Tan pronto como se conoció el resultado del referéndum convocado por el primer ministro griego, Alexis Tsipras, nuestra Presidenta emitió una elogiosa declaración en la que afirmó que "el pueblo griego les dijo no a las imposibles y humillantes condiciones que se le pretenden imponer para la reestructuración de su deuda externa". Tsipras personificaba el héroe que imponía sus reglas al imperialismo en defensa de su pueblo. Le aportaba una bandera al kirchnerismo después de más de un año de haber puesto a nuestro país en default al incumplir el pago de una obligación surgida de una sentencia definitiva de una sede judicial a la cual libre y expresamente nuestro gobierno se había acogido.

Han pasado unos días desde ese referéndum y hoy aquellos entusiasmos deberían revisarse, a la vista de las realidades que el propio pueblo griego y sus gobernantes han encontrado. El populismo de Tsipras halló rápidamente sus límites. La gente común percibió las graves consecuencias del cierre de los bancos y la evidencia de una hecatombe económica y social en caso de que Grecia abandonara el euro. La opción plebiscitaria por el no, detrás de una confusa pregunta y de la arenga populista y nacionalista, se contraponía a la voluntad mayoritaria de no abandonar la moneda común. El apoyo popular que habían tenido las primeras medidas de Tsipras se transformó en un reclamo de evitar el caos. Frente al abismo quedaron como una bravata varias de sus recientes disposiciones, tales como la suspensión de las privatizaciones y el reingreso de funcionarios públicos. Lejos de reducir el déficit fiscal, lo incrementaban.

La falsa ilusión de Tsipras de que podía encontrar receptividad en algunos países de la Unión Europea implicaba desconocer que España, Italia e Irlanda habían ejecutado dolorosos ajustes para recomponer sus situaciones fiscales y lo estaban logrando. Una excepción de trato significaba una injusticia respecto de quienes los habían cumplido. Además, el derrotero fiscal de Grecia exponía múltiples aspectos descalificantes para aspirar a un trato demasiado generoso de sus acreedores. La persistencia de su gobierno en gastar por encima de sus recursos reconocía excesos y la ausencia total de una austeridad preventiva. El programa de ajuste ahora votado por el Parlamento griego resultó finalmente similar al que habían propuesto el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea. La sangre no ha llegado al río y se obtendrán los fondos de ayuda para la reestructuración y el cumplimiento de los pagos. Se tendrá que seguir trabajando, aunque ahora, y referéndum mediante, parece haber suficiente consenso en que un default unilateral finalmente ocasiona más daños que los que evita.

Los canjes de la deuda pública argentina de 2005 y 2010 no lograron la reestructuración de la totalidad de los pasivos declarados en default el 24 de diciembre de 2001. Se mantienen 6300 millones de dólares de valor original fuera de esos canjes, que hoy dan lugar a reclamos del orden de los 20.000 millones. Una parte de éstos corresponden a inversores iniciales y otra, a fondos que adquirieron los bonos a bajo precio luego de haber quedado impagos. Dictadas las sentencias y superada la amenaza de la cláusula RUFO, el gobierno no ha querido negociar y se propone no hacerlo durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras tanto, esa actitud impide a la Argentina acceder a los mercados internacionales de crédito en condiciones razonables y la obliga a pagar una tasa de interés que más que duplica la de los países vecinos.

Estando en default, muchos inversores tienen impedido adquirir títulos públicos argentinos, al tiempo que se ahuyenta la inversión en actividades productivas. El balance de divisas es hoy fuertemente negativo y el cepo cambiario es una de sus consecuencias. La economía argentina cruje bajo los efectos de la estanflación, el desplome de las exportaciones y la quiebra de las economías regionales. Las pérdidas y el lucro cesante son cuantitativamente muy superiores a lo que hubiera costado arreglar con los holdouts y los demás acreedores impagos. La huida de pesos hacia dólares ya ha comenzado y nada logrará el Gobierno mediante el acoso de espías especializados a empresas y entidades financieras, como señala el reciente decreto oficial supuestamente dirigido a evitar corridas bancarias y cambiarias.

Lamentablemente, el empecinamiento adolescente en enarbolar banderas ideológicas teñidas de populismo impide toda solución. Para los Kicillof y los Zannini de este mundo se trata de una guerra contra los mismos enemigos que supone combatir Tsipras. Nuestro país, mientras tanto, sigue sufriendo las graves consecuencias de su aislamiento internacional y de la fuerte desconfianza de los inversores.