuando comenzó la discusión de políticos y economistas sobre la inflación. En medio de esa polémica, hasta pidió que se postergara la designación de funcionarios que él había reclamado. Ayer esa distancia fue más evidente cuando frenó la aprobación del decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri por el que derogó otro de Cristina Kirchner que ampliaba a todas las provincias la devolución de la retención del 15 por ciento de la coparticipación para financiar la Anses.

El diputado massista en la comisión bicameral que analiza los DNU, Raúl Pérez, obligó a la postergación antes de votar en contra, que hubiera significado la caída lisa y llana del decreto de Macri. Massa estuvo negociando febrilmente en las últimas horas con funcionarios nacionales y gobernadores. La caída del decreto del actual presidente hubiera significado, también, el restablecimiento pleno de aquel decreto de Cristina. La ex presidenta firmó ese decreto dos días antes de abandonar el poder, sabiendo que colocaba un explosivo perfecto bajo el sillón del próximo presidente. La devolución del 15 por ciento retenido de la coparticipación obligaría al Estado nacional a disponer de fondos extras por 80.000 millones de pesos. "Tenemos un déficit del 6 por ciento. Agregarle esa suma al presupuesto es directamente imposible", aseguró un ministro de Macri.

El decreto de Cristina se respaldó en una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que días antes había ordenado la devolución de esa retención a las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis. Las tres provincias hicieron un largo juicio, que duró no menos de siete años, ante el máximo tribunal de justicia del país. La Corte convocó, incluso, a audiencias públicas con los gobernadores y funcionarios nacionales. Ese fallo no es, desde ya, extensivo automáticamente al resto de las provincias, pero podría fijar una jurisprudencia para el futuro. No obstante, cada provincia debería hacer su propia demanda y esperar los tiempos del tribunal.

Postergan el debate sobre el polémico DNU

La cesión de esa porción de coparticipación comenzó a principios de la pasada década con un acuerdo entre el gobierno federal y las provincias. Concluyó en 2006, pero el entonces presidente Néstor Kirchner prorrogó la vigencia de la retención por decreto, sin acuerdo con las provincias. Esa decisión disparó los juicios que hicieron Córdoba, Santa Fe y San Luis ante la Corte Suprema. Hubo provincias que eligieron otros caminos. El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, solía decir que a él le convenía más llevarse bien con los Kirchner que pleitear ante la Corte. Conseguía más dinero aplaudiendo en el Salón de los Patriotas de la Casa Rosada que con un fallo de la Justicia.

Relación de fuerzas

El decreto de Cristina cambió radicalmente la relación de fuerzas. Los gobernadores tienen ahora esa herramienta en sus manos para presionar al gobierno nacional. La retención de ese 15 por ciento es claramente injusta para las provincias. El problema son los tiempos. Un conflicto que lleva diez años de vida difícilmente pueda resolverse en dos meses, sobre todo cuando significa una cantidad enorme de dinero para un Estado exhausto.

El Presidente instruyó a su gabinete, como dijo ayer, para que la devolución se haga con un programa progresivo y anual, que comenzaría este mismo año. Senadores peronistas habían anticipado que estarían de acuerdo con un plan parecido al que anunció Macri. La cuestión sin resolución todavía es cómo sería el ritmo anual de la devolución. Algunos senadores peronistas dijeron que el gobierno nacional podría entregar este año el 7 por ciento; otros hablaron del 5 por ciento. La propuesta que ha hecho Macri consiste en un plan en cinco años, con una devolución anual del 3 por ciento, de tal manera de llegar al 15 por ciento en el quinto año. Sería el tiempo que le llevaría a la Corte Suprema resolver los planteos de los gobernadores, aunque, argumenta Macri, las provincias no cobrarían nada mientras dure el trámite judicial si optaran por recurrir a los tribunales.

En ese contexto apareció ayer la posición reticente de Massa, que impidió el empate en la comisión bicameral. El empate hubiera significado un triunfo porque podía desempatar el presidente, el senador radical Luis Naidenoff, un aliado de Macri. El peronismo tiene tres franjas evidentes. Una es la liderada por Massa, que hasta ahora se preservó más cerca que lejos de Macri. Eso le permitió a Massa convertirse en uno de los líderes políticos más populares del país. Pero Massa es Massa. No bien vio que las encuestas empezaban a reflejar cierto malestar social por la economía, tomó distancia de Macri en un tema que es crucial para la estabilidad de las cuentas públicas.

La otra vertiente peronista es la que lidera el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que tiene algunos seguidores entre gobernadores, intendentes y legisladores nacionales. Urtubey es, a su vez, adversario de Massa. Los dos se proponen como una renovación joven del peronismo y prometen la construcción de un justicialismo democrático y republicano. Las propuestas y la generación que representan son las mismas. La diferencia entre ellos es que Massa se fue del justicialismo y Urtubey prefiere dar la pelea dentro de la estructura partidaria del peronismo. Urtubey trabajó también un perfil comprensivo de las necesidades de Macri; el sábado acompañará al Presidente en su visita al papa Francisco.

Un tercer sector del peronismo lo constituyen el resto de los gobernadores, tan preocupados como Macri por el equilibrio fiscal. Con excepción de la Capital Federal, ninguna provincia está bien. Por eso, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fue la primera que se enfureció con la propuesta que el ministro de Educación, Esteban Bullrich, les hizo a los docentes nacionales. Fue un error político, porque el acuerdo de Bullrich complica mucho a las provincias, empezando por Buenos Aires. Con todo, los gobernadores peronistas (que tienen la obligación de pagar salarios el primer día de cada mes) están más inclinados a acuerdos precisos con el gobierno nacional que a la ruptura.

La necesidad de asegurar la gobernabilidad obliga a Macri (y lo obligará en los próximos dos años, al menos) a buscar acuerdos coyunturales con esas franjas distintas del peronismo. Todo el peronismo, se llame como se llame, tiene un control decisivo en el Congreso, aunque en el Senado es donde consiguió mayor unidad.

Con tanto dinero en juego, el debate de fondo es la inflación. Macri se niega a ver en los empresarios a los culpables del precio de las cosas. "Podrá haber alguno que saca provecho del momento inflacionario, pero ellos no son la causa de la inflación", repite. La inflación es, en el fondo, un problema monetario. El populismo pasado colocó mucho (muchísimo) dinero en circulación y no permitió, al mismo tiempo, que se ampliara la oferta. Desde que existe el mundo, esa ecuación (mucho dinero y poca oferta) termina en procesos inflacionarios.

La falta de percepción colectiva de la crisis económica permite, a su vez, que al Estado se le exijan muchas concesiones de recursos. Si Macri concediera todo lo que le piden, la inflación no sólo no se resolvería; también podría llegar a niveles social y políticamente inaceptables. Es el destino que le tocó al Presidente: cerrar el bolsillo mientras negocia con el peronismo, siempre inquieto cuando el poder no está en sus manos.