Puede comprenderse que Cristina Fernández esté atravesando días de angustia y ánimo destemplado. Su poder recibe cotidianamente alguna notificación de acecho de parte del Poder Judicial. La pelea del fiscal (ad hoc) Carlos Gonella con el juez Claudio Bonadio –que lo declaró en rebeldía por no presentarse por quinta vez a declarar– hace mucho ruido institucional aunque tendría menos miga política que otras cosas. ¿Cuáles? El pedido de indagatoria que el fiscal Guillermo Marijuán hizo ayer contra el empresario K, Lázaro Báez, por presunto lavado de dinero. Una solicitud idéntica formuló el fiscal federal de Tucumán, Carlos Brito, contra el general César Milani, a raíz de la desaparición en Tucumán, en junio de 1976, del conscripto Alberto Ledo.
Puede comprenderse que Cristina Fernández esté atravesando días de angustia y ánimo destemplado. Su poder recibe cotidianamente alguna notificación de acecho de parte del Poder Judicial. La pelea del fiscal (ad hoc) Carlos Gonella con el juez Claudio Bonadio –que lo declaró en rebeldía por no presentarse por quinta vez a declarar– hace mucho ruido institucional aunque tendría menos miga política que otras cosas. ¿Cuáles? El pedido de indagatoria que el fiscal Guillermo Marijuán hizo ayer contra el empresario K, Lázaro Báez, por presunto lavado de dinero. Una solicitud idéntica formuló el fiscal federal de Tucumán, Carlos Brito, contra el general César Milani, a raíz de la desaparición en Tucumán, en junio de 1976, del conscripto Alberto Ledo.
La lupa colocada sobre Báez y Milani hablaría, a las claras, sobre el apremio de la Presidenta y del kirchnerismo. El empresario asoma hasta ahora, aquí y en el exterior, como la cara visible de una maniobra orquestada sobre lavado de dinero que envolvería también a la familia Kirchner. El militar se ha convertido en una viga de Cristina, que decidió sostenerlo al costo de abrir fisuras en las organizaciones de derechos humanos. El jefe del Ejército no sería, únicamente, operador eficaz de la usina de Inteligencia del Gobierno. Estaría sirviendo además para otras cuestiones que sólo el paso del tiempo alcanzaría, tal vez, a develar.
Aun cuando el escándalo Gonella represente una minucia comparada con las presunciones en torno a la familia Kirchner, también su caso tendría que ver con el hilo argumental del fin de ciclo K signado por la corrupción. El fiscal está acusado por Bonadio por “abuso de autoridad” y “violación de secreto” contra la jueza María Gabriela Lanz, en una causa sobre narcotráfico. Pero el llamado “discípulo de Alejandra Gils Carbó” (la procuradora General) fue procesado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi por eludir una investigación contra Báez por lavado de dinero. Sólo involucró en la investigación a Leo Fariña –que cumple prisión por evasión impositiva agravada– y a Federico Elaskar, ambos conocidos por su oficio de valijeros.
El problema, en esencia, para Cristina y la familia Kirchner es Báez. Eso explicaría la reacción presidencial del fin de semana cuando su hijo, Máximo, fue citado en un informe periodístico sobre la empresa Hotesur, que administra uno de los complejos hoteleros de la mandataria. Replicó a través del tuiter oficial con furia y visible descontrol. Las actividades de Hotesur están siendo revisadas por Bonadio. El magistrado pretendería encontrarle justificación a algo que, a la vista, no la tendría: cómo se podrían entender los ingresos del Alto Calafate con un promedio de baja ocupación; por qué razón una sociedad anónima de Báez rentaba centenares de habitaciones que nunca ocupaba; cómo sería posible que en los registros de ingresos casi no figuraran pagos con tarjetas de crédito. Una práctica habitual, en especial, en una plaza turística frecuentada por extranjeros. Los pagos se hacían siempre cash. Algo de toda esa historia estaría oliendo mal.
Aquel mecanismo figura en los manuales básicos acerca de cómo lavar dinero. Quizá por esa razón Sebastián Casanello habría quedado tan descolocado. El juez se abocó a los oscuros movimientos financieros, aquí y en el exterior, de Fariña y de Elaskar. Pero olvidó –vaya a saberse por qué– al empresario K. La Sala II de la Cámara Federal reclamó el lunes al juez que avance sobre Báez. El fiscal Marijuán pidió horas después la declaración indagatoria. A Casanello se le estarían encogiendo los márgenes.
