El Centro de Corredores de Rosario pidió al Gobierno y a la próxima administración que eliminen el control a las exportaciones y alertó por las fuertes pérdidas que le genera a la cadena de granos lo que consideran una distorsión del mercado.

A mediados de 2008, la relación entre el campo y el Gobierno estaba quebrada. Piquetes y contrapiquetes obligaron a la presidenta Cristina Fernández a enviar al Congreso el plan de retenciones móviles que había desatado la guerra. Días después, el campo festejaría el voto no positivo de Julio Cobos, que echó por tierra el proyecto de aumentar inmediatamente el derecho de exportación, a lo que se sumaba una suba futura de la alícuota por la proyección alcista del precio de los granos.

Pero entonces "silenciosamente, el Gobierno instaló el cepo a la exportación", aseguró Gustavo Guillamet, Protesorero del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, en una charla organizada en el marco de la 129º Exposición Rural. El especialista se refirió así a la entrada en vigencia de la Resolución General 543 de la ex Oncca, publicada el 28 de mayo de 2008, que instauró el actual sistema de permisos de exportación (ROEs) que "opera en la práctica como un mecanismo de licencias previas de exportación no automáticas", generando no sólo graves consecuencias económicas a los productores, sino también a las economías regionales, indicó.

Según Guillamet hoy tanto la industria procesadora como los exportadores, no compran en función de una demanda real, si no pensando en los permisos que se podrán obtener para exportar. Más aún, compran antes de que se liberen los cupos y logran formar un stock de exportación para cuando la apertura cupificada de las ventas aumente los precios. Por lo que el precio que recibe el productor tiene un techo artificial, según insisten en el sector.

A raíz de las distorsiones en los mercados de trigo y maíz, la entidad solicitó un estudio legal al Centro de Estudios de Derecho Administrativo de la Universidad Católica (UCA) de Rosario que determinó que el control oficial del mercado es inconstitucional. A esto se agrega, según Guillamet, que es violatorio de las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El sistema fue defendido por el oficialismo como forma de proteger la mesa de los argentinos, pero desde la entidad aseguran que con los mercados abiertos, nunca faltó maíz o trigo para el consumo interno. En los hechos, el mecanismo funciona también como un contenedor de los precios, que se desacoplan así con los valores externos. Es tras la caída de los precios internacionales de los granos desde su techo histórico, en 2008 y 2009, que las entidades se preocupan más por las distorsiones que dicen que esta norma genera, a partir de que hay mucho menos margen de rentabilidad o, incluso, los productores cosechan sin recuperar la inversión.

El Centro de Corredores, por tanto, demandó que se derogue la RG 543 y haya "mercados abiertos durante todo el año, sin cupos, cuotas, ni restricciones de ningún tipo, garantizando la libre competencia entre las partes".