El juez Claudio Bonadio, que investiga el posible lavado de dinero en los hoteles de los Kirchner, ordenó hacer un peritaje contable de las diferentes empresas turísticas de la familia presidencial. Ese estudio, que puede durar meses, es la antesala del escenario más temido por la actual Presidenta: el posible llamado a indagatoria de sus hijos, Máximo y Florencia, y también de ella misma, accionistas de esos hoteles sospechados de haber sido utilizados para ingresar al circuito legal dinero tal vez obtenido de la corrupción.

Clarín pudo saber que la Justicia ya recolectó información contable de los hoteles K que dan indicios firmes de finanzas sospechosas. Hay varios ejemplos de ésta última situación. Durante varios años, por caso, quien explotó comercialmente tres de los hoteles K fue el socio presidencial y a la vez contratista del Estado, Lázaro Báez. Por el hotel más grande, el Alto Calafate, Báez les pagó a los Kirchner alrededor de 5 millones de pesos de alquiler por año.

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Cuando las denuncias sobre las irregularidades financieras de Báez se empezaron a investigar en la Argentina, Uruguay y Suiza, la contabilidad de los hoteles K cambió de modo radical. El Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea, de El Chaltén, pasaron a ser manejados desde lo comercial por la firma Idea Sociedad Anónima S.A, de un socio de Máximo, Osvaldo Sanfelice. Éste último intentó “emprolijar” los números de Báez, y por ende también de los Kirchner.

Sanfelice paga ahora de alquiler del Alto Calafate, por año, 800 mil pesos. ¿Báez le regalaba su dinero a los Kirchner? ¿La firma Idea Sociedad Anónima S.A es realmente de Sanfelice o es una empresa pantalla manejada en rigor por los Kirchner? La administradora Idea Sociedad Anónima S.A tiene su sede en la inmobiliaria en la que trabaja Máximo Kirchner en Santa Cruz.

El portal Infobae informó hoy, además, que Bonadio lideró desde Buenos Aires otro operativo inédito en la era K. Envió a un grupo de sus funcionarios a pedir información sobre el funcionamiento de los hoteles presidenciales a la inmobiliaria de Máximo, desde central de los negocios presidenciales. La Justicia, en 12 años de poder kirchnerista, jamás había tocado esa puerta. Como se dijo, en ese mismo lugar, Avenida Presidenta Néstor Carlos Kirchner 496, Río Gallegos- está la sede de Idea Sociedad Anónima S.A, y de otras empresas de Sanfelice.

El juez Bonadio prefirió pedir la documentación de modo formal, antes que allanar ese sitio, algo que igualmente podría suceder si es que le niegan los papeles contables y societarios que mandó a buscar allí, y a otras empresas vinculadas al caso Hotesur, llamado así porque ése es el nombre de la sociedad de los Kirchner que es dueña de su hotel el Alto Calafate.

A pesar de que los hoteles K son sociedades anónimas, manejadas por un directorio, los accionistas podrían tener responsabilidad penal por lo que pasó en sus empresas si la Justicia demuestra que esas firmas se armaron y se manejaron desde un inicio con el fin de cometer delitos financieros.

Fuentes judiciales le explicaron ayer a Clarín que un juez experimentado como Bonadio ordena realizar un peritaje contable sobre diferentes empresas presidenciales, y otras vinculadas a su entorno, una vez que tiene pruebas concretas de que en esos papeles financieros que recolectó existen irregularidades que deben ser estudiadas por expertos.

Ayer, investigadores del caso Hotesur describían la situación en la que se encuentra el expediente: "La moneda está en el aire. Depende de que lado caiga, los Kirchner deberán dar explicaciones en tribunales".

La familia presidencial tal vez tenga información privilegiada, o simplemente conozca cómo se manejaron sus hoteles: desde que empezó el caso Hotesur intentan apartar de la pesquisa a Bonadio, al mismo tiempo de que intentan sacarle la causa para que sea instruida en un juzgado patagónico, donde las causas de corrupción no suelen avanzar, tal como indica la historia reciente.