"Hicimos el gol en el último minuto del alargue." La frase corresponde a un alto funcionario nacional y evaluaba de esa manera el final de la fuga de los tres presos de General Alvear.

El resultado es exitoso para el gobierno de Mauricio Macri, sobre todo porque se trató de un ostensible desafío del delito y el narcotráfico a una administración que tenía apenas 15 días en el momento de la fuga. Había sido un desafío doble.

Sobre todo porque se lo hicieron a un gobierno que había planteado desde la campaña electoral que la lucha contra el narcotráfico es una de sus tres prioridades. El levantamiento del cepo al dólar, sin mayores sobresaltos, y ahora la captura de los tres prófugos fueron, tal vez, los dos mejores resultados concretos que puede ofrecer la nueva administración.

Sin embargo, la fuga y la posterior excursión de los delincuentes más buscados del país dejaron muchos interrogantes sobre las complicidades con el tráfico de drogas. Las hay en las fuerzas de seguridad y también existen pruebas de que sectores del Poder Judicial están vinculados al narcotráfico. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, agregó ayer a una esfera de la que se habla poco: la política.

En rigor, ni los uniformados ni la Justicia podrían moverse tan fácilmente en sus relaciones oscuras con los narcotraficantes si no existiera la protección de influyentes sectores políticos.

Nadie puede ignorar a estas alturas que un ex jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández -que fue antes ministro del Interior y Seguridad-, está seriamente involucrado en una investigación por el tráfico de efedrina. Los trasiegos con esa droga (esencial para la fabricación de metanfetamina o éxtasis) significaron un negocio de 500 millones de dólares. Los que acusan a Aníbal en ese expediente son importantes ex funcionarios de su propio gobierno.

La declaración más explícita contra el involucramiento de Aníbal Fernández en el tráfico de efedrina fue la del ex subsecretario de la Sedronar Gabriel Yusef Abboud, quien le dijo a la jueza María Servini de Cubría que Fernández impidió siempre resolver el problema de la importación de esa droga, que luego era contrabandeada a México.

El testimonio de Martín Lanatta ante el periodista Jorge Lanata señaló a Fernández como autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, que significó la muerte de tres empresarios de laboratorios farmacéuticos que importaban efedrina para incorporarla luego al mundo de la droga.

También está prófugo desde hace cuatro años Ibar Pérez Corradi, porque la justicia argentina le armó una causa local cuando estaba por ser extraditado a los Estados Unidos, donde está acusado de traficar heroína. Pérez Corradi se benefició de la legislación nacional que señala que un argentino no puede ser extraditado si tiene una causa abierta en el país.

En la causa local, la Justicia le dio la libertad condicional. Pérez Corradi desapareció en el acto. Pérez Corradi está sindicado como el cerebro de la banda que integraban los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, condenados a cadena perpetua como autores materiales del triple crimen. Sicarios, en fin.

Maridaje siniestro

En ese maridaje entre política y Justicia debe interpretarse la acción sospechosa de las fuerzas de seguridad. Capturados los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Schillaci, corresponde insistir con algunas preguntas.

La primera de ellas: ¿cómo fue posible que se fugaran de un penal de extrema seguridad por la puerta principal, empujando un auto viejo y destartalado y con un revólver de juguete? Ni siquiera guardaron las apariencias construyendo un túnel o rompiendo una ventana. El Servicio Penitenciario Bonaerense estuvo siempre sospechado (y el nacional también) de estrechas vinculaciones con el narcotráfico. No se trata sólo de una complicidad argentina. Basta observar la experiencia de Colombia o México para establecer la conexión permanente entre el narcotráfico y los guardicárceles. La fuga de los Lanatta y Schillaci confirmó que esa complicidad no sólo existe; también es descarada.

¿Por qué la policía de Buenos Aires se movió con la ingenuidad y la impericia de los boy scouts? Los prófugos recorrieron gran parte de la zona sur de la provincia (Quilmes y Berazategui, sobre todo) y visitaron a familiares y amigos, como si se desplazaran por zonas liberadas. Mientras los sicarios deambulaban cerca, el departamento policial de Quilmes llegó a tener cortes de luz cada media hora, que apagaban todo el sistema de computadoras, y dejaban inservibles las cámaras de seguridad instaladas en las calles. Coincidió con los cortes de electricidad de fin de año, pero los investigadores creen que también hubo complicidad entre los cortes, la policía y los prófugos.

Error de cálculo

Otra pregunta: ¿por qué la Gendarmería erró en 2000 metros las coordenadas precisas que le suministró la AFI (ex SIDE), que estableció la última covacha en la que se refugiaron los tres, en San Carlos Norte, en Santa Fe? Si hubieran seguido con exactitud esos datos, los Lanatta y Schillaci estarían presos desde el jueves pasado. En la noche del miércoles, el servicio de inteligencia le pasó al juez federal Sergio Torres las coordenadas exactas del lugar en donde se encontraban los sicarios. El magistrado se los dio a la Gendarmería, que al día siguiente hizo un megaoperativo... a dos kilómetros de donde estaban. Se fueron rápidamente del lugar. Lo que siguió fue una huida descontrolada, pero llegaron al centro de la ciudad de Santa Fe, donde descansaron en el departamento de un ingeniero al que habían secuestrado.

Más preguntas: ¿por qué la policía de Santa Fe dio dos informaciones distintas sobre la detención de Martín Lanatta? Primero dijo que los tres habían sido capturados y, luego, precisó que había uno solo en poder de las fuerzas de seguridad. ¿Qué pasó? ¿Por qué, además, hubo tanto recelo entre las fuerzas federales y la policía santafecina? Versiones que no fueron confirmadas señalan que hasta hubo tiroteos entre las dos fuerzas. La ministra Bullrich debió entrar a los empujones a una comisaría santafecina para ver a Martín Lanatta. Y ayer la policía provincial no entregó a los otros dos a la Gendarmería ni a la Policía Federal. Sólo se los entregó a Bullrich en persona. ¿Desconfiaban los policías santafecinos de los federales? ¿De qué desconfiaban?

Los prófugos tuvieron apoyo interno en el penal de General Alvear. Y tuvieron apoyo externo para poder desplazarse entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos impunemente. Al final, vencidos por el cansancio, agotados de correr por campos anegados y llenos de alimañas, fueron capturados.

Hay también, al final del día, sectores honestos de las fuerzas de seguridad que hicieron posible acorralar a los sicarios, pero es evidente que la complicidad se une a la falta de preparación y de recursos.

La última pregunta: ¿para qué se fugaron? ¿Sólo para salir corriendo entre la adversidad y la escasez? ¿O tenían programada una salida al exterior que se frustró a último momento? Sólo los prófugos pueden responder todas las preguntas sobre las complicidades y sobre el plan final de la fuga. Esas respuestas son cruciales para que el Gobierno conozca los infinitos lazos del tráfico de drogas con el propio Estado.