El juez siempre evidenció frente a esa causa un ritmo llamativamente perezoso. Hizo nada, por ejemplo, cuando Suiza comunicó la existencia de tres cuentas de Báez en ese país con más de US$ 60 millones. Nunca contestó los pedidos de información del gobierno helvético. Recién después de dos exhortos de la jueza de Uruguay, Adriana de los Santos, pidió conocer detalles de la investigación sobre el empresario K, del otro lado del Río de la Plata. Casanello acostumbra mostrarse circunspecto aunque así como se le ve parece un prestidigitador con humo. Primero tuvo fricciones con Héctor Timerman por la supuesta demora de la Cancillería para tramitar los exhortos. Tardó más de un año en anoticiarse sobre lo que sustanciaba la Justicia uruguaya. En los últimos días, mencionó una “reticencia internacional” para colaborar con su causa sobre lavado de dinero.
La realidad mostraría un asunto concreto. Si ni Suiza ni Uruguay reciben información de la Argentina sobre el origen del dinero clandestino K –en apariencia proveniente de la corrupción– aquellas causas abiertas podría terminar prescribiendo.
El problema con Milani, en cambio, no tendría que ver con la plata. Al menos por el pedido de indagatoria que le hizo el fiscal Brito. Posee relación con los derechos humanos, que de noble bandera kirchnerista en los orígenes del ciclo mutó en curros, como lo definieron con valentía Graciela Fernández Meijide, el ex fiscal del juicio a las Juntas Militares, Julio César Strassera y Mauricio Macri. ¿Cómo podría entenderse, por ejemplo, el desfalco económico que representó el proyecto “Sueños Compartidos”, gerenciado por las Madres de Plaza de Mayo? ¿Qué sucedió con los grandes presupuestos que se esfumaron de la Universidad de las Madres?, recientemente estatizada por el Congreso.
El fiscal ha dicho que ya hay prueba suficiente para que Milani explique por qué firmó, cuando era subteniente, un acta falsa que decía que el conscripto Ledo había desertado mientras cumplía funciones como asistente suyo en la lucha antiguerrillera en Tucumán. El Gobierno, a través de Gils Carbó, venía protegiendo al jefe del Ejército. Pero la guerra declarada entre Cristina y el Poder Judicial habría empezado a pulverizar algunos diques.
La Presidenta ha sabido pagar el costo que significó el apuntalamiento a Milani. Pero podría abrirse ahora una nueva ventanilla: los cambios en la cúpula de la Secretaría de Inteligencia, adonde llegaron Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, y la purga de viejos agentes (Jaime Stiuso) hacían presumir que el campo de acción del jefe del Ejército podría expandirse. Será mucho más difícil que ello ocurra si el pedido de Brito tiene curso.
La situación se agravaría en cuanto Daniel Rafecas resolviera progresar, a la vez, con la causa sobre supuesto enriquecimiento ilícito del general. El juez está entre la espada y la pared: la extorsión del Gobierno, que lo puso en los umbrales de un juicio político por haber comprometido a Amado Boudou, y la copiosa información que le suelen arrimar la legisladora porteña Graciela Ocaña y el diputado Manuel Garrido.
Rafecas con Milani y Casanello con Báez enfrentan un dilema parecido. Son jueces jóvenes, de las camadas K, que vacilan entre conservar sus lugares actuales o acomodarse, como la mayor parte de la corporación judicial, al nacimiento de un nuevo tiempo político. Antes, a lo mejor, podían sobrevivir con el zigzagueo de sus fallos y sus investigaciones. Desde que el conflicto del Gobierno con el Poder Judicial viró en una guerra declarada, ya no existiría resquicio para neutrales o tibios.
La cronología indica que en los últimos 10 días se divulgaron una docena de decisiones judiciales que afectan directa o indirectamente a funcionarios o ex funcionarios K.
La consecuencia inmediata de esas acciones judiciales sería la visibilidad de la corrupción, por años oculta y ninguneada.
