La Legislatura ha aprobado una reforma de la Ley Azucarera que, según dicen, solucionará el problema actual en la agroindustria de la caña. La medida confirma el predominio de un sector minoritario de la industria sobre el resto de los privados y el total de los cañeros independientes. El Estado se convierte en el autor y el gestor del enriquecimiento de los menos. El sistema implementado, ratifica el subsidio implícito creado por legislación provincial, de no participar en las exportaciones de azúcar a pérdida en forma íntegra, según informó el diario La Gaceta de Tucumán.
Se predica e insiste en que los beneficiarios inmediatos deberán ser los cañeros: los chicos y medianos. Nada más falso, ya que no se implementará ningún programa para que éstos tengan acceso a la producción por medio de destilarías autónomas y, mucho menos, se lo hace participar en los resultados económicos, ya que el valor del azúcar se mantiene constante en términos nominales desde hace cuatro años, a diferencia del valor del alcohol combustible que subió un 200%. Nada se dice del contrato de maquila para la caña con destino de alcohol. Los cañeros no han recibido ni recibirán, con estas regales de juego, los efectos de los mayores ingresos de la producción de alcohol, que ascienden a más de U$S 100 millones por año. El incremento de la cuota de la mezcla del dos puntos porcentuales debería ser con sentido integrador y participativo.
La última reforma es desintegradora y confronta a los tucumanos, cuando el proceso de alcohol debería ser superador, de conjunto, en un frente compartido de gestión, de políticas y de aprovechamiento económico. Además, la reducción de Ingresos Brutos sólo a una porción quiebra el frente cañero y aparece ridícula ante el plan productivo inexistente.
