Supermartes en la Cámara baja. Como es habitual, en la última sesión del año
se abordan decenas de proyectos. Y en este caso, el cierre de las sesiones
extraordinarias puso a debate tres iniciativas que fueron objeto de duras
discusiones entre oficialismo y oposición en los últimos tiempos: la Ley de
Telecomunicaciones, el adelantamiento de la fecha en que comenzará a regir el
nuevo Código Civil y Comercial y la elección de los representantes en el
Parlasur.
El último de esos temas fue el primero que abordó el pleno del recinto en la
reunión que comenzó minutos después de las 12. La propuesta, impulsada por los
kirchneristas Jorge Landau y Andrés Larroque, establece que los 43 legisladores
que representarán a la Argentina en el Parlamento del Mercosur (Parlasur) se
voten en las próximas elecciones presidenciales.
El proyecto, que prevé que 19 de los diputados se escojan con un esquema de
distrito único y el resto lo hagan por las provincias, recibió media sanción
pasadas las 18. Contó con 140 votos a favor, 72 en contra mientras que hubo 18
abstenciones.
"Es la conclusión de una etapa iniciada en 2005 cuando Néstor Kirchner
suscribió el Protocolo Constitutivo del Mercosur. Desde su inicio, la
representación argentina la componen parlamentarios elegidos de modo indirecto",
a la vez que aclaró que los miembros de ese bloque regional "tendrán los mismos
derechos e inmunidades" que los diputados nacionales, dijo Landau.
Esa equiparación de fueros fue, precisamente, una de las principales
objeciones que presentaron los bloques opositores, que también se resisten a que
las elecciones sean simultáneas a las presidenciales.
"Nosotros tomamos con más seriedad este proyecto que el oficialismo, por eso
queremos que –tal cual está planteado en el propio Mercosur– se elijan los
parlamentarios el mismo día en todos los países, mientras que el Gobierno quiere
utilizar el tema para resolver sus necesidades electorales, y vamos a seguir
trabajando por fortalecer la institucionalidad de este espacio transnacional",
aclaró. "Hemos sido críticos con el Gobierno porque no supo resolver con
capacidad diferencias que existieron con Uruguay y Brasil", dijo el radical
Miguel Bazze.
Con matices, los bloques no kirchneristas plantearon sus diferencias con
dictámenes de minoría que no fueron tomados en cuenta.
La medida había despertado semanas atrás versiones acerca de una eventual
candidatura de la presidente Cristina Kirchner para el Parlasur. De hecho,
muchos oficialistas de peso expresaron su simpatía por la idea. Pero la propia
mandataria le cerró la puerta a la posibilidad cuando pidió, el sábado, que no
la "candidateen a nada".
Tras la aprobación, la iniciativa fue girada al Senado. Según el sitio
Parlamentario.com, hoy será tratada en comisión con la intención de que forme
parte del temario de la sesión del jueves.
Apoyado en su mayoría, el Frente para la Victoria avanzó luego con el
proyecto que prevé sanciones a los policías que dejen de prestar servicios, un
escudo legal para evitar las consecuencias de las protestas que ocurrieron hace
un año.
Al cabo de ese debate, el oficialismo dio sanción definitiva al proyecto de
los senadores oficialistas Miguel Pichetto y Aníbal Fernández para adelantar la
entrada en vigencia del nuevo Código Civil del 1º de enero del 2016 al 1º de
agosto de 2015. Los reparos de la oposición apenas sirvieron para que quedara
registro en los diarios de sesión: fue avalado con 130 votos a favor y 93 en
contra.
Pese a las críticas sobre la falta de tiempo de la sociedad para conocer los
alcances de la reforma, los senadores Pichetto y Fernández defendieron su
iniciativa con su "íntima convicción en torno a las bondades intrínsecas que
caracterizan el nuevo ordenamiento, que viene a dar respuesta a modificaciones
largamente esperadas por la sociedad". Y evaluaron que el plazo planteado
originalmente "contribuye a dilatar el acceso de la sociedad a los beneficios
que se derivan de la nueva legislación aprobada".
En la sesión, también se aprobó con 131 votos a favor y 97 votos en contra el
proyecto Argentina Digital, enviado por el Poder Ejecutivo, y que el oficialismo
buscaba transformar en ley a menos de una semana de haber obtenido la media
sanción del Senado.
La oposición cuestionaba principalmente el poder que este proyecto le otorga
al organismo de aplicación, la Autoridad Federal de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (AFTIC), y la posibilidad que da a las
telefónicas para brindar televisión por cable.
En este tema, al proyecto impulsado por el oficialismo se suman cuatro
dictámenes de minoría que pertenecen al radicalismo, el Frente Renovador, Unión
PRO y el GEN en conjunto con Libres del Sur. En el dictamen presentado por la
UCR se alertó de que el organismo de aplicación "puede decidir la vida y muerte
de cualquier empresa de telecomunicación", mientras que desde el massismo se
indicó que Argentina Digital en los términos propuestos generará "un marco de
creciente inseguridad jurídica, que desalentará inversiones de largo plazo en
nuevas redes y servicios".
Desde el macrismo se presentó un proyecto alternativo y desde el GEN se alertó de que "en materia de telecomunicaciones, necesitamos una normativa moderna y actualizada, pero ello requiere utilizar en su extensión los mecanismos constitucionales pertinentes".