Justo el día en que el matarife más famoso, Alberto Samid, firmó un contrato
para actuar en el verano junto a la explosiva vedette Victoria Xipolitaxis, el
Ministerio de Agricultura tomó una decisión igual de explosiva: suspendió por
180 días la emisión de nuevas matrículas para actuar como matarifes o
consignatarios directos de hacienda. Sería el primer paso de una ofensiva
oficial contra la multimillonaria evasión en el negocio de la carne.
La Resolución 425/15, firmada por el secretario de Agricultura, Gabriel
Delgado, fue publicada ayer en el Boletín Oficial. Repite una medida aplicada
hace años por la disuelta ONCCA para ordenar el mercado y erradicar matrículas
sospechosas. "Actualmente se encuentran inscriptos en el RUCA (el Registro de
Operadores Agroalimentarios) más de 1.000 matarifes", se explicó antes de cerrar
el grifo por los próximos seis meses. En ese lapso, se supone, la idea oficial
es depurar de ese listado la gran cantidad de operadores truchos.
Tanto los matarifes como los consignatarios directos trabajan con hacienda
propia o en consignación, y contratan los servicios de faena en una planta
frigorífica. Se sabe que detrás de esta proliferación de permisos se esconde el
filón de la evasión impositiva en el sector cárnico, que tuvo un pico a fines de
los años 90 (el propio Samid llegó a estar procesado acusado de evadir por $ 88
millones), que derivó en la rebaja de la alícuota del IVA del 21 al 10,5%. Otra
forma de eludir todas las normas laborales y previsionales es la utilización de
dudosas cooperativas.
En los últimos años, según varias fuentes, se registra un fuerte rebrote de
la evasión, que tiene mucho que ver con el relajamiento de los controles luego
de la disolución de la ONCCA en 2011. Sucede que el control quedó a cargo de
Agricultura, pero la potestad de aplicar sanciones depende de Economía. Así, el
Estado actúa como una suerte de "policía bobo": cuando detecta la infracción no
dispone del talonario para multas. Un ejemplo de lo mal que funcionarían las
cosas es lo que sucedió unas semanas atrás en el frigorífico santiagueño Forres
Beltrán, donde tras una inspección se decidió la interdicción de 1.600 medias
reses que figuraban a nombre de dos matrículas muy sospechosas, Emesefar SA y
Platy SA.
Según una fuente del frigorífico, el grupo Beltrán "no tuvo nada que ver con el hecho porque solo prestaba el servicio de faena" a ambos operadores, a los que luego hasta les habrían devuelto la carne que se había secuestrado. Luego de ello, nunca hubo una explicación oficial sobre lo sucedido.