Las medidas anunciadas por el Gobierno para regular el mercado ya fracasaron en controles anteriores y no son propuestas serias para encarrilar la industria, que viene con problemas desde hace más de tres años, publicó el Diario Los Andes.

La industria vitivinícola viene con problemas desde 2011, cuando la pérdida de competitividad del tipo de cambio fue afectando las exportaciones de vinos embotellados. Empresas que tenían marcas y estructuras de distribución en funcionamiento comenzaron a exportarse a sí mismos vinos a granel para fraccionarlos en mercados de destino, ya sea Estados Unidos o Europa. Otros, directamente, salieron a ofrecer sus vinos a granel a un mercado que aún se mostraba dinámico.

Lo que era claro es que se estaba perdiendo participación en las exportaciones de vinos embotellados de precio base, que son los más masivos. Otras empresas intentaron sacar nuevas líneas con nuevas marcas y más precios a mercados un poco más selectivos. Pero todos peleaban con lo mismo: elevada inflación interna que subía los costos en dólares porque el tipo de cambio se mantenía fijo.

Si bien esto repercutía en el mercado interno, nunca hubo problemas de excedentes, ya que los volúmenes de vinos básicos no se producían porque tenían al mosto como destino.

El mercado del mosto, a su vez, debía  lidiar con problemas de oferta y demanda en el mercado global. Aumentos de producción de California y España se encontraban con fuertes incrementos de la elaboración de jugo de manzana en China. Todo esto fue haciendo bajar el precio del jugo concentrado de uvas.

El problema hizo eclosión en 2013, cuando la baja de precios generó quejas de los productores, mientras los elaboradores de mostos se daban cuenta de que habían pagado muy caro el precio de la uva a principios del año.

Desde que se generó el acuerdo Mendoza-San Juan en 1994, se consiguió, con un sistema regulatorio, obligar a que una parte de la producción se destinara a producción de mostos. Luego se generó una excepción para los que exportaban.

Anualmente, y con el pronóstico de cosecha del INV en mano más un control de las existencias y siguiendo el ritmo del consumo, los gobiernos de ambas provincias decidían el cupo de mostos que debía elaborarse ese año. Aquellos que no cumplieran, pagaban una multa, cuyo destino era el Fondo Vitivinícola, entidad desde la cual se encaran campañas de promoción del consumo interno.

Al final, tiene que sacar el año antes de entregar poder pero  el ministro de Agroindustria, Marcelo Costa, quien urdió las medidas, quiere ser gobernador, lo que sería una mala noticia para la industria por el desconocimiento que el funcionario muestra.

Por otra parte, se proponen obligar  hacer un 37% de mosto en Mendoza y un 40% en San Juan y, seguramente, comprarán uvas con la idea de subir los precios.

Nadie sabe de dónde sacarán los recursos, cuando le deben $ 850 millones a los proveedores, sobre todo de salud, educación y obras públicas.

Pero el mercado actúa con el principio de acción y reacción y los bodegueros dijeron: “si me bloquean el 30% de los vinos, bajarán los precios de las uvas”, con lo cual Costa deberá imaginar una nueva distorsión para corregir la distorsión original.