A pesar de las intenciones del gobierno bonaerense de encontrar una solución al conflicto de Cresta Roja, se agravó ayer la situación de la principal compañía avícola del país propiedad del grupo Rasic Hermanos, al punto que los trabajadores optaron por profundizar las medidas de fuerza que vienen llevando a cabo desde mediados de noviembre pasado. Apostados por quinto día consecutivo sobre la autopista Riccheri, ayer decidieron cortar totalmente esta ruta de acceso al aeropuerto de Ezeiza en reclamo al gobierno nacional por el urgente pago de los sueldos adeudados. Esto obligó a que muchos pasajeros llegaran a la terminal aérea a pie y arrastrando sus valijas y llevó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a reclamar la liberación de un carril más de la Riccheri y a poner medios de transporte para quienes necesiten llegar al aeropuerto.

Por su parte, otro grupo de manifestantes marcharon a la Plaza de Mayo, donde delegados de los trabajadores entregaron un petitorio en la Casa Rosada.

"Desde el Ministerio de Trabajo nos dijeron que nos olvidemos de cobrar antes de Navidad", afirmó Christian Villalba, delegado de la Comisión Interna de la compañía. También explicó que el petitorio "busca exigir una respuesta inmediata y reclamarle al Estado nacional y provincial una solución definitiva para los trabajadores y la continuidad de la empresa".

El referente gremial advirtió que de no ser escuchados proseguirá el plan de lucha con bloqueo de calles en el microcentro y en la Riccheri. "Los trabajadores, ajenos a la especulación del dólar o de la renta agraria, esperan de una vez por todas que el gobierno de Cambiemos anuncie una medida que ponga fin a este conflicto que afecta a 5000 familias", sostuvo.

Mientras tanto, el viernes pasado la jueza a cargo del concurso de acreedores de la compañía, Valeria Pérez Casado, emplazó a los propietarios de la empresa a que en 48 horas presenten un plan para retomar el funcionamiento y pagar los salarios adeudados. La magistrada advirtió que, de no presentar un cronograma de reestablecimiento de las actividades, se habilitará la intervención del Estado. Al respecto, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró el viernes pasado que se van a cuidar los puestos de trabajo e intimó a la empresa a cumplir el fallo.

"La jueza los intimó para que paguen la deuda o pongan en venta la empresa. Es un sector al que no le va mal y ha recibido muchísimo apoyo ", aseveró.