Los dirigentes rurales bonaerenses sospechan con bastante fundamento que la repentina creatividad impositiva del gobierno de Daniel Scioli de adelantar toda la carga de vencimientos del impuesto inmobiliario rural al primer semestre no es sólo un incordio financiero de difícil cumplimiento: esconde el propósito de cobrar una cuota adicional sobre fines de 2015.

Con el calendario de vencimientos original, la última cuota vencía en noviembre y no daba mayores márgenes para agregar nada. En cambio, dejar liberados los últimos seis meses sin esta obligación fiscal es una tentación demasiado grande para el próximo gobierno provincial, que llegará sediento de recursos. La sola posibilidad de agregar una nueva carga al set impositivo que actualmente se lleva el 83,4% de la renta agrícola para el Estado, según un reciente estudio de FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina), resulta indigerible para los productores.

La gran mayoría de los cálculos privados concuerda que en campos arrendados, que equivalen al 60% de la superficie sembrada en el país, con rindes promedio y a precios de venta de los meses de cosecha 2015, se pierde dinero en maíz, soja de primera y trigo/soja en todas las regiones. Para Santiago Casares, presidente de Cazenave y Asociados, para esta campaña la gran responsable del quebranto de los productores será la carga fiscal, que estima en 4100 millones de dólares, equivalente a un tercio de su capital de trabajo.

Por otro lado, la noticia de que se le quiere cobrar antes los impuestos complica aún más la situación financiera que atraviesan en particular los chacareros bonaerenses.

Algunas agronomías o acopios de pueblos del interior quedaron en octubre con saldos sin pagar de insumos retirados para la campaña pasada. Una situación que hasta el momento no se había registrado. Lo cierto es que en esta campaña agrícola, por la estrechez financiera, se agudizó la tendencia que se viene dando en los últimos años, de invertir lo mínimo indispensable.

Los proveedores de insumos, ya sean semilleros o empresas de herbicidas y fertilizantes, pueden dar cuenta del menor paquete tecnológico que se está aplicando. La obtención de buenos rindes en la cosecha de soja o de maíz queda entonces cada vez más supeditada al buen comportamiento del clima en cuanto a lluvias y temperaturas.

Y en este sentido, la provincia de Buenos Aires no viene de una buena experiencia. De abril a septiembre del año pasado, buena parte de su territorio estuvo bajo el agua. Nada menos que 19 distritos de la provincia fueron declarados en emergencia o desastre por parte de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia de Buenos Aires (Cedaba).

Esta fuerte sospecha de los productores de tener que cargar a fin de 2015 con una cuota adicional del impuesto inmobiliario se suma al malestar que produjo lo que ya está a la vista en la decisión de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA). La Mesa Agropecuaria de la provincia la calificó de inconsulta e inoportuna. "Por el impuesto inmobiliario rural, tuvimos reuniones con el gobernador y sus funcionarios durante octubre, noviembre y parte de diciembre. Discutimos por la alícuota del aumento y logramos que no toquen la base imponible. Pero nunca se mencionó nada de adelantar los vencimientos", recuerda Horacio Salaberry, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

El vencimiento de la primera cuota del nuevo cronograma de pagos dispuesto por ARBA, en febrero, en lugar de marzo, parece elegido para su incumplimiento. Aun para los más celosos en pagar puntualmente las obligaciones fiscales, no les será fácil llegar con los fondos, teniendo en cuenta que los plazos de cobro de hacienda vacuna, leche o granos se manejan dentro de los 30 a 45 días.