El Gobierno emitirá bonos por US$ 15.000 millones para pagarles en efectivo a los bonistas que no entraron en los canjes de deuda de 2005 y de 2010, muchos de los cuales tienen sentencias a favor en los tribunales de Nueva York.

Según estimaciones que manejan en Hacienda, hay US$ 20.000 millones de reclamos por deuda en cesación de pagos, de los cuales US$ 9000 millones forman parte de lo que se conoce como el "juicio pari-passu", por el cual desde julio de 2014 la Argentina está imposibilitada de pagar cualquier vencimiento de deuda en moneda extranjera y está técnicamente considerada por las calificadoras de riesgo como en "default".

"Estimamos que pagaremos [a los holdouts] unos US$ 15.000 millones, lo que implica una quita de intereses del orden del 40 por ciento", dijo ayer el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, en diálogo con periodistas. "Siempre lo dijimos: el principal problema era la acumulación de intereses sin fundamento claro ni justo. No íbamos a discutir el capital, lo que fue una sorpresa hasta para el mediador [Daniel Pollack]", confió. Prat-Gay recibió a la prensa junto con el secretario de Finanzas, Luis Caputo, para explicar los avances en las negociaciones con los acreedores de la deuda en default.

No dieron detalles sobre lo que planean hacer si fondos como NML o Aurelius no aceptan la oferta de pago. Prat-Gay admitió que existiría en tal caso el riesgo de sufrir futuros embargos. También dejó la puerta abierta para realizarles (una vez saldada la deuda con el resto de los acreedores) una oferta superadora. "Está claro que se puede seguir negociando", dijo el ministro.

"Dependerá de lo que diga el Congreso", se atajó el ministro de Hacienda.

La Argentina consiguió que el viernes pasado el juez de Nueva York Thomas Griesa anticipara que levantará la medida cautelar que impide que el país pague vencimientos de deuda en moneda extranjera en el exterior. Pero lo hará cuando se cumplan dos condiciones previas: que el gobierno de Mauricio Macri logre que el Congreso derogue las leyes cerrojo y de pago soberano, y se deposite el dinero comprometido a todos aquellos holdouts que acepten hasta el 29 de este mes la oferta de pago argentina. Ambas condiciones habían sido propuestas por el equipo negociador, encabezado por Caputo.

Para la Argentina, volver a los mercados de deuda es clave, no sólo para poder hacerse de los dólares para pagarles a los holdouts, sino además, admitió Prat-Gay, para poder continuar con el ajuste gradual de la economía y reemplazar el "financiamiento inflacionario" del Banco Central por "financiamiento genuino".

Para el 29 de este mes el Gobierno tendrá ya una idea de cuánto será el volumen de deuda que deberá emitir para saldar sus compromisos con los acreedores. Sin embargo, la emisión no se hará efectiva hasta el día en que el juez levante la medida cautelar y el Congreso derogue las dos leyes. En ningún momento, aclaró Prat-Gay, se planea usar reservas del Banco Central, sino que la emisión de deuda se hará simultáneamente con el levantamiento de la cautelar. "Todos los bancos con los que hemos hablado están confiados en que podemos levantar en el mercado la plata que necesitamos", dijo, por su parte, Caputo.

Prat-Gay explicó que la decisión de pagarles en efectivo a los holdouts respondió no sólo a una necesidad de acelerar las negociaciones (de otra forma, podrían pasarse meses discutiendo el precio al cual se tomarían los bonos), sino además porque creen que de esa forma la Argentina terminará ahorrando dinero. "Los que tenían que recibir el bono decían: «Lo tengo que vender y va a valer menos, con lo cual quiero recibir más cantidad de bonos». Mientras que para nosotros (una vez resuelto el default) los bonos iban a valer más. Estimamos que al hacerlo nosotros (por la emisión y la recaudación del efectivo), estamos ahorrando otros 3000 millones de dólares", aseguró.

Ayer, se conoció que los fondos Lightwater Corp., Old Castle Holdings, VR Capital, Procella Holdings and Capital Ventures, con reclamos por US$ 250 millones y 185 millones de euros, habían aceptado la oferta. Un tercio de los acreedores avaló ya la propuesta argentina (ver aparte).

Existen, sin embargo, varios cabos sueltos en la negociación, que el equipo económico podría tener resueltos (al menos así parecería en función de la seguridad que mostraron ayer Caputo y Prat-Gay), pero que para el mercado todavía presentan algunos riesgos. Por lo pronto, no está claro que el juez Griesa tenga jurisdicción para levantar la medida cautelar, dado que existen en este momento dos casos que están en la Cámara de Apelaciones.

En tal sentido, ayer, la Argentina aseguró en un escrito presentado a la Cámara que no piensa seguir apelando en la causa por la cual Griesa había obligado al Citibank a congelar los pagos de bonos argentinos en moneda extranjera, pero con ley nacional, ni el caso de los denominados me too. Según Sebastián Maril, de Inversor Global, la estrategia de la Argentina con esta medida sería que ambos casos vuelvan a manos de Griesa, y así el juez recupere la jurisdicción.