Esto vale para la presente etapa de la administración de Cristina Fernández de Kirchner y ha quedado de manifiesto con la designación de Oscar Parrilli al frente de la Secretaría de Inteligencia (SI) y con la llegada de Aníbal Fernández a la Secretaría General de la Presidencia.

Tampoco puede pasarse por alto el nombramiento como número dos de la SI de Juan Martín Mena, quien se desempeñaba como jefe de gabinete del ministro de Justicia, Julio Alak, y en los hechos era un operador en los tribunales.

En la concepción kirchnerista, los organismos de inteligencia deben funcionar de acuerdo con una peculiar lógica basada en el garrote para perseguir a los indóciles y en la caja para premiar a los complacientes con el Gobierno.

En otras palabras, ante todo, deben estar al servicio de las necesidades coyunturales de los funcionarios, cuya principal inquietud de cara a los próximos años es evitarse problemas en las causas judiciales abiertas y por abrirse a raíz de presuntos casos de corrupción.

El mayor enojo de Cristina Kirchner con Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher, quienes conducían la Secretaría de Inteligencia hasta principios de esta semana, obedecería a su supuesta incapacidad para sofocar la rebelión de varios jueces federales que hoy tienen en vilo al kirchnerismo con sus investigaciones. Como si ésa fuese una tarea del principal organismo de inteligencia del Estado.

Es necesario aclarar que la utilización de la ex Side como instrumento de control político y judicial, como herramienta de presión y de espionaje interno contra legisladores, dirigentes opositores, empresarios y periodistas no nació con el kirchnerismo. Distintos gobiernos la emplearon con inconfesables fines, valiéndose siempre de un abultado presupuesto sobre el cual prácticamente no se rinden cuentas, y que terminó creando una poderosa burocracia con juego propio dentro del organismo.

El mismo matrimonio Kirchner denunció, en 2002, haber sido víctima de una campaña de persecución y desprestigio por parte de la Side, en tiempos en que Eduardo Duhalde gobernaba el país y Carlos Soria dirigía esa repartición. Fue también Cristina Kirchner una de las impulsoras de un proyecto de resolución que instaba al funcionamiento inmediato de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, creada en 2001. Pero lo cierto es que esta comisión permanente, que integran siete senadores y siete diputados, ha estado virtualmente paralizada en los últimos años.

Al descarnado internismo que se adueñó de la Secretaría de Inteligencia se ha sumado el exorbitante incremento presupuestario que experimentó la Dirección General de Inteligencia del Ejército (DIE), de la mano de la influencia del general César Milani. Este organismo, pese a tener prohibida la realización de tareas de espionaje interior, de acuerdo con la ley nacional de inteligencia, vio crecer su presupuesto desde 2010 hasta hoy en un 156 por ciento. En un período similar, la tradicional SI de la calle 25 de Mayo recibió un aumento de apenas 34 por ciento, hecho que desató crecientes celos y rivalidades.

Es difícil hallar en el propio oficialismo alguien dispuesto a creer que Parrilli pueda enderezar la situación y, mucho menos, conseguir que los jueces que investigan a funcionarios kirchneristas puedan desandar lo andado.