Cristina Kirchner blanqueó ayer que en el último año de su segunda gestión estuvo acumulando gastos, un déficit fiscal récord e incrementando la deuda pública. Con un decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado ayer en el Boletín Oficial, la Presidenta subió los gastos en $ 133.272 millones e hizo crecer el déficit, por lo que para afrontarlo debió endeudarse.

La medida tendrá un fuerte impacto en el comienzo del gobierno de Mauricio Macri, ya que parte de la deuda colocada a organismos públicos -unos $ 11.100 millones de pesos- deberá ser cancelada en marzo del año próximo.

El último año de la gestión de Cristina Kirchner terminará con un rojo fiscal cercano al cuarto de billón de pesos, según calculó la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). El apetito por recursos para gastar ha sido tan grande que el DNU publicado ayer dispuso que no se cumpla la ley que impide tomar deuda para financiar gastos operativos.

Pareciera, además, que la gran mayoría de los gastos fueron ya realizados porque, por ejemplo, se trata de incorporar a las partidas los aumentos salariales producto de paritarias. Y si el déficit no creció más fue sólo porque, si bien se incrementaron los gastos de funcionamiento, se redujeron las obras públicas.

El aumento del gasto dispuesto ayer representa un 10% adicional al presupuesto de 1,31 billones de pesos vigente al 31 de octubre pasado, luego de la última ampliación dispuesta por el Ejecutivo. El presupuesto original, consigna el informe de ASAP, era de 1,25 billones.

La deuda que deberá afrontar la próxima administración incluye un pagaré por $ 10.000 millones, a cargo del Ministerio del Interior y Transporte, y otro por $ 1100 millones, de la Superintendencia de Seguros. A tres meses de haber asumido, a Mauricio Macri le vencerán esos documentos y esa deuda con la que el gobierno saliente financió el año electoral.

Cristina Kirchner debió recurrir a un DNU porque la legislación establece que corresponden al Congreso las normas que aumenten el gasto o la deuda.

También se autorizó a colocar bonos por hasta $ 4300 millones para atender los compromisos de refinanciación de deudas provinciales pactados en 2010. Esos bonos vencerán en 2018.

Algunos incrementos de partidas eran más que esperables. Por ejemplo, para los subsidios al consumo de electricidad y para Aerolíneas Argentinas. A fines de septiembre ya se había consumido casi todo lo dispuesto para el ejercicio y LA NACION mencionó en varias oportunidades que las partidas serían formalmente acrecentadas, lo que ocurrió ayer.

Era esperable la suba de fondos para Fútbol para Todos, por $ 123 millones, y evidentemente se lo quiso blanquear después de la segunda vuelta electoral. También se aumentó en $ 30.000 millones la autorización para colocar deuda. Habrá que ver si esas operaciones no están ya concretadas y se transparentan en los próximos días.

El sector energético continuó devorando sumas significativas. Para subsidiar a petroleras con los planes Petróleo Plus y Refino Plus se agregaron $ 7325 millones y otros $ 122 millones para los productores de crudo. Mientras tanto, a Yacyretá le recortaron partidas por $ 200 millones. Un poco menos, alrededor de $ 156 millones, no se gastaron porque no se construyó la faraónica torre de comunicaciones que la Presidenta quería erigir en Avellaneda.

Entre los más fuertes incrementos figuraron los pagos de intereses de la deuda pública, alrededor de la décima parte del incremento total: casi $ 13.400 millones.

Además se autorizó a Economía a que otorgue avales por US$ 125 millones para garantizar la construcción del sistema satelital Arsat III, que también quedará como herencia para el gobierno de Mauricio Macri. Es curioso porque a la empresa estatal Arsat, encargada de la tarea, se le cortaron las partidas de este año por $ 750 millones.

La Anses obtuvo autorización para gastar $ 13.950 millones en complementos de las prestaciones previsionales, asignaciones familiares, Plan Progresar y transferencias al PAMI y la AFIP.

El Ministerio de Educación obtuvo un incremento de más de $ 6000 millones para enviar a universidades. En los últimos días de la campaña por el ballottage hubo fuertes actos de propaganda en favor del candidato Daniel Scioli en casas de altos estudios, como la UBA.

La Dirección Nacional de Vialidad recibió un incremento con el que paliará su situación, ya que a fines de octubre ya había consumido el 86% de lo asignado para el año y muchas empresas contratistas de obras se quejaban de atrasos en los pagos.

Curiosamente, a la compañía estatal Intercargo, que opera La Cámpora y se ocupa de trasladar en los aeropuertos tanto a pasajeros como equipajes entre las terminales y las aeronaves, se le cortaron $ 100 millones. Pero entre las quitas significativas figuran los $ 2003 millones en la cartera de Florencio Randazzo que estaban destinados a inversiones en el transporte ferroviario y a las obras en puertos como el de Bahía Blanca e Iguazú, entre otros, y en vías navegables.

Por su parte, el Correo Argentino se hizo de $ 1000 millones más, algo esperable en un año electoral, mientras que el sistema de medios de comunicación en manos del Gobierno obtuvo una mejora de $ 204 millones.